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El crimen organizado no frenará el desarrollo del proceso electoral ni representa un riesgo para la instalación de casillas, aseguró el consejero electoral Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Hasta el momento, por fortuna en el país no ha habido un movimiento de narcotraficantes que impida el desahogo de la jornada electoral. Digamos que las disputas de ellos con las autoridades que los combaten se dan en otras situaciones diferentes a las elecciones”, afirmó.
En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que el INE arrancó con el trabajo de capacitación para quienes serán los funcionarios de las 155 mil casillas que se instalarán. Un ejército de 38 mil capacitadores visitará a los ciudadanos que ayudarán en la elección.
De 68 mil 436 secciones distritales, 15 mil 240 están identificadas como de atención especial. El INE estableció una estrategia de atención diferenciada para estos lugares, por lo que no prevé que se dejen de instalar casillas.
Por otra parte, al referirse al desencanto de la ciudadanía y la desconfianza de las autoridades, el consejero electoral refirió que están tratando de explicar a las personas cómo se realiza el trabajo electoral y cuántos recursos se gastan en éste.
¿El INE no tiene un mapa de focos rojos, de zonas de riesgo como tal, pero hay algunas zonas especiales que les pudieran complicar el trabajo?
—El INE no ha querido establecer una política en la que coloque focos amarillos o rojos en diversas regiones del país. Tampoco omitimos que hay algunos problemas de inseguridad pública focalizados en ciertas regiones del país, pero también es un hecho que las actividades electorales no se suspenden por ese tipo de problemáticas, o, para fortuna del país, la instalación de las mesas directivas de casilla, los diversos recorridos que los capacitadores electorales realizan para cumplir con tareas de la logística electoral se cumplen satisfactoriamente en tiempo y forma.
Nosotros hemos logrado que a través de los capacitadores electorales se puedan recabar datos de lugares donde eventualmente puede existir algún conflicto que pudiera afectar el desarrollo de las elecciones; entonces, en virtud de los convenios de apoyo y colaboración que nosotros tenemos, trasladamos esa información, en este caso a la Secretaría de Gobernación, y es Gobernación quien decide el esquema específico de atención a esas problemáticas que pudieran detectarse. No es, y eso está claramente señalado en la legislación, el INE no es la autoridad persecutora de las actividades que tienen que ver con la inseguridad pública.
Somos coadyuvantes con otras instituciones del Estado mexicano y lo hemos suscrito por vía de convenios en cada proceso electoral.
Si existe alguna situación que deba ser atendida puede hacerse a través de las secretarías de la Defensa o de Marina, o de las áreas de seguridad pública de los estados.
¿Pero están previendo algún tipo de medida para proteger a los capacitadores?
—Hay protocolos de seguridad para los capacitadores electorales.
Recuerdo que traemos 38 mil personas que están recorriendo las 68 mil secciones del país, están expuestas a una multiplicidad de factores.
Hay zonas de riesgos donde existen situaciones de criminalidad, que también es lamentable.
No es la parte del crimen organizado, pero sí hay zonas de asaltos, donde hay una delincuencia que podría poner en peligro a alguno de los capacitadores, por ello es que nuestro protocolo dice que no va una sola persona a hacer las notificaciones a esa región, sino que va acompañada de algún otro y también a través de las juntas locales tenemos un esquema de coordinación con losMinisterios Públicos o con la Policía Federal para poder atender alguna situación que pudiera poner en peligro a algún capacitador.
También hay zonas de marginalidad que lamentablemente se presentan en varias entidades federativas.
Ha habido ocasiones en que los capacitadores electorales han resultado lastimados perseguidos por perros que de manera lamentable son abandonados en la calle, en la vía pública. Esas cuestiones se atienden, se logra disminuir los riesgos que tienen estas personas para poder cumplir con sus actividades.
¿No han tenido problemas mayores con los capacitadores? ¿O sea que no están previendo que suceda ahora?
—Hemos tenido algunas problemáticas, no son ajenas, es un país muy grande, y estamos hablando de que los capacitadores son 38 mil personas, es un universo grande de auxiliares que están por un plazo de seis meses en la vía pública haciendo los trabajos.
Entonces, no podemos decir que nunca tenemos un conflicto con ellos; los hay, pero los hemos podido atender adecuadamente en las elecciones anteriores. Esa es la experiencia que tenemos y por eso nuestros protocolos se han venido afinando para garantizar la seguridad de ellos.
¿El crimen organizado no va a impedir que se instalen casillas? ¿No están previendo que el crimen impida las elecciones?
—No ha sido un tema que haya afectado el desahogo de las elecciones y menos de la instalación de casillas en las nueve elecciones federales que ha organizado el IFE con antelación y en todas las locales que en 2015 organizó esta institución.
Nosotros creemos que existen condiciones adecuadas en las zonas delicadas del país para poder instalar las casillas y garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Sin embargo, sí han hablado de algunas entidades que tienen conflictos de seguridad. ¿Cuáles son esas zonas que están ubicando en el mapa?
—Las zonas problemáticas existen, pero tenemos un calendario que funciona como una ingeniería de reloj y vamos bien. Empezamos recorridos en las más de 68 mil secciones que tiene el país y estamos registrando una notificación adecuada por parte de los capacitadores que visitarán 11 millones 600 mil personas a nivel nacional.
Hasta ahorita las condiciones son propicias y sí diría con seguridad que las zonas de riesgo por el crimen organizado no impedirán el desahogo del proceso electoral. No hay hasta el momento algún signo que el instituto tenga visualizado que pudiera impedir el desahogo de la instalación de las casillas.
¿Qué problemas sí les preocupan?
—Nos preocupa que pudiera haber otro tipo de situaciones, como los movimientos que se dieron en 2015.
Recordarán que el movimiento magisterial tuvo como propósito la defensa de sus derechos laborales por la vía de impedir las actividades electorales en estados como Guerrero, que fue el más complicado; en Oaxaca, que además tuvieron daños a las instalaciones de las autoridades federales y locales, o aquellos lamentables hechos donde vimos una paradoja, una situación contradictoria: maestros quemando libros. Fue una situación inédita que yo en lo particular no espero volver a ver en el país.
¿Se complicaría en Oaxaca la instalación?
—No instalar casillas es un riesgo siempre, pero no necesariamente en las zonas que están vinculadas al crimen organizado. hay regiones con problemas de carácter social que son graves.
En Michoacán traemos una problemática social fuerte en una comunidad donde hay demandas sociales de las comunidades indígenas que no han sido atendidas por las autoridades locales y que condicionan la instalación de las casillas.
Hay otras regiones del estado de Oaxaca que también tienen estas problemáticas. Recuerde lo acontecido en los últimos tres años con San Dionisio del Mar, donde no se pudo elegir al presidente municipal durante los tres años porque los lugareños impidieron la instalación de las casillas, habida cuenta de que el gobierno de Gabino Cué pretendió establecer empresas eólicas y los habitantes de esa parte afirmaron que no tenían claro cuáles eran los beneficios económicos y sociales que la instalación de las empresas les iban a redituar, y por consecuencia no permitieron la instalación de las casillas.
¿Qué van a hacer si se llega a presentar algún movimiento de este tipo en estas comunidades?
—Eso no es nuevo. Cada proceso electoral hemos enfrentado eso, eso no es nuevo.
Desde que el Instituto Federal Electoral organizó los comicios del 91 hasta las elecciones del 15, que ya las organizó el INE, hasta ahorita, la única situación delicada fue del estado de Oaxaca, que por el movimiento magisterial había impedido la instalación de las casillas.
No le niego que tenemos zonas complicadas y ahora justo para evitar confusiones en la opinión pública hemos establecido una estrategia de atención diferenciada para ciertas secciones del país.
Son 68 mil 436 secciones distritales y 15 mil 240 están identificadas como de estrategias diferenciadas. ¿Qué significa eso? Son problemáticas de diversa naturaleza que impiden la integración total de la casilla. No necesariamente que estén vinculadas a zonas de riesgo con el crimen organizado, son secciones que tienen como problemáticas cuestiones de orden social, religioso, problemáticas de movilidad demográfica que impiden que localicemos a las personas que son seleccionadas para la integración de las mesas directivas de casilla.
Por ejemplo, en el Distrito 10 de la Ciudad de México, en Miguel Hidalgo, hay zonas de personas de muy alto recursos económicos y las Fuerzas Armadas, los militares, no es que no quieran participar, lo que pasa es que cumplen funciones de seguridad a nivel nacional y son trasladados constantemente a varios estados de la República, así que cuando nosotros vamos a visitar a ese distrito pues nos encontramos que son militares y que están cumpliendo una comisión de seguridad en otros estados donde se necesita su participación; entonces, no hay posibilidad de tener una integración adecuada y rápida en esas casillas.
¿Con esa estrategia está garantizado el trabajo?
—Desde 1991 le garantizamos a la ciudadanía la instalación de casillas. En 1991 se instalaron 88 mil 306 casillas y no se pusieron 268; en el proceso de 2006 se dejaron de instalar 11 y en 2012 sólo se dejaron de colocar dos por razones de algunas conflictivas sociales en Oaxaca, pero si no hubiéramos instalado la totalidad.
¿El gran secreto son los capacitadores, que sean de las mismas comunidades y que muchas veces sean conocidos, en este caso pues por el crimen organizado?
—El secreto del INE son muchas cosas que se conjuntan: primero, hay mucha experiencia para manejar estas situaciones; en segundo lugar, efectivamente hay una preparación intensa de los capacitadores que son seleccionados, pero además tenemos la fortuna de que una buena parte de los capacitadores ya han participado en procesos electorales. Y también está la vocación ciudadana de las personas que resultan sorteadas.
No es lo mismo instalar una mesa directiva de casilla en la ciudad que en una comunidad rural. En una comunidad hay hasta fiesta para integrar la mesa directiva de casilla y la gente participa con una enorme voluntad y una enorme vocación cívica, entonces se conjuntan muchas cuestiones.
Y los narcos no son la excepción. ¿No representan una resistencia para llevar a cabo la elección?
—Hasta el momento no nos han impedido instalar las casillas. Ha habido situaciones delicadas, como el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, que fue ultimado en un artero atentado ocho días antes de la jornada electoral, pero por lo demás yo le diría que por esas siuaciones hasta el momento, por fortuna para el país, no ha habido un movimiento de narcotraficantes o del crimen organizado que impida el desahogo de la jornada electoral. Digamos que las disputas con las instancias del Estado mexicano que las combaten se dan en otras situaciones diferentes a las elecciones.
El INE tiene un desgaste, la percepción ciudadana es de desencanto. ¿No les preocupa que por eso no se quiera participar en el proceso?
—Como dicen los norteños, listos desde chiquillos. Ya estamos preparados para la jornada electoral, pero todavía nos falta la parte más ardua, que es la integración de las casillas.
Vamos avanzando en toda la preparación de los sistemas informáticos de información para darle una absoluta transparencia al proceso electoral y generar insumos que no hay hasta el momento; por ejemplo, no hay un apartado que muestre a los candidatos de cuerpo entero, que al menos tengan la biografía. Luego los partidos colocan nombres que no son muy conocidos y la gente necesita saber quiénes son esos candidatos.
También lo estamos haciendo con un mecanismo novedoso, que es una especie de acuerdo de colaboración con las plataformas más importantes y las redes sociales más importantes como el caso de Facebook, y también lo estamos haciendo con Google.
Claro que nos preocupa el desgaste social. La gente no cree en las instituciones públicas, el informe país dio cuenta amplia de esta situación de descontento generalizado y, obvio, el INE tiene uno de los compromisos centrales de revertir los déficits de credibilidad que tiene el instituto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Logrando esquemas de una explicación lo más amplia posible respecto de cómo hacemos las elecciones, cómo tomamos las decisiones y cuánto se gasta.
También los partidos tienen un compromiso en hacer eso y volver las campañas electorales menos escenarios de guerra sucia y más espacios de presentación de propuestas.
