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Monterrey.— En diciembre de 2006, Isabel Noyola recibió un crédito del Infonavit por 273 mil pesos y aunque en la subcuenta de vivienda del organismo tenía un ahorro por la misma cantidad, el organismo sólo aplicó 53 mil pesos y el resto “desapareció”. Durante 11 años realizó pagos, pero actualmente debe 291 mil pesos, casi 20 mil pesos más que el crédito original.
“Nunca debí solicitarlo. Si hubiera pagado 3 mil pesos mensuales de renta durante 11 años el pago total sumaría 396 mil pesos, la mitad de lo que invertí para tener mi casa. No debería ser una cifra mayor al crédito que recibí y al momento que me jubilé; en lugar de no darme un centavo, el Infonavit me hubiera entregado por lo menos 300 mil pesos de la subcuenta de vivienda para comprar una vivienda al contado”, lamenta.
Isabel, como empleada del IMSS, solicitó un crédito por 273 mil pesos con el que adquirió su casa de una planta en un terreno en el fraccionamiento Del Prado, en Juárez, Nuevo León.
Al jubilarse en 2014 comenzó a aportar menos a su crédito, porque sus ingresos disminuyeron; sin embargo, dos años después se combinaron problemas de salud con la pérdida de su único hijo, por lo que dejó de pagar al Infonavit y el adeudo con el organismo se disparó.
“Yo no había puesto atención a mis escrituras hasta que mi vecina Sanjuanita [Reyes Guzmán] cayó en problemas de mora y le pedí a mi primo y abogado Jaime Noyola que revisara mi situación”, relata Isabel.
Se percató que al firmar el contrato contaba con un ahorro de 273 mil pesos en la subcuenta de vivienda del Infonavit, pero el organismo sólo usó 53 mil pesos y prácticamente “desapareció” 220 mil pesos.
“Me hubiera convenido más no haber adquirido el crédito que ya pagué tres veces. Con la tercera parte pude rentar una vivienda, ahorrar las otras dos partes en un banco y que al momento de jubilarme me dieran los recursos del Infonavit para comprar una casita, sin arrastrar una deuda que resulta impagable.
“No me niego a pagar, no quiero perder mi casa que será para mis nietos, pero que sea lo justo. No me han demandado, pero todos los días recibo llamadas; quieren que firme un convenio de pago; no estoy de acuerdo; con lo que les di ya me salen debiendo”, estima.
La presunta notificación. José Daniel Rodríguez y Sanjuanita Reyes, vecinos de Isabel Noyola, pasan una situación similar.
José Daniel adquirió su casa el 17 de octubre de 2006 con un crédito que le otorgó el Infonavit de 258 mil pesos, el cual llegó en julio del año pasado a 400 mil pesos.
El hombre pagaba 3 mil 200 pesos al mes, pero en 2011 se quedó sin trabajo y se le complicó encontrar otro empleo por padecer pérdida visual de 50 por ciento.
Recuerda que tiempo después fue aceptado en Coppel con menor ingreso al que tenía en su anterior trabajo, pero al cobrar su primera quincena, todo fue para el Infonavit; incluso su patrón le tuvo que prestar para que se regresara a su hogar.
Ante la disyuntiva de pagar el crédito o alimentar a su familia (esposa y tres hijos), trabajó en una construcción. Al atrasarse en los pagos, se acercó al instituto a buscar un arreglo y el resultado fue un aumento de 3 mil 200 pesos a 3 mil 800 pesos en el abono mensual y 10 mil pesos más a su saldo.
Tiempo después, hubo un nuevo rezago, por lo que de inmediato le cayó un citatorio del organismo para que acudiera a otra negociación; el resultado fue 10 mil pesos más al saldo y le fijaron en 2 mil 500 el pago mensual, lo que representaba la mitad de su ingreso.
Sanjuanita, en representación de su esposo, buscó al apoderado jurídico del Infonavit, Omar Fernando Amador, para explorar nuevas opciones para el crédito que iba creciendo.
El representante de Infonavit le dijo que ella no tenía motivos para intervenir, puesto que el acreditado era su cónyuge y le advirtió que ya no había solución. Le dijo que si quería otro convenio tenía que cubrir un rezago de 150 mil pesos, el cual no podían cubrir. Tras la reunión, personal del área jurídica del instituto empezó a hostigar al matrimonio con peticiones para que desalojaran la vivienda y por ello buscaron apoyo legal para defenderse.
Por recomendación, el matrimonio buscó la asesoría del abogado Jaime Noyola, quien detectó en el Tribunal Virtual del Poder Judicial de Nuevo León que el 14 agosto de 2015 habían sido demandados mediante juicio ordinario civil en el que les reclamaban la rescisión del contrato de crédito, el desalojo de la vivienda y el pago de 340 mil 966.40 pesos como capital insoluto, “tomándose las mensualidades pagadas a título de uso y disfrute de la vivienda”.
Sin embargo, José Daniel y Sanjuanita nunca fueron notificados de la demanda, puesto que Magdalena Díaz Basilio, actuaria adscrita al Poder Judicial local, presuntamente elaboró el 3 de septiembre de 2015 una acta con datos falsos.
Según el expediente 976/2015, Díaz Basilio notificó la demanda a la suegra de José Daniel en un domicilio “de dos plantas, de material de concreto y pintada de color verde”, pero la casa de los demandados es de una sola planta y es de color melón desde hace varios años antes del presunto aviso judicial.
“Mediante ese juicio fraudulento, que implicaría al Juzgado Tercero Civil y a la actuaria Díaz Basilio, el Infonavit se adjudicó la casa de los Rodríguez Reyes y en este momento ya pasó el acuerdo judicial a una notaría para que elabore las nuevas escrituras”, explica el abogado Jaime Noyola.
El litigante señala que una vez que se emplace a la familia a entregar voluntariamente la vivienda se demandará la nulidad del juicio por vicios en la notificación.
Piden lupa a créditos. El abogado Jaime Noyola pidió al nuevo gobierno federal congelar todos los procedimientos de la administración anterior, por estar plagados de irregularidades y exige “una auditoría al anterior delegado del Infonavit, Ricardo Canavati Hadjópulos, quien ahora es delegado del IMSS”.
Además, estimó que 80 por ciento de los que obtuvieron créditos del Infonavit tienen problemas para pagarlos en la entidad.
El defensor detalló que lleva alrededor de 100 casos, donde el común denominador son los contratos leoninos que obligan a los derechohabientes a pagar tasas por arriba del Costo Anual Total (CAT) de entre 10.5 por ciento y hasta 11 por ciento, mientras Banco Santander, que tenía las tasas más altas, estaba a 9.5 por ciento.
El abogado afirma que el Infonavit perdió su espíritu social. “En los últimos años se manejó con dispendio; las personas que tomaron algún crédito han sido víctimas de contratos leoninos que los obligan a pagar minicasitas a costos muy por encima de su valor y al caer en moratoria ocurren los despojos y el malbaratamiento de los bienes”, concluyó el defensor Jaime Noyola.
