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Cancún.- El Juzgado Segundo de Distrito, radicado en Quintana Roo, dictó el auto de formal prisión al expolicía judicial del estado, Miguel Mora Olvera, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, en diciembre del 2005.
El lunes pasado, al vencerse el término constitucional para definir la situación legal del expolicía, el juez Segundo -Gerardo Vázquez Morales- resolvió dictar el auto de forma prisión a Mora Olvera, lo que implica la apertura del juicio para determinar si es o no responsable del delito que se le imputa.
El procesado tiene posibilidad de apelar, por lo que se espera que, a través de su abogada Evelyn Alejandra Cen Bacelis, promueva un amparo en el que exponga que su grado de participación se limitó a conducir a los policías judiciales que llegaron de Puebla para detener a Cacho Ribeiro, como parte de los convenios de colaboración entre las entonces Procuradurías.
El delito de tortura está previsto en el artículo 3º de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y establece que es cometido por el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona, dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, de la persona torturada o de un tercero, información o una confesión o castigarle por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido o coaccionarle para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
Mora Olvera fue detenido en Cancún el 15 de octubre pasado, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en octubre de 2018, ejecutada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de un primer intento fallido por capturarlo en noviembre de 2018, en la ciudad de Chetumal.
Desde el 27 de noviembre de aquel año, había dejado de presentarse a cumplir con sus funciones, de acuerdo con la Fiscalía General del estado, quien dio a conocer que se encuentra sujeto a un procedimiento de remoción que inició el 30 de enero pasado, por parte del Consejo de Honor y Justicia.
El exjudicial se encuentra en la cárcel de Cancún, en donde también están recluidos el pederasta Jean Succar Kuri, sentenciado a más de 100 años de prisión por el delito de pornografía infantil; José Montaño Quiroz, uno de los agentes de la Policía Judicial de Puebla quien detuvo y torturó a Cacho Ribeiro; detenido en octubre de 2017, fue sentenciado a cinco años y tres meses de cárcel al encontrarlo culpable por ello.
También se encuentran presos aquí, en la espera de sentencia, el excomandante Juan Sánchez Moreno, detenido en abril de este año y el exagente judicial Alejandro Rocha Laureano, detenido en 2018.
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Pasado el mediodía del 16 de diciembre del 2005, agentes de la Policía Judicial de Puebla, arribaron a las oficinas del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM-Cancún) para detener a Lydia Cacho, quien en esa época dirigía a la organización y el refugio de máxima seguridad para atender a víctimas de violencia feminicida.
Cacho Ribeiro había publicado un año antes el libro “Los Demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía”, que profundizaba sobre la integración y operación de una red de pederastia, encabezada en Cancún por Jean Succar Kuri -sentenciado a más de 100 años de cárcel por pornografía infantil- y en la que se involucra a Kamel Nacif Borge, empresario asentado en Puebla.
Nacif, conocido como “el rey de la mezclilla”, respondió con una demanda penal en contra de la también defensora de los derechos humanos, por difamación y calumnias y pactó su “escarmiento” con el entonces gobernador poblano, Mario Marín, de acuerdo con una serie de audios que se hicieron públicos en febrero del 2006.
Como parte de la colaboración entre Procuradurías, los judiciales que detuvieron a Cacho Ribeiro, en Cancún, fueron guiados por el entonces policía judicial, Miguel Mora Olvera, quien recibió la orden de guiarlos hacia el CIAM, dado el desconocimiento que los agentes poblanos tenían sobre cómo ubicarse en la ciudad.
Mora Olvera no acompañó a los judiciales que torturaron a la escritora y activista durante el trayecto terrestre hacia Puebla.
Sin embargo, derivado del análisis hecho por el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, que falló sobre el caso el 31 de julio de 2018, se desprende que la tortura psicológica y física en contra de Lydia Cacho, inició desde su detención en Cancún y no se limita a los agravios que recibió durante las 20 horas de camino a Puebla -tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte, violencia verbal y física- hasta su detención en la Procuraduría de aquella entidad.
