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Los partidos de oposición en Senado de la República, PAN, PRI, PRD y MC, así como Emilio Álvarez Icaza, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos acciones de inconstitucionalidad contra Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Los dos recursos jurídicos se presentaron ante la Corte el día de ayer, en donde se señala que uno de ellos es en contra de la figuras de los comisiones presidenciales, y el segundo, por los superdelegados.
El documento lleva consigo las firmas de los coordinadores parlamentarios Miguel Ángel Osorio Chong del PRI, Rafael Moreno Valle del PAN, Dante Delgado de MC, Miguel Ángel Mancera del PRD, y del senador sin partido Álvarez Icaza, así como de los integrantes de sus respectivas bancadas.
En un comunicado, Moreno Valle señaló que las dos acciones de inconstitucionalidad son para salvaguardar los principios federalistas y de equilibrio entre los Poderes de la República.
Además de buscan se respete en su “más amplio” sentido tanto el pacto federal como la división de poderes, consagrados en la Constitución.
El panista detalló que la acción, contra las comisiones presidenciales fue firmada por 52 senadores, por “violar” los principios de seguridad jurídica y de legalidad, al no contar con parámetros ni atribuciones concretas de funcionamiento y situarse por encima de la propia Constitución.
“El decreto mencionado viola los artículos 21 y 102 constitucionales, en lo que se dispone claramente quiénes son las autoridades facultadas para perseguir ilícitos penales”, señaló.
Moreno Valle dijo que en el caso de la segunda acción, tiene las firmas de 45 senadores, y “ataca” la figura de los superdelegados, los cuales “rompen” con el sistema político federal, contraviniendo los principios generales de la Administración Pública, además de violar el principio de división de poderes, al equipararse a los gobernadores sin contar con legitimidad democrática.
“La figura de los superdelegados crea un estado generalizado de incertidumbre, en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica, que contraviene la prohibición constitucional de crear órganos intermedios entre los niveles de gobierno, contemplada en los artículos 40 y 136 de nuestra constitución, trastoca el principio de jerarquía de la administración pública y rompe con el principio de horizontalidad que debe operar entre funcionarios”, externó.
