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La política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá un impacto en las organizaciones sociales cercano a los 6 mil 200 millones de pesos, recursos que ya no recibirán este año.
En febrero pasado, el mandatario anunció que no daría más dinero a las ONG, pues consideró que eran “intermediarias” y que no ejercían de manera eficiente los recursos públicos.
En 2018, según un informe de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil —conformada por un representante de las secretarías de Bienestar, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, y Relaciones Exteriores—, el gobierno federal destinó 6 mil 200 millones de pesos a las ONG.
El Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a favor de Organizaciones de la Sociedad Civil correspondiente a 2018 detalla que 2 mil 656 asociaciones recibieron, el año pasado, financiamiento por parte de 18 dependencias a través de convenios y acciones de fomento económico.
Sin embargo, según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil en el país, hay 22 mil 508 asociaciones que cumplen con los requisitos para acceder al dinero del erario.
La Ciudad de México es la entidad donde las ONG tienen más presencia: hay 4 mil 780; en el Estado de México, 2 mil 18; en Oaxaca, mil 663; en Veracruz, mil 387, y en Chiapas, mil 55.Ante esta situación, organizaciones consultadas por EL UNIVERSAL señalaron que para enfrentar la falta de financiamiento han emprendido varias actividades, como vender condones, organizar conciertos, impartir talleres y diplomados, hacer alianzas con empresas, conseguir donaciones, planear fondeos a través de internet y firmar convenios.
“La sociedad civil ha tenido que reestructurar todos sus planes económicos a largo plazo. Se corre el riesgo de que algunas ONG dejen de operar debido a que el apoyo otorgado por el Estado era sumamente vital para la continuidad de sus trabajos”, explicó Alaín Pinzón, miembro del Consejo Ciudadano para VIH e ITS.
Por su parte, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, detalló lo que han realizado para sobrevivir sin dinero del gobierno estos primeros meses:
“Organizamos un concierto para recaudar fondos, realizamos trabajo voluntario, recibimos donaciones e hicimos alianzas con proveedores, pero lo más importante es que entre todas [las ONG] nos apoyamos. La Red Nacional acude si algún refugio tiene problemas económicos y se le apoya con gastos, como el pago de luz, agua o teléfono”.
Aunque Wendy Figueroa espera que en las próximas semanas la Secretaría de Salud libere los recursos para los refugios de mujeres víctimas de violencia extrema, aseguró que siempre reciben el dinero casi a la mitad del año.
Otras organizaciones en la misma situación se dedican a atender niños y adolescentes. Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), aseveró que muchas asociaciones ayudan a menores de edad en situación de calle, en conflicto con la ley, adictos, indígenas, trabajadores, con problemas de salud, entre otros.
“Las organizaciones apoyan a las comunidades más vulnerables que no atiende el gobierno. Es preocupante que les hayan quitado los recursos. [La decisión] generó incertidumbre, porque no se sabe qué va a pasar con las personas que eran beneficiadas por las ONG”, indicó.
Laura García Coudurier, directora ejecutiva del Fondo Semillas —asociación que ayuda a financiar a quienes se quedaron sin recursos del gobierno—, compartió que actualmente varias organizaciones están en crisis:
“Las que trabajan con dinero público la están pasando muy mal. Las más afectadas han sido las pequeñas, por ejemplo, las cooperativas de artesanas indígenas, los refugios de mujeres violentadas, la organización comunitaria que aborda temas de salud sexual y reproductiva”.
La experta criticó que antes de cancelar el financiamiento público, existían disparidades en la repartición de recursos: “La mayoría de las ONG recibía menos de un millón de pesos al año, pero hay otras con nexos políticos a las que se les entregaba hasta el triple de esa cantidad. Con el recorte al financiamiento, el presidente está afectando, como diría él, a las organizaciones del ‘pueblo bueno’”.
Les pagan más por actividades educativas. La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil establece que las asociaciones pueden apoyar a la alimentación popular y al desarrollo de los pueblos indígenas, promover la equidad de género y el deporte, defender derechos humanos, ofrecer servicios para la atención a la salud y asistencia jurídica, aportar servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad, etcétera.
Bajo estas normas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgó, en 2018, 33% de los 6 mil 200 millones de pesos destinados a las ONG.
La SEP subsidió a las organizaciones específicamente para apoyar al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Posteriormente, fue la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Bienestar) la que más dinero entregó a las asociaciones a través de la Dirección General de Operaciones Productivas, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y el Instituto Mexicano de la Juventud.
La gestión de eventos culturales fue la tercera actividad por la cual se otorgó más dinero a las asociaciones: la Secretaría de Cultura erogó 739 millones 221 mil pesos para auxiliar a la Dirección General de Administración, al Instituto Mexicano de Cinematografía y al Instituto Nacional de Bellas Artes.
En tercer lugar, las ONG recibieron 480 millones 756 mil pesos por ayudar a impulsar la ganadería, el desarrollo rural, la pesca y la alimentación.
Las dependencias que menos financiamiento dieron a las organizaciones fueron la antigua Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
