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El 7 de septiembre, Claudio Merino Pérez fue asesinado por un grupo de hombres armados. Su muerte fue resultado de 23 balazos que impactaron en su espalda, su cabeza y su nuca. Tenía 38 años y se le consideraba aspirante a la Presidencia Municipal de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, por el partido Movimiento Ciudadano (MC).
Aunque el asesinato de Claudio ocurrió un día antes del arranque oficial del actual proceso electoral, con él inició un conteo de muerte que no termina. En los 254 días que han transcurrido desde entonces, 36 aspirantes y candidatos a puestos de elección popular han sido acribillados; en 18 de los casos, las autoridades policiales y testigos atribuyeron el crimen a grupos armados o comandos que emboscaron a su víctima.
De acuerdo con un recuento realizado por EL UNIVERSAL, hasta el 19 de mayo de los 36 aspirantes asesinados en lo que va del proceso electoral, ocho eran oficialmente candidatos, cinco se consideraban precandidatos y los otros 23 eran aspirantes. Las muertes se distribuyen por todo el país, pero se han concentrado en entidades del litoral del Pacífico; con 13 nombres, Guerrero encabeza la lista.
Le siguen Jalisco, Estado de México y Puebla con cuatro muertes cada uno. Detrás aparecen Colima, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca y Guanajuato, con dos casos respectivamente y el conteo cierra con San Luis Potosí, con un crimen.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha sido el más golpeado: nueve de las víctimas pertenecían a sus filas, cinco de ellas en Guerrero.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) suma ocho bajas. Detrás aparecen Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), con cinco aspirantes acribillados respectivamente. Morena figura con cuatro asesinatos, Encuentro Social (PES) lleva dos y el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) llevan uno. Dos de las víctimas aspiraban a un cargo por la vía independiente.
La mañana del 6 de mayo, un grupo de hombres fuertemente armados recorrió los municipios de Ignacio Zaragoza y Gómez Farías, en Chihuahua. A su paso, el comando dejó vehículos, locales comerciales y seis viviendas calcinadas. También acribilló a ocho personas; entre ellas la perredista Liliana García, candidata a regidora en Ignacio Zaragoza.
Que un grupo con armas de grueso calibre esté detrás del asesinato de aspirantes y candidatos ha sido constante en este proceso electoral. Según el recuento hemerográfico, de las 36 muertes, 18 se han atribuido a comandos con estas características. Además de Chihuahua con dos casos, el modus operandi se repite en Guerrero (6), Jalisco (3), Guanajuato (2), Oaxaca (2), Puebla (1), Michoacán (1) y Colima (1).
En otros cuatro los cuerpos fueron hallados con heridas de bala, en dos casos la víctima mostraba signos de tortura; en otro, fue levantada, según testigos, y en uno más el cadáver apareció desmembrado. Del resto de crímenes, seis fueron cometidos por una pareja de asesinos que dispararon a quemarropa y dos murieron por arma blanca.
Entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, Zihuatanejo fue escenario del asesinato de tres políticos locales: Miguel Solorio Figueroa, Mariano Catalán Ocampo y Homero Bravo Espino. Los tres aspiraban a gobernar este municipio, uno de los principales polos turísticos de la entidad y considerado entre las ciudades más violentas del país.
Estas tres muertes entran dentro de una tendencia que se repite. Aquellos que buscan cargos municipales son los más vulnerables, pues de acuerdo con las cifras, 21 de los 36 aspirantes ultimados pretendían gobernar un municipio; de ellos, cinco ya eran oficialmente los candidatos. Además, ocho de las víctimas iban por una diputación local y una aspiraba a una curul federal; el resto buscaba otros cargos como regidurías.
Ley de “plata o plomo”
Según el doctor Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el proceso electoral es el momento coyuntural en el que los grupos del narcotráfico buscan cooptar a quienes aspiran a convertirse en autoridades, generalmente mediante “la ley de los metales” plata, o plomo. “Lo que van a buscar los grupos del crimen organizado son personas que les puedan servir para protección, para que les permitan actuar y los protejan de sus rivales”, detalla.
Explica que hay distintos escenarios en los que se puede enmarcar el asesinato de un aspirante o candidato. En ocasiones, dice, los crímenes se deben a que el político da protección a ciertos grupos, por lo que se vuelve un obstáculo para los rivales que disputan el mercado.
Una segunda posibilidad es que los homicidios se deban a que los candidatos en verdad se nieguen a ser cooptados por el crimen organizado, por lo que se convierten en traba para sus actividades ilegales, relacionadas con la disputa de los mercados locales.
Agrega otros escenarios: uno en el que los aspirantes en algún momento trabajaron para los grupos delincuenciales, pero no cumplieron con lo pactado, lo que origina el crimen. Y otro más en el que las propias autoridades locales, muchas veces ya cooptadas por el narcotráfico, están detrás de crímenes políticos.
