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A un año de que arrancó el proyecto de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García no se han dado a conocer los planes y programas de estudio de las 19 carreras que ofrecen ni se han especificado oficialmente los domicilios de los planteles; además, el organismo que las coordina no está incorporado a la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que no se sabe cómo operará los más de 3 mil millones de pesos que se le han asignado para 2019 y 2020.
El titular de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Francisco Luciano Concheiro, reconoció que ha habido un retraso en la fundación e institucionalización de estos centros, los cuales operan en terrenos prestados, en “ejidos y comunidades”, mientras se construyen los edificios donde habrán de instalarse.
En 2019 las universidades tuvieron un presupuesto de mil millones de pesos para operar, mientras que para 2020 recibirán más de 2 mil 123 millones 996 mil pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año. Esto representa un aumento presupuestal de 112%.
Consultado sobre el tema, Concheiro Bórquez dijo que a las universidades se les recortó el recurso para 2020; sin embargo, tanto el sistema como el organismo que las coordina recibirán 2 mil 123 millones 996 mil 64 pesos.
Este monto se obtiene de la revisión del presupuesto 2020, aprobado por la Cámara Baja, y de lo que se destina en diferentes rubros para estas universidades.
Para el de desarrollo de los pueblos indígenas son 296.22 millones de pesos; en ciencia, tecnología e innovación, 98.74 millones; en el rubro de grupos vulnerables, 246.85 millones de pesos; en el de mitigación del cambio climático, 1.05 millones; en el rubro de desarrollo de los jóvenes, 987.41 millones, y en el de prevención del delito y combate a las adicciones, 493.7 millones de pesos.
A pesar de esta alza y de que el organismo que las dirige es un ente desectorizado y coordinado por la SEP, las universidades no se han integrado a la Plataforma Nacional de Transparencia para saber en qué y de qué forma se ha usado el recurso; además tampoco hay reglas de operación para conocer su funcionamiento.
De acuerdo con la información del sistema, se ofrecen 36 carreras en 100 planteles en las áreas de desarrollo sustentable, energía, procesos agroalimentarios, patrimonio histórico, cultural y natural, artístico e industria de viajes, así como estudios sociales y de salud. Al hacer la verificación una por una, se contabilizaron 19 carreras.
Debido a que trabajan en terrenos prestados y que no se han construido los planteles, a la fecha no se han dado a conocer de manera oficial los domicilios ni las ubicaciones de las universidades. La comunicación con los estudiantes de este sistema se maneja a través de páginas de Facebook y correos sin dirección institucional.
Las mallas curriculares —es decir, los programas de estudios de las carreras— tampoco son públicas.
Concheiro Bórquez aseguró que la descripción de las licenciaturas está en la página de internet de la subsecretaría a su cargo; no obstante, al buscarlas, no se localizaron. En la página de las universidades Benito Juárez García sólo se especifica el nombre de los programas académicos, y tampoco es público el método para seleccionar a los maestros que darán clases.
El subsecretario afirmó que los planes son públicos y se encuentran en internet, pero no se localizaron, y mientras el órgano coordinador no informe, la obligación será de esa institución.
También afirmó que los maestros contratados “son de excelente nivel”.
“Están los nombres y las síntesis de los planes de estudios de cada una [de las carreras]. En la última sesión nos empezaron a decir que había cambios, pero les dije que tiene que coincidir lo que existe en la realidad con lo que está ahí [en internet].
“Aprovechamos la última junta para recibir 17 nuevas estructuraciones de las mallas curriculares”, explicó.
En medio de esta situación, las universidades dieron a conocer la convocatoria para el primer ciclo escolar 2020. Las clases iniciarán el 10 de febrero y 31 de agosto próximos.
“Los estudios que se realizan en nuestras escuelas cuentan con registro profesional en la SEP. Somos un organismo descentralizado de esa dependencia, con autonomía de gestión y patrimonio propios. Para nosotros, la educación es un derecho y debe ser gratuita.
“Consideramos nuestro deber de atender deficiencias o rezagos académicos con base en una atención constante de nuestros docentes, planes de estudios conformados a partir de la búsqueda de solución de problemas actuales reales y en un contexto de formación respetuoso, solidario y de compromiso con las necesidades de los que sufren mayores carencias”, señala la convocatoria.
En una primera fase, este año se instalaron las 100 universidades en todo el país a partir de la estructura del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (Crefal), desarticulado por el gobierno federal.
A través de un decreto presidencial publicado el 30 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno creó formalmente el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, al que se le encomendó determinar planes de estudios.
Estos centros impartirán educación superior en las regiones más pobres y con mayor rezago social del país para ofrecer estudios profesionales “que les permitan atender los requerimientos que plantea el desarrollo económico, social y cultural”.
Además se proponen como una de las opciones para solucionar el rezago en educación superior y “ampliar significativamente las posibilidades de acceso” a este sector educativo.
El decreto para la creación del organismo coordinador precisa que éste será un ente descentralizado coordinado por la Secretaría de Educación Pública, que tendrá personalidad jurídica y su propio patrimonio, así como autonomía técnica y de gestión.
Este proyecto forma parte de los esquemas que ha planteado el gobierno federal para lograr abatir, hacia el final del actual sexenio, la exclusión de la educación superior de jóvenes en edad de estudiarla y a quienes, pese a tener certificado de bachillerato, “han sido excluidos de oportunidades de estudio”.
Los planteles se ubicarían en municipios en los que no hay oferta académica o sitios que están alejados de los principales centros urbanos y en condiciones de marginación o exclusión.
Las metodologías, técnicas y experiencias que se desarrollen en estas universidades deben promover que los estudiantes y maestros respondan a los problemas de sus comunidades para “mejorar sus condiciones de vida”.
