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Luis Chimal Balam es comisario del ejido de Bacalar, en Quintana Roo. Su pueblo, ubicado a unos 40 minutos en carro de Chetumal, se sitúa en los tramos donde será necesario construir las nuevas vías del Tren Maya, el megaproyecto estrella de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según una investigación cartográfica con la escasa información que las autoridades han hecho pública al respecto, en su población hay 27 kilómetros por donde pasará el ferrocarril, en los que no existe el derecho de vía para construir las líneas férreas necesarias.
“No tienen nada decidido. No saben dónde va a estar la estación ni por dónde va a pasar el tren. La ley agraria nos dice que para poner cualquier pase de vía de tren te tienen que indemnizar y expropiar para hacer los trabajos. Si lo tienen que hacer, que sea ordenado”, se lamenta al teléfono, justo un día después de haberse reunido con Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la dependencia encargada de su construcción. Chimal Balam, aunque no lo parezca, está a favor del proyecto.
La investigación cartográfica, realizada por el colectivo de geógrafos Geocomunes y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, reveló que 330 kilómetros, 34% de los casi mil donde no hay rieles construidos, no cuentan con derecho de vía. Este concepto es el terreno que se requiere para la construcción y uso de una vía de comunicación o transporte.
Los caminos y su infraestructura para el Tren Maya, de acuerdo con los contratos que está licitando el Fonatur, requerirán de 40 metros de ancho. Con este dato, se calcula que harán falta mil 316 hectáreas —más de mil 800 campos de fútbol puestos en fila, o el doble del Bosque de Chapultepec— para que la administración federal obtenga ese derecho de vía y pueda construir los rieles del megaproyecto. De estas, 943 son de propiedad ejidal, lo que afecta a 40 ejidos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Si no se llega a un acuerdo con los dueños, se pueden expropiar por ser “de utilidad pública”, de acuerdo con la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario.
En varias ocasiones, el Jefe del Ejecutivo federal ha reiterado que no se expropiarán tierras para el Tren Maya; sin embargo, durante el 80 Congreso Nacional de Agentes Aduanales, celebrado el pasado 12 de julio en Yucatán, el director de Fonatur, Jiménez Pons, dijo que solicitarán una partida de 2 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el pago de derecho de vía, principalmente antiguo, en las comunidades donde pasará la obra.
No existe información oficial al respecto y las cifras dadas por diferentes funcionarios de alto nivel oscilan desde que no hay derecho de vía en 5% del trayecto hasta que falta la mitad del trazado. Durante dos semanas se buscó en Fonatur a su titular y al director jurídico, Alejandro Varela, para saber con qué datos contaban al respecto y cómo pensaban manejar dichas adquisiciones o expropiaciones, pero se negaron a facilitar información a este diario. Tampoco concedieron una entrevista con los coordinadores del proyecto sobre el terreno.
Geocomunes, para obtener estas cifras, georeferenció el trazado provisional del Tren Maya y lo cotejó con los derechos de vía federales y estatales de carreteras y líneas eléctricas de la península de Yucatán, obteniendo así los kilómetros donde no hay derechos de vía.
“Las primeras visitas que tuvimos con los representantes del nivel federal no fueron muy agradables. No hubo buenas explicaciones y así empezamos a no estar de acuerdo”, recuerda Luis Chimal, del ejido de Bacalar, pero para él, la última reunión que tuvo con Pablo Careaga, entonces coordinador del Tren Maya del tramo Bacalar-Tulum, fue especialmente problemática.
El ejido que representa Chimal Balam es una de las ubicaciones escogidas para albergar una de las estaciones del Tren Maya. El esquema que se ha planteado para asociar a los ejidatarios al megaproyecto es un fideicomiso de inversión y bienes raíces (Fibra), en el que básicamente ellos aportan las tierras a cambio de acciones y los desarrollos inmobiliarios y turísticos corren a cargo de empresas privadas.
“Nos pidieron de tres a cinco mil hectáreas para la estación y el desarrollo de la ciudad alrededor. Nos dijeron que con eso Fibra nos iba a dar acciones e íbamos a ver el beneficio de uno a 10 años. Yo dije que no nos convenía y que no estaba de acuerdo.
“Me dijo que de Tulum hasta aquí todos los ejidos estaban de acuerdo para lo de las tierras y el pase del Tren Maya, que sólo faltaba Bacalar y que si no estaba de acuerdo, él vendría con sus inversionistas y compraría el territorio porque lo haría. Ahí me ofendió. Luego me dijo que iba a llevarse la estación a Chetumal”, rememora.
Careaga Córdova, pese a lo que han reportado en algunos medios, sigue en su puesto como coordinador del Tren Maya en Quintana Roo.
Baile de cifras
El tema del derecho de vía sobre el Tren Maya se ha caracterizado por un baile de cifras y porcentajes según quién y cuándo hable. Fonatur, en diciembre de 2018, aseguraba que contaban con 95% del derecho de vía, pero en mayo de este año la misma institución sostuvo que faltaba de 5% a 8%, que van de 80 a 100 kilómetros.
Antes, en agosto de 2018, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, afirmó que se contaba con la mitad de los derechos de vía. Al preguntar sobre este aspecto, en Comunicación Social de la dependencia contestaron que “el secretario contesta de acuerdo con lo que sabe del tema”.
En octubre, Carlos Barceló Ruiz, coordinador del proyecto Tren Maya en Chiapas, Tabasco y el sur de Campeche, dijo que faltaba por liberar 20% del derecho de vía, 305 kilómetros del trazado total, que tendría que efectuarse a través de acuerdos con los propietarios. En diciembre, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que el proyecto no contaba con los derechos de vía en el estado. Entre las mil 190 preguntas de los aspirantes a la licitación de ingeniería básica del Tren Maya, contestadas por Fonatur el 15 de julio, se pueden encontrar varias relativas a este rubro, realizadas por un tercio de las empresas participantes, como Grupo México o ADHOC Consultores.
Las respuestas remiten a varias cláusulas del contrato, en las que se dice que “no constituye una obligación para la entidad contratante frente al prestador del servicio la liberación del derecho de vía”, aunque en otra parte del contrato se dice que “la entidad contratante será el interlocutor frente a particulares o grupos sociales”.
En el mapa con el trazo preliminar entregado a los licitantes, se especifica que éste “no incluye el análisis detallado” de varios elementos, entre ellos la “disponibilidad de derechos de vía, tenencia de la tierra o su valor”.
El Tren Maya ha logrado unir en su oposición a gente tan dispar como el neoliberal Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y ecologistas de las universidades de Yucatán y de todo México por la falta de un proyecto firme y estudios ambientales, pero según los ejidatarios y pobladores entrevistados por EL UNIVERSAL, está dividiendo a los locales.
“Hay personas que están a favor y las que estamos en contra”, cuenta Anastacio Oliveros, apicultor de Calakmul, Campeche, y opositor al Tren Maya: “Llegan a la comunidad, les hablan bonito, con promesas de que va a cambiar todo (…) pero la realidad es que toda la información es muy confusa y te prometen cosas sin saber si siquiera cómo va a ser el proyecto”.
Oliveros estuvo presente en la reunión que tuvieron el pasado 13 de julio el director general de Fonatur, Jiménez Pons, y el responsable de ONU Habitat para México y Cuba, Eduardo López Moreno, con opositores a la construcción.
“Nos empezaron a decir que iban a cambiar la forma en que se trata la región de Calakmul, que el Tren Maya y sus estaciones iban a traer muchos beneficios. Nosotros contestamos que necesitamos infraestructuras para que la región pueda ser apta para el turismo”, señala el agricultor.
Menciona que comentaron que hay que mejorar los sistemas de Salud, construyendo hospitales o ambulatorios más cerca, así como atender los problemas de abastecimiento de agua potable. “Imaginate que un turista sufre un accidente o se intoxica y el hospital está a 200 kilómetros, ¿qué va a pasarle?”, reflexiona.
Finaliza: “Pero no confío en Fonatur ni en la Secretaría de Turismo. Siempre prometen, pero a la hora que vienen, al final no cumplen”.
