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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 4/2019 a la Secretaría de Marina, debido a que un grupo armado de esa dependencia cometió una agresión a una familia, que provocó la pérdida de vida de dos niñas y su madre luego de dispararles desde un helicóptero.
El suceso, en el que también salieron heridas otras tres personas, ocurrió en Tamaulipas el 25 de marzo del 2018 en medio de un supuesto enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada y personal de la Semar.
Sin embargo, al investigar el caso, la CNDH “acreditó violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad personal y a la seguridad jurídica en agravio de quienes viajaban en dicho automóvil. Los disparos realizados se dirigieron hacia vehículos y personas que no representaban riesgo o peligro para el personal naval que empleó una ametralladora que tiene la capacidad de disparar tres mil proyectiles por minuto”.
Según las indagatorias de la dependencia protectora de derechos humanos, un equipo de la Semar sobrevolaba Nuevo Laredo con el objetivo de disuadir a presuntos integrantes del crimen organizado que habrían atacado a sus compañeros en tierra, pero cuando llegaron al lugar sólo encontraron el auto de la familia y abrieron fuego contra el vehículo.
A pesar de que los elementos de la Marina dijeron a la CNDH que los disparos se produjeron para repeler un ataque, durante la investigación se descubrió que la aeronave no contaba con marcas de disparos, por lo que esa hipótesis quedó descartada.
Para investigar el caso la CNDH realizó entrevistas a víctimas, testigos y servidores públicos, se realizaron valoraciones médicas y psicológicas, así como trabajos de campo para la recopilación de documentos e información criminalística.
Asimismo, por este caso la CNDH dirigió la recomendación al titular de la Semar, almirante José Rafael Ojeda Durán, para que repare integralmente el daño a las víctimas sobrevivientes, se les rehabilite y se les incluya en el Registro Nacional de Víctimas, así como colaborar en los procedimientos administrativos y denuncia que se inicien respectivamente ante el Órgano Interno de Control de la SEMAR y la Fiscalía General de la República.
