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Por falta de pruebas para proceder en contra de servidores públicos que estuvieron involucrados en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, la Procuraduría General de la República (PGR) han visto caer las causas para actuar penalmente en contra de seis de los 42 investigados.
Aquel 11 de julio de hace tres años, a las 20:52:03 horas, la imagen de Guzmán Loera, el líder del Cártel de Sinaloa, desapareció de los monitores que vigilaban su celda, la número 20 del pasillo 2 en Tratamientos Especiales del penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Los 25 minutos que demoró en cruzar el túnel subterráneo por el que escapó de la prisión ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México, llevaron a prisión a 20 altos funcionarios y personal del penal, de la Policía Federal (PF) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por deficiencias en la vigilancia y seguridad del centro de reclusión.
Además de las acusaciones contra servidores públicos, la Procuraduría General de la República (PGR) imputó a diversos civiles por la planeación y el patrocinio para la adquisición de un predio, la construcción del túnel y el traslado que hicieron posible la segunda fuga del líder del Cártel de Sinaloa. Entre ellos se encuentra un cuñado del narcotraficante, Édgar Coronel Aispuro.
Las causas penales contra los funcionarios fueron registradas con los números 48 y 55/2015, en tanto que la de los civiles se encuentra registrada con los números 58 y 48/2015.
En total consignó a 42 personas y 30 de ellas fueron sujetas a proceso penal. Se trata, entre otros, de los casos de Valentín Cárdenas Lerma, ex director del Centro Federal de Readaptación Social número 1 El Altiplano, quien permanece recluido porque la PGR impugnó el amparo que le concedió el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito.
Ello, a pesar de que la resolución de amparo ordena al Ministerio Público a seguir investigando para que, de reunir las pruebas suficientes, vuelva a consignar y solicite una nueva orden de aprehensión.
El expediente señala que El Chapo entró al túnel que daba a su celda a las 20:52 horas del 11 de julio de 2015 y salió de él a las 21:17 horas, es decir, 25 minutos después.
Cárdenas estaba en la Ciudad de México y arribó al penal a las 22:30, hora a la que se activaron los protocolos de seguridad, razón por la que la PGR consideró que el ex director favoreció la evasión de Guzmán Loera de modo consciente y doloso.
También se encuentran libres por la falta de pruebas en su contra dos agentes de la Policía Federal; dos monitoristas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como una funcionaria del área jurídica del penal de El Altiplano.
De ellos, uno de los policías federales pudo ser reincorporado tras su liberación al servicio activo en noviembre de 2017, luego de cumplir con los requisitos de reingreso que incluyen los exámenes de control de confianza que establece esa corporación en el país.
A pesar del auto de libertad a favor de la funcionaria del área jurídica del penal, la Secretaría de la Función Pública le impuso una sanción administrativa por no haber declarado la alerta máxima luego de la evasión de Guzmán Loera.
Inhabilitación de funcionarios. De todos los detenidos, la única ex funcionaria de alto nivel que permanece recluida es Celina Oseguera Parra, ex coordinadora de Centros Federales del Órgano de Prevención y Readaptación Social.
Seis de los ex funcionarios, incluida Oseguera Parra, fueron inhabilitados por 10 años por la SFP para desempeñarse en algún cargo público y se ordenó su destitución definitiva.
Oseguera Parra fue detenida en septiembre de 2015, y de inicio se le internó en el Cefereso Femenil de Tepic, Nayarit, pero en agosto de 2017 fue trasladada al penal de Tepepan para ser canalizada a un hospital de la Ciudad de México. Fue intervenida el 4 de septiembre de 2017 en la columna y la cadera izquierda, razón por la que en octubre siguiente promovió un amparo para frenar su posible traslado de centro de reclusión.
Desde el año 2015 fue sentenciada por la evasión de Guzmán Loera, por las omisiones en que incurrió para favorecer la fuga.
En las declaraciones contenidas en el expediente, Valentín Cárdenas, ex director de El Altiplano, afirmó que Celina Oseguera tuvo conocimiento de que el penal carecía de personal y tecnología de vigilancia previo a la fuga de El Chapo, razón por la que la evasión no pudo ser evitada.
En 2001, cuando el narcotraficante se fugó del penal federal de Puente Grande, Jalisco, Oseguera Parra era la directora de ese centro, y posteriormente el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, la puso al frente de los reclusorios de la Ciudad de México.
Las operaciones del capo. Joaquín Guzmán Loera no sólo se caracterizó por ordenar la construcción de narcotúneles para transportar droga y cruzarla en la frontera de México con Estados Unidos.
Entre las operaciones que realizó para pasar la droga y evadir los filtros de las autoridades, el gobierno estadounidense afirmó que mediante un prestanombres consiguió un permiso en México de compra, venta e importación de abarrotes, cereales y semillas para exportación.
De ello derivó el aseguramiento de un camión, ocurrido en la década de los 90, con 7.3 toneladas de cocaína que serían entregadas a un almacén en Tijuana, Baja California, que posteriormente fue cateado.
Un ex trabajador de Guzmán Loera afirmó que en 1991 coordinó el transporte de la cocaína al almacén donde se colocaba la droga en latas de chiles jalapeños y que el cargamento de 7.3 toneladas tendría ese destino.
Con esta pista, el gobierno estadounidense interceptó una llamada telefónica de Guzmán Loera, el 5 de septiembre de 1994, en la que ordenó la construcción de un túnel secreto que cruzara la frontera de Estados Unidos y México entre San Luis Colorado y Mexicali.
De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, ese túnel serviría para reemplazar el que fue descubierto en junio de 1993 en esa misma zona.
Mediante otra llamada telefónica, interceptada el 22 de septiembre de 1994, se descubrió que Guzmán Loera planeaba entregar 390 kilos de cocaína oculta en una caldera que sería transportada desde Los Ángeles, California, a Chicago, Illinois.
“Confirmó que él realizaría un ‘pequeño envío’ (lo que significaba 390 kilogramos de cocaína), en la ‘misma máquina’ [una caldera hueca]”, indica la descripción de la llamada telefónica que forma parte de las pruebas del estado de California contra el líder del Cártel de Sinaloa.
Los testimonios contra El Chapo Guzmán Loera señalan que ordenó la adquisición de diversas propiedades para facilitar el tráfico de drogas, entre ellas un almacén ubicado en Otay, Mesa, California, que estaría equipado con su propio narcotúnel con salida a México.
