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Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha posicionado su propuesta de Ley de Amnistía como uno de los proyectos clave para su administración, su diseño estaría dejando fuera a 96% de la población penitenciaria del país.
Especialistas explicaron que esto sucederá porque la legislación tendrá un carácter federal y sólo podrá beneficiar a las personas señaladas por participar en delitos contra la salud —según el Inegi, son alrededor de 7 mil 790 individuos los que tienen esta condición—, y no así en los casos de aborto, robo simple y sedición, que están bajo el control de las justicia local de las 32 entidades de la República.
María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de la organización México Evalúa, dijo que el proyecto del Titular del Ejecutivo sufre de una contradicción, pues en su redacción incluye delitos del fuero común, pero en realidad no podrá atenderlos, porque se trata de una ley federal.
“Lo primero que vemos es que es una ley federal y establece delitos que son más bien del fuero común; es ahí donde vemos que la aplicación real que va a tener esta legislación es una operatividad muy acotada”, señaló María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de la organización México Evalúa.
En su columna del 18 de septiembre publicada en EL UNIVERSAL, el experto en seguridad Alejandro Hope también se refirió a este tema, al señalar que “la ley propuesta sólo beneficiaría a personas procesadas en el fuero federal (...) Además, algunos de los delitos mencionados en la iniciativa rara vez se persiguen en el ámbito federal. Por ejemplo, no hay mujeres compurgando una pena federal por el delito de aborto”.
De esta manera, la amnistía estaría dejando fuera a otras 191 mil personas que están reclusas por delitos del fuero común y federal, según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Aunque en su redacción la ley señala que se beneficiaría a personas acusadas de delitos del fuero común, no podría hacerlo porque no es competencia federal.
Al considerar que la amnistía tendrá influencia en los delitos contra la salud, María Novoa indicó que las mujeres y los indígenas acusados de participar en el transporte y posesión de droga serían los más beneficiados. “Hay muchas mujeres que son detenidas y están sentenciadas por haber transportado droga. Son mujeres utilizadas, e igualmente hay muchos indígenas”, aseveró.
En este punto ya había insistido anteriormente la asociación Equis Justicia para las Mujeres, que a través de su campaña Liberarlas es Justicia informó que son 3 mil 18 mujeres las que han sido detenidas desde 2016 por delitos relacionados con el narcotráfico.
La iniciativa del Titular del Ejecutivo federal, enviada a la Cámara de Diputados el 13 de septiembre, ha dividido opiniones entre los expertos en el sistema penitenciario y Derecho Penal, aunque todos coinciden en que la redacción del documento debe modificarse para ser más precisa.
María Novoa expresó que un aspecto rescatable del proyecto es “la intención que hay detrás de la Ley de Amnistía, porque va en forma contraria a la tendencia de hacer políticas punitivas en las que se busca llevar a más personas a prisión o ampliar las penas”.
En sentido contrario opinó Martín Barrón Cruz, profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), al asegurar que la amnistía planteada tiene un carácter populista y no ayudará a disminuir la delincuencia: “Es hacer una ley para decir que va a haber beneficiarios y que van a salir personas, pero la pregunta es: ¿habrá un proceso de reinserción? Lo más probable es que quienes sí cometieron un delito y se beneficien, reincidan”.
Por su parte, el penalista Rodolfo Islas Valdés opinó que se debería aplicar un indulto en lugar de una amnistía, pues este primer procedimiento permite revisar casos individuales y conocer cómo se llevó a cabo un delito, mientras que el segundo podría aplicarse de manera generalizada.
“Lo que la ciudadanía debe tener presente es que la aplicación de esta ley va a causar un perjuicio en el sentido de que habrá muchas personas que quieran utilizar el mecanismo para salir. Por eso yo diría que si el Ejecutivo busca beneficiar, dar una segunda oportunidad, debería hacerlo a través de un indulto, realizar un análisis de fondo”, expresó.
En vilo, quienes se dicen inocentes
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habría una Ley de Amnistía para atender a los “sectores vulnerables” en prisión, quienes se dicen inocentes y purgan una condena vieron una nueva oportunidad de recuperar su libertad.
Lucía, a quien se le acusó de un homicidio, está recluida en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, mejor conocido como Barrientos. Aunque su delito no está contemplado en la Ley de Amnistía, confía en que su caso pueda ser tomado en cuenta, porque se dice inocente.
“Mi esposo fue quien cometió el asesinato y yo estuve presente. Cuando las autoridades llegaron al lugar, me pidieron ir a declarar, pero cuando llegué al Ministerio Público me retuvieron y no me dejaron salir. Dos días después me metieron a Barrientos”, señala.
Aunque relata que ha interpuesto diversos amparos para conseguir su libertad, también le ha encargado a uno de sus hermanos que busque al Presidente para que la ayude: “Cuando López Obrador estaba en campaña, abrió un buzón y mi hermano fue a dejar una carta para pedirle que tomara cartas en el asunto, pero ya no supimos qué había pasado”.
