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Entre 2008 y 2016, la pobreza en México aumentó en 3.9 millones de personas, mientras que en el mismo periodo 2.9 millones de personas dejaron de estar en situación de pobreza extrema como resultado, por un lado, de la reducción de la mayoría de las carencias sociales y, por otro lado, el ingreso de los hogares ha tenido una trayectoria errática, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Al difundir su informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, que busca que las administraciones federal, estatales y municipales cuenten con evidencia e información para la elaboración, monitoreo o evaluación de sus planes y programas de gobierno, se indicó que la carencia por acceso a los servicios de salud tuvo la mayor reducción entre 2008 y 2016, seguida de la carencia de calidad y espacios de la vivienda.
El organismo autónomo informó que entre 1992 y 2016, el ingreso promedio ha tenido fluctuaciones que no han permitido mejoras permanentes en el bienestar de los hogares y las crisis económicas en este periodo, entre otros factores, se han traducido en un crecimiento económico promedio anual de 2.4 por ciento, lo que representa sólo 1.3 por ciento en términos per cápita.
“A nivel de los hogares, si bien el poder adquisitivo del ingreso laboral se incrementó 8.6 por ciento entre 2014 y 2016, éste se redujo 10.6 por ciento entre 2005 y 2017. A esto se suma que el alza inflacionaria reciente, que en 2017 alcanzó 6.77 por ciento, ha provocado una disminución en el poder de compra de los hogares de 2.5 por ciento en ese año. Aunado a lo anterior, la desigualdad en la distribución del ingreso se ha mantenido elevada y no se observan factores económicos, como una mejora en la productividad, que permitan suponer un cambio en esta tendencia”, informó.
En cuanto al trabajo, el Coneval indicó que en México, la mayoría de las empresas son pequeñas e informales y absorben una gran parte del empleo y durante el periodo 2009 a 2017 se observó una disminución en la proporción de empleos informales, que pasó de 60 a 57 por ciento, “sin embargo, este tipo de empleo continúa siendo el que prevalece en el país”.
En este sentido, algunos grupos de la población, como los jóvenes entre 15 y 29 años, son quienes tienen mayores dificultades para insertarse en empleos formales, por lo que en 2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9 por ciento, se encontraban en empleos informales.
El Consejo manifestó que el Informe de Evaluación 2018 muestra que la pobreza si bien debe ser un tema prioritario no debe ser la única problemática que guíe la política pública, “para mejorar en el desarrollo social es necesario avanzar en el cumplimiento de los derechos y reducir las brechas que aún existen entre diferentes grupos sociales en el país, así como diseñar instrumentos de política pública que igualen las oportunidades de toda la población”.