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En la tragedia de Tláhuac, donde cinco menores de edad murieron en un accidente automovilístico, no habrá castigo, sancionados ni imputados. En este caso, las autoridades no contemplan prisión o un llamado de atención para los padres del niño de 12 años que manejaba el Pontiac G3 al momento del choque, pues aunque se les pudiera achacar la “omisión de cuidados”, esta falta no amerita la prisión preventiva.
Lo anterior ha desencadenado un debate entre asociaciones civiles en defensa de los derechos de los niños, abogados e incluso, aquellos que están a favor de las víctimas, pues mientras al niño, presunto responsable de la tragedia, las leyes lo protegen, pareciera que estas mismas dejan en el olvido a los familiares de quienes murieron, pues aunque se les da apoyo psicológico e incluso económico para los gastos funerarios, nada reparará el daño ocasionado.
Sin embargo, todos coinciden en que la tragedia debe marcar un precedente para que una situación similar no se vuelva a registrar. Los derechohumanistas refieren que se debe trabajar en las delegaciones del sur de la ciudad para la reconstrucción del tejido social, mientras que los abogados, van por endurecer las sanciones en la omisión de cuidados, así, se podrá tener más atención a los hijos.
“El tema es muy complejo empezando porque no se puede castigar la tragedia con otra tragedia, es decir; hay que imaginarnos por todo lo que está pasando el niño de 12 años y los propios padres como para que encima, lleguen las autoridades y les digan que los van a separar y que el niño será llevado a un albergue, el shock es terrible para ambos, se debe de actuar de otra manera”.
“Ahora, aquí, el niño tiene beneficios y la ley lo protege, él por nada del mundo puede estar en prisión, a los padres posiblemente se les pueda imputar la omisión de cuidados, pero para esto se le debe de aplicar una serie de exámenes y se debe de documentar que la omisión era constante y no sólo de una vez, aún así, la omisión de cuidados no amerita prisión preventiva, así que tampoco irían a prisión”, explica el abogado Gabriel Regino al ser cuestionado sobre el tema.
Por su parte, José Luis Arellano, integrante de la organización Por una Niñez Saludable, dice que la tragedia debe marcar un precedente para todos los capitalinos, pues más allá del castigo o buscar un culpable, se debe asumir responsabilidades, desde los padres de familia, las personas que observaron al niño manejando y no intervinieron, hasta las propias autoridades.
“En este país lo primero que se hace es señalar y buscar culpables cuando en ocasiones no debe ser así, en este caso por ejemplo, primero hay que ver si de verdad hubo una omisión o fue una travesura, no sabemos si el niño con frecuencia tomaba el carro o solamente fue esa vez y sin embargo, ya estamos juzgándolos, si hubo una omisión”.
En este tema, el DIF capitalino es quien se está encargado del bienestar del niño y su familia, mientras que la Procuraduría capitalina de las investigaciones, aunque se advierte, que no habrá castigo para nadie.
