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“Para ella no”, fue la respuesta que hace tres años escucharon Citlali y sus padres, los tres indígenas mazahuas de una comunidad del Estado de México, cuando intentaron inscribir en la primaria comunitaria a la niña, quien tiene hoy de 9 años. La razón: Citlali vive con Síndrome de Down y la escuela no tenía capacidad para atenderla.
Hoy, tres años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la familia: el Estado mexicano está obligado a proveer las condiciones necesarias para que Citlali vaya a la escuela sin ser discriminada, con todos los apoyos y ajustes necesarios. En términos prácticos, esto quiere decir que deberá ser el sistema educativo el que se adapte a la niña para poder cumplirle su derecho a la educación.
“La sentencia (obtenida por unanimidad) es un parteaguas para entender la educación inclusiva, que ya está en la ley, y ahora habrá que materializar esto. El efecto práctico para todo el país es que la educación debe ser inclusiva, no podemos seguir segregando y tener una educación para unos pocos, como si fueran algo extraño. La educación debe ser una sola con la atención de las cualidades que cada uno tenga, debe ser inclusiva”, dijo el abogado Fabián Aguinaco.
En términos prácticos, esto implica que Citlali deberá continuar con el acompañamiento de un profesor “sombra” que la auxilie y le dé atención especial durante las clases, que las autoridades educativas deberán modificar la infraestructura de la escuela para ajustarse a las necesidades de la niña; y lo más importante: que no se le podrá volver a negar el servicio educativo como consecuencia de su condición.
De acuerdo con el Centro Estratégico de Impacto Social (CEIS) y la organización Mexicanos Primero, que llevaron el amparo desde hace tres años la decisión podría tener un impacto en todo el sistema educativo.
Hoy, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 272/2019 que se interpuso hace tres años y que considera que, tal como se estaba impartiendo, la educación era inconstitucional porque no era inclusiva y segregaba, “lo que hacía que los alumnos con discapacidad fueran orillados a no estudiar”.
“La sentencia señala que la educación debe ser un proyecto inclusivo para todos”.
Citlali es una niña mazahua de 9 años de edad que actualmente cursa el cuarto grado de primaria. Para ella y para su familia, lograr primero un diagnóstico de su condición y conseguir que pudiera ingresar primero al preescolar y luego a la primaria en su comunidad de el Estado de México, ha sido una pesadilla de trámites burocráticos.
La situación de la familia llegó a ser tan difícil que, cuando Citlali todavía era una bebé, los médicos del centro de salud al que la llevaron sus padres para tratarle una infección les sugirieron que la dejaran morir porque, “una niña con esa enfermedad, sufre mucho”.
De ahí todo fue cuesta arriba, platicó David Calderón, presidente de la organización Mexicanos Primero que ha acompañado el proceso legal para que Citlali pueda asistir a clases: en la primaria, la directora les dijo que “para ella no” habría servicio educativo, puesto que el subsistema de educación indígena, “no tiene cabida para personas con discapacidad”.
La enviaron a un Centro de Atención Múltiple en la ciudad de Toluca localizado a 45 kilómetros de distancia de su comunidad, donde les dijeron que la condición de Citlali no era tan grave y que podría ir a la escuela. A la familia se le terminaron las opciones y fue cuando buscaron apoyo para que la niña pudiera seguir estudiando la primaria.
Después de tres años de litigar el caso, este llegó finalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde ayer, en una decisión unánime, la segunda sala resolvió que Citlali deberá ejercer su derecho a aprender en la escuela.
