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Los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) calificaron de “inaceptable” que en materia de seguridad se les pretenda “supeditar” bajo la figura de los llamados “coordinadores estatales” impulsados por el próximo gobierno federal, medida con la que quedarían, junto con los fiscales locales, solamente como “meros invitados”.
Los 12 gobernadores firmantes señalaron que lo anterior no nada más pone en riesgo objetivos claros en la materia, sino que resulta “inconcebible” que sea una solución de fondo al problema de la inseguridad y de la delincuencia que se vive en el país, “sin la concurrencia efectiva” de los gobiernos estatales.
En una carta dirigida al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmaron estar abiertos a cooperar con las autoridades federales, en el entendido de que la colaboración no debe ser vista como “sometimiento de los órdenes locales”, sino que se debe incluir a quienes legítimamente y legalmente fueron elegidos para gobernar, como es su caso.
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“No se impone desde el centro. El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía de la población y atención a las peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones peculiares de cada entidad federativa”, manifestaron en un desplegado.
Las mandatarios blanquiazules aseguraron que la colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica “estrictamente institucional”, además de “blindarla” de componentes y “fines políticos electorales”, con la intención de hacer un campo de neutralidad política que esté por encima de diferencias “ideológicas”, considerando factores de responsabilidad legal y representatividad entre autoridades, eficiencia, secrecía y profesionalismo.
Afirmaron que el camino del entendimiento está trazado en la Constitución, en el federalismo, en la división de poderes, en el respeto a los derechos y libertades, así como en el diálogo incluyente y participativo, por lo que advirtieron que cualquier “atajo” en ese camino sólo conduce a desencuentros que siempre “pagan muy caro todos los mexicanos”.
Al reiterar su voluntad al diálogo y colaboración con el nuevo titular del Ejecutivo federal, los panistas externaron que la función de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad no es la de los primeros respondientes, sino el último recurso del Estado para preservarse, pues los primeros en responder son los gobernadores por haber sido votados para velar por la tranquilidad de sus entidades.
“No podemos pedir más a las Fuerzas Armadas de manera indeterminada si de la mano no trazamos una ruta de mejora de las policías civiles federales, especialmente, estatales y municipales”, precisaron.
Omisión. Los gobernadores refirieron que la presencia de las Fuerzas Armadas responde a la necesidad provocada por la “omisión política” de construir policías civiles, pues si bien están de acuerdo en la imperiosa necesidad de que éstas continúen apoyando a la seguridad de la sociedad, su participación debe ser en acciones de auxilio y colaboración en circunstancias especialmente apremiantes.
Es decir, donde se ponga en riesgo la soberanía e independencia nacional, la continuidad del orden constitucional, la integridad del pacto federal, la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos, asentaron.
Los mandatarios de Acción Nacional suscribieron que a México le urge establecer políticas de largo plazo e invertir recursos en el reclutamiento, profesionalización y dignificación salarial y gremial para las policías federal y locales, bajo un diseño institucional que precise los tramos de responsabilidad y los mecanismos de colaboración, auxilio y sustitución subsidiaria.
Plantearon fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el esfuerzo del Estado mexicano en esta materia se oriente a objetivos claros, transparentes, medibles y evaluables, “un sistema que fije con eficacia las obligaciones, procesos y consecuencias para que cada componente de la unión haga bien la parte que le corresponde”, dijeron.
Sin la firma del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, externaron que el camino para resolver el gran pendiente de la seguridad es, por un lado, atender las causas criminógenas del delito y de la violencia.
Tras reconocer que el federalismo enfrenta problemas y desafíos “incuestionables” en materia hacendaria y de seguridad, los panistas añadieron que esta deficiencia tiene que ser el punto de partida para que el Estado construya capacidades suficientes y eficaces que garanticen los derechos de las personas, presten servicios públicos con eficiencia, se preserve la gobernabilidad y se haga valer el Estado de derecho.
La carta fue signada por los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; de Baja California, Francisco Vega de la Madrid; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Chihuahua, Javier Corral Jurado; Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Diego Sinhúe Rodríguez; Nayarit, Antonio Echevarría García; Puebla, Antonio Gali Fayad; Querétaro, Francisco Domínguez Servién; Quintana Roo, Carlos Joaquín González; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y Yucatán, Mauricio Vila Dosal.
Realiza exhorto. Por separado, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, también envió un mensaje a López Obrador, para exhortarlo a que respete la soberanía de los estados y municipios, pues la figura de los superdelegados es contraria al pacto federal, además de que no concuerda con el acuerdo de perdón y olvido a corruptos, ni a que el presupuesto a las entidades esté sujeto a una mayoría parlamentaria.
“Este pronunciamiento no es un acto de rebeldía o insurrección. Es un acto de congruencia y de responsabilidad al que esperamos se sumen muchos más estados del país. Si no somos capaces de levantar la voz hoy, corremos el riesgo de que las voces de las regiones, estados y municipios de este país sean borradas para siempre”, expresó.
