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El gobierno de México respondió al informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ONU para los Derechos Humanos, donde se hace referencia a supuestas violaciones durante la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, externaron su preocupación porque el informe de la ONU-DH arroja conclusiones sobre situaciones que son actualmente objetivo de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial.
"Además, como lo reconoce la ONU-DH, este informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes. En este sentido, el informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso", difundieron en el comunicado.
El gobierno mexicano recordó que el caso Iguala es objeto de un trabajo intenso con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por tal Comisión.
La CIDH, añadió, en su último periodo de sesiones, celebrado en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo pasado, informó que la investigación de este caso constituye un esfuerzo sin precedentes del estado mexicano, que registra avances importantes recientes, que no se consideran en el informe de la ONU-DH.
"Como se informó a la CIDH, en las últimas semanas se ha allegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas. A ese respecto, se reitera una vez más el compromiso del Gobierno de México de acordar con las víctimas planes individuales, con base en un estudio de atención psicosocial, que será objeto de un análisis detallado y diálogo con los propios representantes de las víctimas", añadió el gobierno mexicano.
Destacó que la ONU-DH omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul). Además de que las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que llegó el informe.
De los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, puntualizó, no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente. No obstante, se continúan realizando las diligencias correspondientes. Ello, aunado al hecho que existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales.
"Como lo ha hecho hasta ahora, el Gobierno de la República reitera que continuará trabajando con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, así como con los familiares de las víctimas y sus representantes, hasta el total esclarecimiento de este caso, agotando todas las líneas de investigación que permitan conocer todo lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos, y sancionar a los responsables, conforme al marco jurídico mexicano y las obligaciones internacionales en la materia", señaló el gobierno mexicano.
