Cancún, Q. Roo.- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se declaró víctima de una presunta persecución política, esto frente al juez de control que lo vinculó a proceso recientemente, y a quien acusó de prestarse a la supuesta venganza que -dijo- encabeza el actual mandatario estatal, Carlos Joaquín González, en agravio suyo y de su familia.
“Quiero manifestar y declararme, una vez más, perseguido político y preso político del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien en el uso y abuso de su poder como titular del Poder Ejecutivo, ha emprendido desde el inicio de su gestión, una persecución en mi contra y en contra de mi familia”, expresó Borge Angulo, quien se dijo “un ciudadano recto”, que “nunca le falló al pueblo” y quien negó ser “un delincuente”.
Borge Angulo es recordado en el estado por su gestión autoritaria y confrontativa con la oposición; consecuente con el despojo institucional de tierras y la venta de patrimonio territorial a precios subvaluados que inició con su antecesor, Félix González Canto -de acuerdo con organizaciones civiles y denuncias presentadas ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR)- así como por los altos niveles de impunidad que registraba la entidad y por perseguir a las voces críticas a su gestión, dentro de la política, la academia y la prensa.
La audiencia
El pasado 13 de noviembre se reanudó la audiencia inicial, pública, en un juzgado de Chetumal, vía videoconferencia.
Desde el penal en donde se encuentra recluido, en Morelos, Borge fijó su postura sobre las imputaciones hechas por la Fiscalía estatal Anticorrupción, dentro de la carpeta administrativa 154/ 2017, por la probable adjudicación indebida de cinco concesiones para la renta de carritos de golf en el municipio de Isla Mujeres y por el no haber cobrado los derechos correspondientes.
El exejecutivo estatal reprochó que la presunta persecución, se extendió “en agravio de mi señora madre, Rosa Yolanda Angulo Castilla, de 76 años, quien cuenta con una orden de aprehensión derivada de una denuncia hecha por la Fiscalía General del estado, a través de su fiscalista (sic) Anticorrupción”.
Bajo la premisa de que su mamá no era, ni ha sido funcionaria pública, Borge afirmó que el delito de peculado que le imputa la Fiscalía, es improcedente y -en su opinión- demuestra que la institución no actúa con independencia, sino por consigna.
Angulo Castilla, “Chachi”, fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado por enriquecimiento ilícito y peculado, como parte del entramado institucional durante el borgiato, para hacerse de predios propiedad de la entidad, a través del entonces Instituto del Patrimonio Administrativo del estado (IPAE), extinto en la actual administración.
De acuerdo con datos de prueba presentados por los fiscales, esto incluyó la participación de empresas privadas como Siyenat del Caribe, creadas por presuntos prestanombres del ex mandatario.
Conforme al registro de la audiencia, grabado por la autoridad judicial con facultad para ello, la defensa de Borge Angulo, éste aseguró que el juez desestimó indebidamente los datos de prueba que presentaron sus abogados para desvirtuar las imputaciones en su contra.
Su defensa habría argumentado que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, el gobierno del estado firmó un convenio con la Secretaría de Hacienda desde 1982 -vigente- que suspende el cobro de derechos a las empresas que tiene una concesión de carritos de golf, razón por lo que ningún gobernador ha hecho el cobro.
“Por ende, entonces todos mis antecesores, desde 1982, empezando por el licenciado, Pedro Joaquín Coldwell -por cierto, medio hermano del gobernador actual- cometieron el mismo delito al otorgar concesiones”, sostuvo, citando los nombres de Miguel Borge (1987-1993), Mario Villanueva Madrid (1993-1999), Joaquín Hendricks (1999-2005) y Félix González Canto (2005-2011).
Resolución “por consigna” estatal: Borge
Le reclamó que su resolución fue presuntamente “por consigna” y fue más allá, al señalar que “muy probablemente” su fallo se redactó desde el Poder Ejecutivo, “en concreto, desde la oficina del gobernador”, con la autoría del personal de la Consejería Jurídica o de Juan de la Luz, a quien se refirió como “el auto llamado vice gobernador del estado”.
Sobre quienes testifican en su contra -Javier y Jaime Zetina González- dentro de la carpeta administrativa 154/ 2017, Borge subrayó que la Fiscalía no aportó ningún dato de prueba que sustente que, como subalternos suyos, fueron obligados a otorgar las concesiones para la renta de los carritos de golf y anulan su denuncia de que no se ingresaron los recursos por el cobro de derechos correspondientes.
Antecedente
Producto de una orden de aprehensión concedida por un juez, el cinco de junio de 2017, Roberto Borge fue detenido en Panamá, cuando intentaba viajar hacia París, Francia.
El exmandatario fue acusado por su probable responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por la PGR, hoy Fiscalía General de la República, luego de las denuncias promovidas por la organización “Somos Tus Ojos” y por la Consejería Jurídica del gobierno quintanarroense, sobre la enajenación irregular y a un precio por debajo del valor comercial, de al menos 25 inmuebles del patrimonio estatal.
El 4 de enero de 2018 fue extraditado a México y, posteriormente, vinculado a proceso por delitos del fuero federal, dictándosele prisión preventiva.
A la par, a nivel local la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo le imputaron otros delitos -aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública- contenidos en tres diferentes carpetas administrativas.
El 14 de mayo de este año fue vinculado a proceso por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, por el caso de la transportadora aérea VipSaesa, contenido en la carpeta 151/ 2017, que involucra a más de una decena de ex funcionarios públicos de su administración. En aquella audiencia, fue la primera vez que Borge se dijo preso político.
