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Cerrar o clausurar centros de rehabilitación privada —aun cuando muchos de ellos operan de forma irregular— generaría un grave problema con las personas que reciben atención en esos lugares, reconoce Gady Zabicky Sirot, titular de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic).
El gobierno, admite Zabicky Sirot, no contaría con espacios suficientes para ese objetivo, pues éstos solventan una parte muy importante de las necesidades de la población.
“Lo último que deseamos hacer desde la Conadic y con la Cofepris es el cierre de estos centros, porque sí logran solventar una parte muy importante de las necesidades de la población. Si mañana dijéramos que todos los anexos que no están registrados serán clausurados —además consideremos que jurídicamente es muy difícil hacer esto—, tendríamos un grave problema con las miles de personas que están recibiendo esta atención, pues no tendrían dónde sustituirla”, explica el comisionado.
Señalan abusos
Por otro lado, Arturo Ortiz Castro, especialista en prevención de adicciones y consumo de sustancias del Instituto Nacional de Psiquiatría (INP), advierte que muchas de las personas que son llevadas “a veces por la fuerza” a centros para atender sus adicciones son sujetos a malos tratos e incluso llegan a ser asesinados, mutilados o quemados.
“A muchos los matan ahí adentro; a otros los lastiman, los mutilan, los queman. Yo sé de alguien a quien enterraron vivo y luego desenterraron como castigo por no seguir las reglas”, alerta Ortiz Castro.
“Son cosas horribles, porque derivan de la mente loca (...) de todo ese tipo de gente. El daño más importante, aunque el menos evidente, es el de sus emociones. Son miles de secuelas [sicológicas], y muchas no se les borran por el resto sus vidas.
“Para quienes sobreviven, los efectos emocionales que derivan del internamiento, además de la depresión, van desde la pérdida de confianza en sí mismos y en otras personas hasta daños en la memoria, en la capacidad de análisis, de síntesis, de seguimiento de secuencias y de aprendizaje con base en la experiencia”, explica el especialista.
En cuanto a los centros de rehabilitación, señala que éstos tienen la obligación de cumplir con lo dispuesto en la NOM- 028-SSA2-2009, que fija los lineamientos para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
“Por eso es necesario preguntar si el establecimiento está dentro de esta norma. Si te dicen que sí, continuamos; si te dicen que no o que están en proceso, olvídalo”, advierte Ortiz Castro.
En la calle Artículo 123, en la Ciudad de México, personas en situación de calle afirman que en los centros sufrieron maltratos.
Sólo 500 centros regulares
Sobre estos establecimientos, Zabicky Sirot indica que en México existen aproximadamente 2 mil 300; sin embargo, solamente 500 tienen un permiso de funcionamiento avalado por la Conadic; es decir, que cumplen con la norma exigida.
Del total de centros que se autodenominan como “sitios de rehabilitación”, los clasifica en tres: “En primer lugar están los clandestinos, de los que en muchas instancias no tenemos noticia; es decir, la comunidad sabe que existen, pero operan sin ningún tipo de regulación. En segundo lugar tendríamos los que sí están registrados, pero no están certificados, y, finalmente, encontramos los certificados por el Conadic”, afirma.
Señala que en la mayoría de estos sitios no se da un trato inhumano, pero no descarta que sigan existiendo anexos en donde se priva ilegalmente de la libertad a las personas, con atención médica escasa y, en ocasiones, violaciones a los derechos humanos de quienes ingresan.
Zabicky Sirot adelanta que la oferta de los centros que no cuentan con certificación, sin infligir los derechos humanos de los pacientes, aumentaría si estuviesen en el marco de la ley e incluso podrían ayudar a desaparecer aquellos donde los maltratos persisten. No obstante, indica que es responsabilidad del Estado atender esta problemática.
“Si queremos ayudarles a todas las cabezas y líderes de estos centros, que se acerquen, para que los apoyemos a certificarlos, ya que de esa manera será más grande la oferta de sitios que sí cumplen con la ley; es decir, que tienen un estado sanitario, profesionalismo, capacitación, buenas prácticas y respeto por los derechos de los pacientes. Podríamos trabajar con ellos.
“En última instancia, pensamos que el Estado puede recuperar su obligación [de] atender esta situación.
“Si nosotros mejoramos nuestra capacidad de atención, creemos que cada vez serán menos centros clandestinos, porque tendrán menos demanda”, explica.
