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Los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán Loera exigieron que se posponga “al menos cinco meses” la fecha de inicio del juicio contra el capo sinaloense, justificando que el gobierno los ha inundado con pruebas y evidencias presentadas en último momento que les impiden preparar de forma adecuada y justa la defensa.
“El señor Guzmán solicita respetuosamente una prolongación de al menos cinco meses su juicio”, escribió el abogado de El Chapo, Eduardo Balarezo, en documentos judiciales presentados a última hora del miércoles y revisados por este diario.
Al día de hoy, la fecha del juicio está prevista para el 5 de septiembre, dentro de menos de dos meses.
La fiscalía, si bien objetó la propuesta del abogado, no se cerró a una postergación de 30 días, lo que augura que casi con toda probabilidad el juicio por 17 delitos que enfrenta El Chapo en Estados Unidos no empezará, como mínimo, hasta principios de octubre.
Queja recurrente. El tema de la producción de evidencias y pruebas —así como el calendario de su entrega— ha sido una queja constante de la defensa del capo, totalmente abrumada y sobrepasada por la cantidad de documentos que la fiscalía podría usar en el juicio contra el líder del Cártel de Sinaloa.
El abogado de El Chapo Guzmán Loera asegura “el gobierno [de Estados Unidos] claramente no entiende la simple razón por la que su última producción de 82 gigabytes de datos (más de 117 mil grabaciones individuales) crean un obstáculo infranqueable para la defensa para estar preparado para el juicio del 5 de septiembre de 2018”.
Los cálculos de Balarezo estiman que cada gigabyte contiene una hora de audio, por lo que el total de la última entrega por parte de la fiscalía contabilizaría mil 312 horas de grabaciones y comunicaciones interceptadas por las autoridades.
“Incluso revisando el material restante durante ocho horas al día nos tomaría 164 días, o aproximadamente cinco meses y medio”, se quejó el abogado de el capo.
A ese volumen hay que añadirle las 321 mil páginas de documentos entregadas y otras pruebas en diversos formatos. Balarezo, desde hace semanas muestra su escepticismo e incredulidad ante las entregas de documentos de última hora, en una acusación que se remonta a 2009 y un proceso judicial que empezó en enero de 2017, cuando El Chapo Guzmán fue extraditado.
“Es obviamente inexplicable por qué el gobierno tardó tanto tiempo en obtener evidencias contra él”, se quejó Balarezo. El gobierno, en su última comunicación judicial, escudó su retraso en la producción de material en la lentitud de gobiernos extranjeros en la entrega de los documentos solicitados.
Concretamente cita el caso del gobierno de Colombia, al que se le exigieron grabaciones de comunicaciones interceptadas durante muchos meses. Sorprendentemente, tras más de un año de disputa, la fiscalía admitió que no va a usar esas “llamadas colombianas” como prueba.
La fiscalía de EU niega por tanto que haya ralentizado o incumplido los plazos de entrega de pruebas. “El gobierno (...) ha cumplido con sus obligaciones de evidencias y ha producido todos los materiales de manera oportuna”, asegura.
“Forzar al señor Guzmán Loera a ir a juicio sin la responsable oportunidad de revisar las evidencias y tomar una decisión informada sobre cómo defenderse, viola los derechos del debido proceso del señor Joaquín Guzmán y le niega un juicio justo”, afirmó Balarezo.
Este no es el único caballo de batalla que queda abierto entre las partes: el juez de la causa, Brian Cogan, todavía tiene que decidir si acepta el traslado del caso de Brooklyn a Manhattan.
Además, tiene que tomar posición sobre la petición de Balarezo sobre la supresión de pruebas provenientes, entre otros, del programa FlexiSpy, un software espía que se habría instalado en teléfonos celulares y que se anuncia al público como la mejor forma de monitorear a los esposos infieles.
