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El magnicidio ocurrió por la tarde. Luis Donaldo Colosio, candidato oficialista a la presidencia de México, se abre paso entre una multitud tras concluir un evento político en Tijuana, Baja California.
De pronto alguien acerca una pistola a la cabeza del político y dispara. Colosio se desploma. El presunto homicida, Mario Aburto, es detenido.
En los siguientes minutos sólo hay desorden, hasta que los guardias logran llevarlo a un hospital. Horas después es declarado muerto.
Fue el 23 de marzo de 1994. Ese miércoles México empezó a cambiar. El país, coinciden especialistas, entró en un proceso de violencia que, 25 años después, todavía no cesa.
“Se mandó el mensaje de que todo se vale” dice a BBC Mundo el analista político Agustín Basave, expresidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“Estoy convencido que allí empezó la espiral de violencia que hoy nos tiene donde nos tiene”.
La muerte de Colosio, candidato del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) desató una crisis política con algunos episodios violentos.
Uno de ellos fue el asesinato, en septiembre de ese año, del secretario General del PRI Francisco Ruiz Massieu, excuñado del presidente Carlos Salinas de Gortari.
México terminó 1994 con una profunda crisis política, conocido en el país como “el error de diciembre” aunque a nivel internacional se le llamó “Efecto Tequila”.
Degradación
Por la crisis económica miles de personas perdieron sus empleos o propiedades.
Según datos del gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), en 1996 el índice de personas con pobreza patrimonial fue del 69% de la población.
Además de las dificultades económicas el país vivía un paulatino incremento en violencia e inseguridad.
En junio de 1995 fueron asesinados 17 campesinos en el paraje de Aguas Blancas, Guerrero, a quienes atacaron policías estatales.
El incidente provocó la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario (EPR), un movimiento armado heredero de grupos guerrilleros formados en los años 60 y 70.
Mientras, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se había alzado en armas el 1 de enero de ese año, denunció hostigamiento de paramilitares en sus comunidades de Chiapas, en el sureste del país.
La presión de estos grupos provocó la matanza de 45 indígenas que oraban en la comunidad de Acteal, el 22 de diciembre de 1997.
Ese mismo año se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP, que empezó la medición oficial sobre los índices de violencia.
Uno de sus primeros resultados fue que más del 90% de los delitos no se denunciaban, por temor o desconfianza hacia las autoridades.
También se registró una tendencia creciente en el número de homicidios violentos, que en 1997 fue mayor a 13.000 en el país.
Por esa época nació el grupo de Los Zetas, formado por 40 exmilitares de élite y que originalmente fue el brazo armado del Cartel del Golfo.
Años después se convirtió en una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de la región, según autoridades.
El hilo conductor
Uno de los orígenes de este proceso es el asesinato de Colosio afirma Flavio Meléndez Zermeño, investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
La muerte del candidato, a quien la mayoría de las encuestas ubicaban como ganador de las elecciones presidenciales de 1994, representó “el tiro de gracia al régimen político de partido de Estado”, explica a BBC Mundo.
Lo que surgió fue un sistema político vulnerable a la delincuencia organizada, que en algunos años provocó escándalos.
Un ejemplo fue el general Jesús Gutiérrez Rebollo, designado en diciembre de 1996 como el primer jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas.
Meses después el militar fue detenido al descubrirse sus nexos con Amado Carrillo “El Señor de los Cielos”, líder del Cartel de Juárez.
Casos similares se presentaron en las décadas siguientes en distintos niveles de gobierno.
Eso ocurrió por ejemplo con el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, acusado en tribunales de Estados Unidos de proteger al cartel de Los Zetas.
O los recientes señalamientos de empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) a quienes se acusa de colaborar con bandas de robo de combustible.
En todo esto el hilo conductor es el magnicidio asegura el investigador Meléndez Zermeño.
“Lo que ocurrió fue una interpenetración entre estructuras del Estado y del crimen organizado, sobre todo en el marco de esta llamada guerra contra el narcotráfico” insiste.
“Eso da impulso a la violencia, los asesinatos, las desapariciones. Son miles”.
Parteaguas
Antes de 1994 existían reglas no escritas en el país para evitar la violencia política. Pero con el crimen del candidato presidencial “eso se rompió, allí empezó el clima de violencia que hoy tenemos” dice.
El mensaje fue que las autoridades no respetaban los acuerdos de civilidad, algo que dejó algunos vacíos que se llenaron por la delincuencia organizada.
La crisis que empezó ese año permitió una mayor presencia de la delincuencia organizada en estructuras de gobierno.
La muestra más clara es el alto número de corporaciones policíacas locales que fueron infiltradas por bandas de narcotráfico, según denunció el gobierno de Estados Unidos.
“El asesinato de Colosio conduce a una mutación del Estado mexicano, pero no a la democracia sino al estado del crimen”, afirma Flavio Meléndez.
“A lo que conduce es a un Estado delincuencial, todavía estamos en eso y vivimos las consecuencias”.