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Existe evidencia de que algunos de los grupos porriles que se encuentran en los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tienen vínculos con organizaciones de venta de drogas, aseguró Imanol Ordorika Sacristán, director general de Evaluación Institucional de esa casa de estudios.
Ordorika Sacristán señaló en entrevista con EL UNIVERSAL que pese a que hace algunos años se vinculaba a los grupos de porros con políticos del PRI, “hoy podríamos decir con ironía que parecen ser multipartidiarios, están en renta, no en venta. Se alquilan al mejor postor y participan en campañas políticas y en eventos, y contrarrestan movimientos o críticas que se desarrollan en distintos ámbitos en contra de autoridades delegacionales. Operan dentro y fuera de los planteles universitarios”.
El ex líder del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) e integrante del Instituto de Investigaciones Económicas, señaló además que los grupos de porros, de los cuales no hay un número exacto, controlan territorios para estos fines.
“Parece que hay evidencia, es un tema que le compete a las policías, pero parece que se ha podido identificar a integrantes del los grupos porriles desarrollando actividades de narcotráfico dentro de planteles universitarios y de otras instituciones de educación superior.
“Son grupos criminales que tienen control de territorios, es muy probable que estas evidencias reflejen, efectivamente, un contacto entre éstos y que parte de su fortaleza sea un financiamiento adicional al que han recibido de partidos políticos, funcionarios delegacionales, gobiernos del Estado de México, ahora completamente, hay un incremento de manera significativa de recursos provenientes del tráfico de drogas en todos los planteles”.
Ordorika Sacristán calificó como “inconveniente” la propuesta de que en las escuelas de la UNAM haya personal de vigilancia armado, puesto que hay experiencias que demuestran que es posible tener espacios sin personal armado, pero con la preparación adecuada.
Criticó el papel que desempeña el personal de vigilancia, tanto de confianza como el sindicalizado.
Apoyó los esfuerzos que las autoridades universitarias han implementado tras los ataques de estos grupos porriles, como la expulsión de sus aulas de 17 de sus integrantes, así como el levantamiento de denuncias penales, pero advirtió que es necesario que haya “investigaciones creíbles y transparente”.
