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La arribazón de cientos de miles de toneladas de la macroalga del sargazo a las costas del Caribe mexicano ha sido motivo de alertas, que aumentaron desde 2018 y en los últimos meses, dirigidas a los tres órdenes y niveles de gobierno para que coordinen acciones que protejan al ecosistema, atractivos turísticos y la salud pública. Sin embargo, en esta cruzada el Senado ha sido omiso.
En un reciente intento, la Cámara Alta abortó un exhorto a una reunión de trabajo en la que llamaba a los secretarios de Marina, Medio Ambiente y Relaciones Exteriores a exponer las estrategias para atacar el problema.
En comisiones, el exhorto “urgente” no avanza para que la Secretaría de Gobernación emita una Declaratoria de Emergencia, que sería el preámbulo de la Declaratoria de Desastre Natural, por la presencia de sargazo.
Llamados, incluso, a que el Presidente de la República “asuma su responsabilidad” ante el problema sin solución, se han estancado tanto en el Senado como en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La senadora Mayuli Latifa Martínez (PAN) dijo que la presencia masiva de sargazo en el litoral del Caribe, que este año podría alcanzar un millón de toneladas: “Se trata de un fenómeno natural que directa e indirectamente afecta a la economía nacional, pone en riesgo la salud de la población y trastorna los ecosistemas costeros del litoral mexicano”.
Informó que tan sólo durante agosto de 2015, arribaron a las costas de Quintana Roo 320 metros cúbicos de sargazo por kilómetro cuadrado de playa por día. Para su remoción se ocuparon más de cuatro mil 400 trabajadores.
De marzo a junio de 2018, la llegada anormal de toneladas de la macroalga “originó una severa afectación a todo el ecosistema costero”, indicó Martínez Simón.
“La cantidad de sargazo que llegó en enero de 2018 cubrió cinco mil hectáreas, y en enero de 2019 casi se triplicó con 15 mil hectáreas”, apuntó.
En tanto, la Universidad de Florida, con base en un monitoreo satelital, reportó “la existencia de masas flotantes en océano abierto, a gran escala, con la gran probabilidad de que llegarán a playas de Quintana Roo”.
A su vez, la senadora Verónica Noemí Camino (PVEM) afirmó que tan sólo en 2017, por actividades turísticas Quintana Roo recibió casi 17 millones de visitantes, con una derrama económica de 8 mil 810 millones de dólares.
En la actualidad, la crisis del sargazo afecta la actividad turística y vulnera los atractivos, que son las playas, así como los arrecifes afectados por la falta de luz.
Camino Farjat explicó que la macroalga se ha vuelto una amenaza muy notoria desde 2015, “debido a la contaminación por basura, principalmente por residuos plásticos y vertido de sustancias químicas que perturban el hábitat de diversas especies”.
Indicó que el estado debe proteger los derechos de los ciudadanos, respecto del medioambiente. Por eso resaltó que se requieren estrategias para salvaguardar los intereses de la población de Quintana Roo.
El sargazo es una macroalga marina del Mar de los Sargazos, nombrado así por los marinos Cristóbal Colón, ubicado en el Atlántico, que ocupa grandes extensiones. Nutrientes de la basura en el mar y las temperaturas más altas de la época han incidido en su proliferación masiva.
La legisladora Camino Farjat dejó en claro que “por falta de presupuesto, los esfuerzos de la población como de las dependencias aún no han sido suficientes para atender esta problemática”.
Por ello, “al no tener material ni presupuesto, la gente de Quintana Roo que recoge esta macroalga ha presentado malestares en las vías respiratorias, así como el brote de enfermedades gastrointestinales”.
La senadora por Yucatán detalló que están detenidos proyectos sustentables de utilización del sargazo en la industria alimentaria, en generación de biocombustible, alimentos y abonos para ganado y la agricultura, en elaboración de utensilios de cocina, así como de calzado deportivo.
Para ello, la legisladora propuso un punto de acuerdo para que se establezcan mesas de trabajo en las que participe el Grupo Técnico Científico, integrado por 12 secretarías y entidades federales, así como el gobierno de Quintana Roo, los municipios y el sector turístico afectado.
La diputada Martha Angélica Zamudio (Movimiento Ciudadano) afirmó que por el sargazo la entidad enfrenta “una verdadera crisis económica y ambiental”.
Lamentó que haya falta de coordinación entre Semarnat, Sectur, Conacyt y el gobierno de Quintana Roo. Presentó una proposición para que juntas estas partes “puedan concertar una política integral para el manejo, disposición y reutilización del sargazo, cuyo volumen crece cada día más”.
