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Un total de 819 armas de los cuerpos de Seguridad Pública de los estados del país han sido robadas y extraviadas en lo que va de la presente administración federal, de acuerdo con un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De éstas, 600 son armas cortas y 219 largas; asignadas a elementos de las secretarías de Seguridad Pública locales.
El Estado de México encabeza la lista con 192 armas extraviadas; Veracruz, 72; Ciudad de México, 62; Puebla, 50; Chihuahua, 44; Guerrero, 42; Jalisco, 42; Hidalgo, 37; Oaxaca, 32; Tabasco, 28; Guanajuato, 24, y Chiapas, 20.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los últimos nueve años se han robado 50 mil armas de cargo de depósitos oficiales y otras se han “rentado” para actos criminales.
“Todo esto tiene que ver con la corrupción y hagamos lo que hagamos, lo que acordemos, si no nos metemos a fondo en el combate a la corrupción poca funcionalidad o materialización tendrán acuerdos que tomemos”, señaló en diciembre Durazo Montaño.
Para el funcionario federal, una de las prioridades entre los tres niveles de gobierno, es homologar el resguardo del armamento de los cuerpos policiales, para evitar el robo y el extravío, y que pare en manos de criminales.
En la reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), realizada el martes pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que acordó con los gobernadores acciones prioritarias, como la compra consolidada de armas y la revisión de protocolos de control de armas amparadas con licencia colectiva.
En lo que va de la presente administración federal, se han asegurado más de siete mil armas en México, las más comunes son las largas, como la ametralladora Browning M2, el fusil Barrett (calibre 50) y los rifles AR-15 y AK-47, fabricadas en Estados Unidos.
Las armas empleadas por el crimen organizado proceden, en siete de cada 10 casos, de ese país de Norteamérica, de acuerdo con estadísticas de la dependencia.
En diciembre del año pasado, México y Estados Unidos pusieron en marcha la primera etapa del operativo “Frozen”, con la instalación de puntos de verificación en ambos lados de las fronteras.
Del lado mexicano, personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Administración General de Aduanas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), está desplegado en cinco puntos estratégicos del país: Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo, Reynosa, y Matamoros, Tamaulipas.
En tanto, el gobierno estadounidense estableció filtros de inspección en San Diego, California; El Paso, Laredo, McAllen y Brownsville, Texas, para frenar el flujo de armamento, que en la mayoría de los casos va a parar a los grupos del crimen organizado.
Para el gobierno mexicano, el tráfico ilícito de armas de fuego amenaza la seguridad y los intereses tanto de México como de Estados Unidos, por lo que le resulta esencial reducir el poder de fuego de las organizaciones criminales.
“Para proteger la vida, la seguridad y la integridad de ciudadanos en ambos lados de la frontera, es necesario atacar este fenómeno de forma integral, efectiva y conjunta”, agregó.
