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Especialistas de la organización ‘México Evalúa’ informaron que hay aproximadamente 100 mil profesores que cobran su salarios sin asistir a las aulas a dar clases.
Durante la presentación del estudio “La impunidad en la nómina magisterial. Uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)”, se dijo que cuando la Auditoría Superior de la Federación acudió a los centros escolares para comprobar que personal a cargo de la nómina estuviera laborando, encontró que miles de ellos faltaban a trabajar sin justificación alguna.
Persisten irregularidades
En la centralización de la nómina magisterial,persisten irregularidadades por 2 mil 529 millones de pesos anuales advirtió el estudio "La impunidad en la nómina magisterial".
Con el dinero que por ley esta destinado para pagarles sus salarios a los maestros, los gobiernos estatales han pagado a los titulares de las carteras educativas locales, secretarias, choferes, periodistas y hasta un asistente naval.
Además se identificó que se hicieron 7 mil 539 pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos y apoyos estatales que no eran reconocidos por el esquema anterior al FONE, elFondo de Aportaciones a la Educación Básica(FAEB).
Las irregularidades más graves se encontraron en los estados deChihuahua, Aguascalientes y Coahuila donde se destinaron más de 100 millones de pesos para pagos indebidos a comisionados sindicales durante el periodo de 2015 al segundo trimestre de 2018.
A nivel nacional, tan solo entre 2015 y 2018 se pagaron mil 066 millones de pesos a 9 mil comisionados sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Además, 28 secretarios de Educación en 17 entidades han recibido recursos del Fone por hasta 5 mil 711 millones de pesos en poco más de dos años, en entidades como Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas y Quintana Roo.
Se han destinado 363.5 millones de pesos anuales para el pago de secretarias que equivalen al 90% del Programa para la Inclusión y la Equidad educativa o a una cuarta parte del Programa para Capacitación Docente.
Durante ese periodo de tiempo se destinaron 31.89 millones de pesos anuales para choferes de altos mandos que equivalen al 50% del presupuesto asignado al SIGED en 2017.
Otras plazas que se identifican con cargo al Fone son de dibujantes, editores, columnistas, operadores de equipo de comunicaciones, auditores, inspectores, cocineras y hasta un asistente especializado de servicio naval.
"La SEP envió 68 oficios que fueron entregados a 26 entidades para recuperar 72 millones 723 mil pesos que financiaron el pago de 2 mil 120 personas comisionadas al sindicato. Sólo el 0.3% de los recursos solicitados por la SEP han sido reintegrados. La SEP declara no tener competencia para interponer denuncias o acciones en contra de los estados por el mal uso de los recursos transferidos", señala el estudio.
A cuatro años de haberse implementado el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), los recursos que inicialmente se debían haber utilizado para pagarles sus salarios a los maestros, también se utilizan de manera "indebida" para pagar a comisionados sindicales, secretarios de educación de los estados, choferes, secretarias ejecutivas y hasta periodistas en 17 estados.
"El común denominador es la impunidad. Las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no se sancionan. Al menos 30% del monto Indebidamente ejercido no se recupera", explicó el investigador Marco A. Fernández del Tec de Monterrey y México Evalúa, autor del estudio.
El estudio encontró que el gobierno mexicano no ha podido recuperar 3 de cada 10 pesos del presupuesto anual que se utilizan de manera irregular a través de este fondo, "pues aunque estas prácticas anormales han sido evidenciadas y documentadas se mantienen en completa impunidad".
En la revisión de la cuenta pública que ha realizado la ASF de 2008 a 2019 sobre el uso primero del FAEB y luego del FONE, el auditor ha realizado 125 denuncias ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República por irregularidades que superan los 6 mil millones de pesos.
"Hasta ahora dichas denuncias no han causado sentencia: 123 se encuentran en proceso de integración, una fue desechada y la otra cuenta con un amparo interpuesto".
