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De 2015 a finales de 2018, 6 mil 111 efectivos de la Sedena y la Semar abandonaron sus filas, de acuerdo con datos oficiales de ambas secretarías. Bajos sueldos, exceso de trabajo derivado de la estrategia contra los grupos criminales y demasiada responsabilidad ante la sociedad son lo que los expertos identifican como los principales factores del problema.
Estas bajas podrían representar un riesgo en las operaciones de seguridad de las Fuerzas Armadas, puesto que aunque su capacidad no se ve mermada, el problema es que no hay un seguimiento de hacia dónde se van.
“Muchos de estos desertores se quedan sin oportunidades de empleo porque les queda una ficha roja a nivel federal: no pueden ser policías o personal de seguridad privada. Es muy probable que terminen trabajando para un grupo criminal, porque son los únicos que les ofrecen un trabajo con el dinero suficiente para mantener a sus familias”, asegura César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho militar.
Las cifras de la Semar muestran que de 2015 a mayo de 2018, mil 222 integrantes desertaron. Si los números se mantienen con la misma tendencia, se podría llegar a superar los mil 500 sujetos en el último año. De ellos, 90% eran marinos, cabos y tercer maestre; todos son parte del último escalafón de la Marina.
Esta secretaría cuenta con una estadística extra: el estado en el que residían en el momento de abandonar las filas: Ciudad de México, Colima, Veracruz y Tamaulipas cuentan con los registros más altos. Cinco de cada 10 desertores de la Semar se encontraban en estas entidades. “En términos estrictos, en tres de estos sitios se han concentrado índices de violencia muy fuertes, lo que implica una demanda alta de los activos de las Fuerzas Armadas y genera que los elementos que participan en operativos relacionados directamente con la delincuencia organizada se desvinculen de sus familias por semanas o meses, lo que también termina generando estas bajas”, explica Emilio Vizarretea Rosales, especialista en Fuerzas Armadas.
La Marina especifica que se considera deserción cuando alguno de sus elementos abandona sus labores por tres o más días consecutivos sin que exista impedimento que justifique su ausencia. “Cuando un elemento deserta del servicio activo en la institución obtiene la calidad de prófugo de la justicia militar y desde ese momento ya no se tiene conocimiento de su paradero y en consecuencia de las actividades a las que se dedica, haciendo hincapié que por lo tanto se desconocen los motivos de su deserción”, se especifica en un documento emitido por la dependencia.
En el caso de la Sedena, cada año, en promedio, más de mil elementos abandonan sus filas. Cifra que no ha logrado bajar desde 2015 y que de acuerdo con su último reporte, de octubre de 2018, podría superar las estadísticas de los últimos tres años. Siete de cada 10 de estas bajas eran soldados. Pero las deserciones de los cabos son las que reportan un mayor incremento desde 2015, al pasar de 134 en ese año a 279 a finales de 2018.
“En este último sexenio fue excesivo el trabajo y no se vio compensado con ningún beneficio, al contrario, les empezaron a quitar apoyos para su familias. También comenzaron a salir denuncias frente a la CNDH o ante las dependencias estatales, y la Secretaría de la Defensa en vez de protegerlos o asesorarlos, iniciaba carpetas de investigación y los procesaba. Toda esta situación empezó a causar mella. Poco el dinero, mucho el trabajo y demasiada responsabilidad”, destaca Gutiérrez Priego.
Estas últimas posiciones dentro de las Fuerzas Militares perciben sueldos netos que apenas rebasan los 14 mil pesos mensuales. Un cabo, por ejemplo, gana 11 mil 417 pesos al mes. Lo mismo ocurre en la Semar, los marinos tiene un salario de apenas 13 mil 371 pesos. “El gran tema por el que desertan tiene mucho que ver con el dinero, pues les ofrecen más del otro lado. Por eso se está planteando la idea de que no es un empleo, sino un proyecto de vida. Pero eso está chocando por ejemplo con la capacitación que se le dará a los 50 mil nuevos reclutas, porque analizarán si en tres o cinco años se disuelven o se pasa a la Secretaría de Seguridad Pública y el riesgo de esto es enorme”, asegura Rosales.
Un riesgo latente
Hasta 2017, la Secretaría de la Defensa, que engloba al Ejército y a la Fuerza Aérea, estaba integrada por 215 mil 276 elementos; mientras que la Marina tenía 65 mil 605 efectivos. Las deserciones de los últimos cuatro años representan apenas 2% de toda su tropa, por lo que en término reales no merma en la estructura, pero sí en la seguridad.
En el documento Estado global del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que por diferentes motivos causó baja de 1985 al 30 de noviembre de 2017, se especifica que la deserción es la principal causa por la que las Fuerzas Armadas pierde elementos, más alto incluso que las solicitudes de retiro por vejez.
El hecho de que elementos castrenses prefieran desertar y que sea una práctica que no ha logrado disminuir en lo absoluto durante el último sexenio puede llegar a ser grave porque “es personal que recibió capacitación técnica especializada en el manejo de recursos y armamento. Al igual que una operatividad logística de movilización y conocimiento. Todo ese conocimiento podría jugar del lado contrario”, asegura Priego.
El ejemplo más claro fue el surgimiento de la organización criminal Los Zetas, la cual se integró por un grupo especializado del Ejército denominado GAFE y que “tras percibir que con el crimen organizado había mayores ingresos, les resultó conveniente desertar y construir esa organización criminal”, dice Vizarretea Rosales.
Además de que estas pérdidas representan una inversión de años de parte de ambas secretarías, ya sea en actualización o perfeccionamiento de la propia doctrina militar, todo dependiendo del nivel y la jerarquía que ocupen.
Morir en combate
La estrategia de seguridad establecida durante los últimos dos sexenios no solo ha hecho que “el personal de las Fuerzas Armadas se sienta poco valorado y muy exigido”, también ha traído mayores riesgos para su integridad y seguridad física, asegura Priego.
El 2017 fue uno de los años más mortales para los miembros de la Sedena: 252 muertes, 100 casos más de los que se registraron en 2016. Y hasta octubre de 2018 esta cifra ya contabilizaba a 185 fallecidos, por lo cual se contempla que la estadística de ese año supere lo que se tenía en los tres anteriores.
En el caso de la Semar, el reporte de defunciones pasó de cuatro en 2015 a 39 casos en 2017. Los especialistas aseguran que esto se debe también a que los niveles de violencia se incrementaron principalmente en donde tienen a más elementos castrenses. Además, el tráfico de armas, procedente fundamentalmente de Estados Unidos, le ha dado un nivel de fuego y letalidad mucho más alto a la delincuencia organizada.
La llamada “guerra contra el crimen organizado” que comenzó en 2006, con el gobierno de Felipe Calderón, dejó en una posición delicada a los miembros de las Fuerzas Armadas. Las exigencias se han hecho cada vez más grandes y el verse involucrados en problemas de carácter legal por seguir alguna orden durante un operativo ha hecho que entren en “un problema moral en el que ellos mismos dicen: ‘Son demasiadas broncas, mejor deserto’”, explica Prieto.
Lograr que disminuyan las bajas implica que el gobierno federal entienda “que el soldado es un ser humano y que si tiene a su familia en buenas condiciones, jamás va a desertar. Si comprenden que todos los elementos son importantes para la institución, quizás las deserciones podrían disminuir en más de 50%”, asegura Gutiérrez Prieto.
