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Ciudad de México.- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la Ley de Seguridad Interior representa un mensaje poderoso de rechazo a la militarización de la seguridad en México, enfatizó Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
El organismo celebró la decisión del tribunal, en la que casi por unanimidad los ministros se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, lo que significa que ha sido invalidada en su totalidad.
Entre los argumentos, los ministros consideraron que el Congreso no tiene la competencia para legislar en materia de seguridad interior, que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, que la ley empleaba indebidamente los conceptos de seguridad nacional, pública e interior, que infringía las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que no proveía certidumbre.
"La decisión de la Corte confirma el papel clave del Poder Judicial como un ente independiente capaz de garantizar los derechos humanos", afirmó Jarab, quien enfatizó que "la resolución envía un poderoso mensaje en contra de la militarización de la política de seguridad”.
Destacó que el despliegue de las Fuerzas Armadas que se ha registrado en el país durante los últimos 12 años no ha mostrado resultados en materia de seguridad, por el contrario, “las personas en México han sufrido violaciones a sus derechos humanos y abusos por parte de actores estatales y no estatales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas".
La ONU-DH reconoció a los diversos actores que se opusieron a la adopción de la ley, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los Procedimientos Especiales de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil.
"La decisión de la Corte debería brindar el ímpetu necesario para que las autoridades civiles sean adecuadamente entrenadas y fortalecidas, tanto para asumir plenamente sus obligaciones en materia de seguridad pública, como para cumplirlas en coherencia con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos", dijo Jarab.
El representante de ONU-DH destacó que el Estado debería adoptar un plan que garantice su retiro gradual, ordenado y verificable de las funciones que no les son propias, tomando en consideración que la SCJN dictaminó que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no debe ser permanente.
"Hasta que este retiro sea completo, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe estar bajo el mando de las autoridades civiles y ser llevada a cabo en todo momento con pleno respeto de los derechos humanos, garantizando medidas de rendición de cuentas efectivas e independientes", mencionó.
