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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acatará la decisión del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro de suspender la entrada en vigor de la nueva Ley de la Industria Eléctrica.
Por medio de un acuerdo que está en análisis por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y próximo a publicarse, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, hizo del conocimiento a todos los actores del sector que la administración respetará la suspensión provisional del juez Gómez Fierro.
Así, durante la vigencia de esta medida cautelar, se suspenden todos los efectos y consecuencias derivados del “decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, que entró en vigor el pasado 10 de marzo.
En el acuerdo se restablece provisionalmente la vigencia del artículo 3, relacionado con conceptos de mercado eléctrico, centro de carga, certificados de energía limpia, contratos de cobertura, contratos de interconexión, demanda, control del sistema eléctrico nacional, energías limpias, ingresos, mercado eléctrico mayorista y red eléctrica, entre muchos otros.
También se restablece el artículo 4, acerca del suministro eléctrico, que es un servicio de interés público; el 12, relacionado con las facultades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); el 26, sobre la transmisión y distribución de energía eléctrica; el 35, sobre las obras, ampliaciones o modificaciones para que la interconexión o conexión no se incluya en los programas de ampliación y modernización de la red nacional de transmisión.
Así como el artículo 53, sobre contratos de cobertura eléctrica exclusivamente a través de subastas que llevará a cabo el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); el 101, donde el Cenace determinará la asignación y despacho de las centrales eléctricas, de la demanda controlable y de los programas de importación y exportación; el 108, sobre todas la facultades del Cenace; el 126, de las obligaciones de certificados de energías limpias.
Así como el régimen transitorio que estaba previsto en la legislación hasta antes de la entrada en vigor del decreto del 10 de marzo pasado.
De esa manera se da cumplimiento a lo ordenado por el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones sobre la suspensión de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
Esto, señala el acuerdo, mientras se resuelven los juicios de amparo del que deriva el “incidente respectivo, restableciendo de manera provisional la legislación abrogada, a fin de generar certeza jurídica sobre la aplicación de dicha norma.
El pasado 11 de marzo, el juez federal en materia de competencia económica otorgó las primeras suspensiones a empresas privadas que frena, por el momento, la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica.
La medida cautelar es para efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de marzo de 2021.
El juez federal puntualizó que aun cuando solamente dos empresas que realizan actividades reguladas en materia de energía eléctrica solicitaron el recurso, el efecto de las suspensiones será general.
Consideró que otorgar la suspensión a un particular no sólo daría una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en el mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, “que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar”.
El presidente López Obrador pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, que se investigue la actuación de Gómez Fierro. El Mandatario dijo que esa suspensión se dio de manera veloz y se cumplió como pocas veces la justicia, que debe ser expedita.
Acusó que alrededor de este asunto se encuentran empresas extranjeras como Iberdrola; el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío; el empresario Claudio X. González, y medios de comunicación “pro empresariales”.
