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Nueve de cada 10 mexicanas que viven en zonas rurales viven en condición de vulnerabilidad al carecer de acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar políticas públicas en beneficio de ese sector.
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora hoy, el organismo enfatizó que ellas enfrentan nula autonomía, lo que les impide tener tiempo para sí mismas y para generar ingresos propios, así como para sus familias y comunidades.
Sin embargo, indicó que contribuyen en gran medida a la producción alimentaria nacional, con todo y las limitaciones de tipo legal y de algunos sistemas normativos internos de sus comunidades que las excluyen de participar y tomar decisiones en torno del otorgamiento de recursos y financiamientos agrícolas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2016, la población estimada en el país es de 122.3 millones de personas, 23.2% habita en localidades rurales, en donde hay 104 mujeres por cada 100 hombres. Asimismo, una de cada tres mujeres rurales se concentra en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, y seis de cada 10 (62.1%) se halla en situación de pobreza.
Con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 93.5% de las mexicanas rurales son ubicadas en condición de vulnerabilidad, porque carecen de acceso a educación, salud, seguridad social, infraestructura de la vivienda, servicios básicos y alimentación, además, perciben 75% menos salario en comparación con el que reciben los hombres del campo.
El organismo hizo eco del reclamo de las mujeres rurales organizadas, quienes demandan el reconocimiento de sus problemas y que se parta de sus capacidades para superar las brechas de desigualdad que las afectan a nivel nacional.
La CNDH exhortó a los tres órdenes de gobierno a diseñar políticas públicas con base en las necesidades y requerimientos de ese grupo poblacional, que se les consulte sobre los proyectos que necesitan y cómo utilizar los apoyos productivos, además de tomar en cuenta la diversidad de culturas a las que pertenecen.
Instó también al Estado mexicano a impulsar y visibilizar los aportes que las mujeres rurales hacen a sus comunidades, su papel en la seguridad alimentaria, la producción y comercialización de alimentos y el cuidado de animales, así como la realización de las tareas domésticas, a pesar de la feminización del trabajo agrícola por factores que contribuyen a reproducir la pobreza en el campo mexicano, y a la falta de acceso a la educación y al empleo que afectan el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.
Recordó que el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), con base en la Convención y en su Recomendación General No 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, ha señalado este año a México que debe actualizar la infraestructura de las escuelas, especialmente en áreas rurales, incrementar los recursos financieros, humanos y técnicos asignados a la educación y cuidado de la salud de las mujeres rurales, y tomar medidas objetivas para la igualdad de oportunidades en el campo laboral.
Manifestó también la necesidad de fortalecer el apoyo institucional para garantizar el acceso al agua y al saneamiento, reforzar una estrategia nacional para la reducción de la pobreza, y que la implementación de la Agenda 2030 sea plenamente incluida y se aliente la participación activa de las mujeres en la formulación e instrumentación de las estrategias para la reducción de la pobreza.
