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Buscan sancionar con 20 años de prisión a hackers en Guanajuato

El pasado 15 de mayo, Héctor Ortiz, “El H-1” o “Bandido Boss", y siete personas más, entre ellas dos mujeres, fueron detenidos en León por la Fiscalía General de la República
Foto: Especial
24/05/2019
09:00
El Universal
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Luego de la captura del grupo de hackers denominado Bandidos Revolution Team que extrajo millones de pesos de los bancos, la fracción parlamentaria del PAN  propuso castigar con 20 años de prisión el “hackeo” en  Guanajuato.

Este jueves, en representación de la bancada panista, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, presentó al Congreso Local una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para incorporar el capítulo de delitos informáticos,  como el “hackeo y la usurpación de identidad”.

“Con esta reforma atendemos en el ámbito digital la exigencia número uno en Guanajuato, la seguridad, pues en muchas ocasiones las tecnologías de la información se utilizan para cometer conductas ilícitas”.

Dijo que es necesario avanzar en la seguridad digital para evitar la información sea utilizada em a comisión de ilícitos en perjuicio de las personas, empresas o instituciones de gobierno.

El pasado 15 de mayo,  Héctor Ortiz, “El H-1” o “Bandido Boss" y siete personas más, entre ellas dos mujeres,  fueron detenidos en León por la Fiscalía General de la República  por su probable participación en el robo a los bancos por medio del hackeo, hasta alcanzar una fortuna, con la queadquirieron propiedades, autos de lujo y acumularon efectivo.

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La propuesta de ley describe sanciones para quienes ingresen o destruyan sistemas o bases de datos sin autorización, o anulen los sistemas de seguridad para modificar o copiar de manera ilegal información contenida en los sistemas del Estado o de particulares.

También añade una agravante por usurpación de identidad, en el caso de que, para cometer el delito se haga uso de sistemas o equipos de informática.

La legisladora explicó que cuando el responsable sea parte de una institución de seguridad pública, procederá en su contrala destitución o inhabilitación de un cargo público  por un periodo de cuatro a diez años.

Las penas contempladas para los delitos antes mencionados van de los 6 meses hasta 20 años de prisión y  multas económicas de 200 a mil 500 salarios mínimos.

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