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La utilización de “sindicatos fantasma” se incorporó al mapa criminal del país, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descubriera que dos sindicatos que sólo existían en el papel lavaron más de 524 millones de pesos y están identificados como parte de un presunto esquema criminal vinculado con actividades de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada que investiga la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Sin oficinas, uno con 40 afiliados y el otro con 28, quienes pagaban cuotas de 2% de su salarios, los sindicatos de Trabajadores y Empleados Especializados Profesionales y Administrativos en General de la República Mexicana, y el de Trabajadores y Empleados Especializados Similares y Conexos de la República Mexicana manejaron en menos de tres años recursos por 350 millones 66 mil 678 millones de pesos y 174 millones 588 mil 392 pesos cada uno, respectivamente.
En este caso, por primera vez en la historia fiscal y criminal del país, el SAT y la PGR tienen bajo investigación a los primeros “sindicatos fantasma”, los cuales se sumaron a las 3 mil 918 empresas de este tipo ya detectadas de un universo de 6 mil 492 que se sospecha operan en México, luego de que la UIF de la SHCP alertara sobre los movimientos bancarios registrados por estas supuestas organizaciones.
De acuerdo con el oficio 45/2017 de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, ambos sindicatos “fachada” o de “papel” hicieron depósitos y retiros —todos en efectivo— por más de 524 millones pesos, dinero que fue transferido al extranjero y dejaron vacías sus cuentas en México. Destaca que esos recursos que no son ni fueron acordes con su naturaleza jurídica y social de protección a los trabajadores, podrían provenir de actividades ilícitas como el narcotráficoy lavado de dinero.
Los antecedentes
El documento de la Unidad de Inteligencia Financiera destaca que hay antecedentes de que el representante financiero de los “sindicatos fantasma”, Eduardo Sierra González, fue detenido en 2010 en la ciudad de Vancouver, en Canadá, con más de 210 kilos de cocaína y 60 de metanfetaminas. Aunado a ello, se detectó que al menos una de las dos organizaciones recibió dinero de una empresa investigada por la PGR en diversos depósitos bancarios.
Los documentos oficiales señalan que se observó que los dos “sindicatos”, dirigidos por Eduardo Sierra González, Aldo Andrés Minjarez Ortiz y Cristina Escudero Hernández no sustentaron con sus actividades el manejo de los recursos que llegaron a sus cuentas ni las múltiples operaciones bancarias que se realizaron a lo largo y ancho de todo el país, especialmente en sitios en los que los supuestos sindicatos no tienen presencia de trabajadores.
La Unidad de Inteligencia Financiera estableció que el Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Profesionales y Administrativos en General de la República Mexicana se registró el 19 de septiembre de 2012 con domicilio en Fray Juan de Torquemada 56, colonia Obrera, en la delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, sitio que es una casa habitación. Dijo tener 40 miembros, 20 en la capital del país y 20 en el Estado de México.
Sin embargo, sus representantes sindicales realizaron operaciones bancarias millonarias entre 2014 y 2017 en diversas instituciones: Banamex por 14 millones 904 mil 943 pesos; Banorte por 161 millones 774 mil 966 pesos; CI Banco por 148 mil 835 pesos y en BBVA Bancomer por 173 millones 237 mil 932 pesos, que dan un total de 350 millones 66 mil 678 pesos.
El Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Similares y Conexos de la República Mexicana dio como su domicilio al quedar registrado el 6 de noviembre de 2015, un local ubicado en el kilómetro 30 de la carretera México-Pachuca, en la colonia Loma Bonita, en Tecamac, Estado de México, pero éste no se pudo localizar. Tiene 28 miembros y de los cuales 15 prestan sus servicios a un patrón en Jalisco, siete más laboran en Azcapotzalco y seis en la delegación Tlalpan.
Foto: Predio ubicado en el km 30 de la carretera México-Pachuca, en Tecamac, Estado de México, domicilio de otro de los sindicatos investigados por la PGR.
A esta organización se le detectaron cuentas bancarias en tres instituciones financieras: banco Santander, Banamex y Banorte, donde entre 2016 y 2017 se realizaron operaciones de depósitos y retiros de dinero en efectivo por 174 millones 446mil 943 pesos, de acuerdo con los reportes oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Operaciones incongruentes
Muy lejos de los trabajadores que decían representar, en ciudades y poblados totalmente alejados de sus supuestas oficinas y de los centros de trabajo que ostentaban, los dirigentes de los dos “sindicatos fantasma” realizaron entre 2014 y 2017, mil 195 operaciones de depósito y retiro por más de 524 millones de pesos. Estas acciones se efectuaron en ciudades de 18 entidades: Saltillo, Tijuana, Chihuahua, Irapuato, Sahuayo, Cuernavaca, Reynosa, Puebla, Garza García, Guaymas, Córdoba, Mérida, La Paz y Comitán.
En el reporte que fue enviado a la PGR y al SAT, se detalla que resulta incongruente el volumen de recursos operados por ambos sindicatos que se declararon entidades sin fines de lucro. Ninguno pudo obtener esos recursos mediante las cuotas de sus agremiados y se resalta que por los depósitos y retiros hechos de las cuentas bancarias de los dos gremios, la intención era sólo que los recursos transitaran de manera irregular en los diversos instrumentos financieros.
Bajo ese esquema, la Unidad de Inteligencia Financiera consideró que las dos organizaciones ingresaron al sistema financiero nacional recursos que, con un alto grado de probabilidad, tiene como fuente o es el producto de conductas ilícitas, ya que las transacciones bancarias efectuadas tuvieron como objeto ocultar el origen, propiedad y destino del dinero.
Transacciones foráneas
La dependencia federal resaltó otros hechos: En el primero de los gremios, Sierra González no aparece en el directorio, pero se ostentaba como representante legal de ambos sindicatos y, además, en el segundo de ellos aparecía como su secretario general. Las autoridades fiscales descubrieron que entre el 10 de mayo y el 6 de octubre de 2016, el sindicato que dirigía hizo transferencias internacionales por la cantidad de 2 millones 258 mil 480 pesos desde la cuenta 20022047987 de Banorte hacia el Banco Toronto Dominion Bank, específicamente a una cuenta propiedad del mismo Sierra González.
Llamó la atención de las autoridades el hecho de que Sierra González presentó características personales, laborales, corporativas y financieras que se concatenan con sus antecedentes criminales.
Por ejemplo, como titular de la cuenta 0279315317 del banco Banorte, entre el 9 de agosto y el 10 de octubre de 2016, recibió depósitos por 180 mil pesos y realizó retiros por más de medio millón de pesos. En menos de un año adquirió dos vehículos de lujo con valor cada uno de más de 600 mil pesos.
Todo ello contrasta, según las autoridades, con el hecho de que no se encontraron declaraciones de impuestos en donde Sierra González, quien opera en Durango una franquicia llamada Señor Molletes, declarara operaciones comerciales que le reportaran ganancias o ingresos. No obstante, aparece reportado fiscalmente como empleado por dos personas con ingresos por 17 mil y 46 mil pesos, respectivamente. Se indica que eso denota omisiones que reflejan un actuar doloso y la imposibilidad de acreditar la legítima procedencia de los recursos que utilizó.
La Unidad de Inteligencia Financiera estableció que todos los indicios y actividades desplegadas por ambos sindicatos y sus dirigentes llevan a concluir que las organizaciones sindicales mencionadas son en realidad una “fachada” o “pantalla”; es decir, que no existen más que en el papel y no desarrollan actividades lícitas que puedan comprobar.
Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Similares y Conexos de la República Mexicana está vinculado con personas investigadas por la PGR y sobre las cuales pesan acusaciones por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por manejar cuantiosos recursos económicos sin poder justificar su procedencia. Se le acusa del reparto de dinero en la campaña del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Coahuila, la cual se llevó a cabo el año pasado.
