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Con escoltas, protocolos de comunicación o acompañamiento de policías en eventos y traslados, así recorren colonias y municipios al menos 214 candidatos a puestos de elección popular a una semana del 1 de julio, fecha en la que se disputarán 3 mil 400 cargos.
Estos candidatos en riesgo están regados en 16 estados y, aunque en la lista figuran entidades del norte y del centro del territorio nacional, es principalmente en la costa del Pácifico donde hacer campaña se ha convertido en una actividad en la que se juega la vida, pues en seis entidades de esta franja se acumulan 30 de los 47 asesinatos de aspirantes de septiembre a la fecha.
En estas mismas entidades existen al menos 54 candidatos bajo protección.
Seguridad estatal
De acuerdo con un recuento realizado por EL UNIVERSAL, hasta el 23 de junio sumaban 215 los candidatos con medidas de protección proporcionadas por gobiernos locales, a través de las policías estatales y fiscalías. Esta cifra es independiente a los 12 candidatos que cuida la Policía Federal, y a las otras 39 solicitudes que están en análisis, según lo informado por el comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob), Renato Sales.
Aunque Guerrero sigue a la cabeza con 14 homicidios de aspirantes y también era en el que más candidatos protegidos había, hace unos días fue relegado al segundo lugar. Así la lista de las entidades en donde hay más candidatos en riesgo es encabezada por Puebla, donde el secretario de Gobierno, Diodoro Carrasco, informó que son 50 los casos donde se les brinda protección.
Guerrero le sigue de cerca con 40 casos donde policías cuidan a candidatos, según reveló el propio gobernador Héctor Astudillo. El tercer lugar lo ocupa San Luis Potosí. Ahí sólo se ha registrado un asesinato, pero suman 30 los que están bajo un protocolo de protección, que puede consistir en vigilancia permanente o en eventos públicos, en función del nivel de riesgo al que se enfrenta.
Un caso particular es el de Coahuila, que con 15 personas con seguridad ocupa el cuarto lugar, pues todas las solicitudes de protección se presentaron después del ocho de junio, fecha en la que fue asesinado el priísta Fernando Purón, el único candidato a diputado federal con registro que ha sido últimado.
Por el número de candidatos en riesgo que tienen protección, Guanajuato y Oaxaca comparten la quinta posición, pues en ambas entidades suman 10 los aspirantes con seguridad. La lista la complementan Nuevo León y Estado de México, con nueve casos; Morelos con siete; Tamaulipas y Michoacán, con seis; Chihuahua, Veracruz y Tabasco con cinco; Hidalgo con cuatro y Zacatecas con tres.
Además en otras tres entidades existen 19 solicitudes que haste el cierre de esta edición las autoridades locales no han informado si se concretaron, incluida la petición en Sonora de la periodista Lili Téllez, candidata al Senado por Morena, quien denunció amenazas y presentó dos denuncias ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR). Otras 15 peticiones se contabilizan en Jalisco, entre ellas la del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Enrique Alfaro; tres más se registran en Colima.
Aspirantes a ediles, los vulnerables
En menos de 24 horas entre el 20 y el 21 de junio en Michoacán asesinaron a dos candidatos a alcaldías: Omar Goméz, quien buscaba la presidencia municipal de Aguililla por la vía independiente, y Fernando Ángeles, que pretendía ser edil de Ocampo por el PRD. Se trata de los últimos crímenes cometidos contra aspirantes a puestos de elección, mismos que desataron una serie de pronunciamientos contra la escalada de la violencia política. Si se considera que 27 de los 47 aspirantes que han sido asesinados en lo que va del proceso electoral buscaban llegar a una presidencia municipal, es lógico pensar que quienes pretende hacerse con uno de estos cargos son los que están en mayor riesgo.
De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades de las 16 entidades que tienen candidatos con protección son al menos 50 aspirantes a alcaldías los que cuentan con seguridad, más 13 peticiones pendientes en Jalisco; no obstante, la cifra está incompleta pues cinco estados que concentra la mayoría de candidatos no revelaron el cargo de aquellos que cuentan con seguridad, para no máximizar el peligro.
“Violencia por concurrencia”
Para Ruben Salazar, director de la consultoría Etellekt, especializada en análisis de riesgos políticos, que la violencia se haya ensañado con los candidatos a alcaldías podría explicarse a partir de la naturaleza misma del proceso electoral, donde por primera vez concurren las elecciones presidenciales, el cambio de ocho gubernaturas y la renovación de 2 mil de las 2 mil 400 alcaldías del país.
“En buena medida es por la concurrencia, me parece que hubo una pésima planeación del gobierno federal, en este proceso se disputan casi todas las alcaldías del país, si a eso sumas regidurías y sindicaturas tenemos una elección con más de 18 mil puestos que se celebra al mismo tiempo en estados tan problemáticos como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla”, explica. La complejida de estos estados, agrega, se refleja en las causas detrás de los homicidios de aspirantes a ediles, que pueden ir desde conflictos familiares, disputas políticas, narcotráfico y delincuencia organizada.
Para el director de Etellekt el caso de los estados del litoral del Pácifico es el que mejor explica la ola de violencia a nivel municipal. Señala que en estas entidades existe un debilitamiento institucional cada vez más severos, motivado principalmente por la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación y los operativos contra esta agrupación, que provocan su reaccion violenta contra funcionarios y autoridades.
A ello se suma un incremento en la oferta y demanda de la cocaina, sustancia que se está introduciendo a través de varios puertos del Pacífico mexicano. “Eso esta provocando una mayor presión para las autoridades en funciones y para los candidatos; finalmente estas agrupaciones sí buscan tener un control y una influencia en las futuras autoridades, los requieren para controlar territorios y rutas”.
El especialista prevé que la actual situación no terminará el 1 de julio, para lo cual cita que además de los homicidios de 47 candidatos también se cuentan 351 crímenes de funcionarios no electos.
“Esta violencia va a continuar, se va a incrementar, no sólo contra autoridades electas, sino contra sus funcionarios, porque estas agrupaciones siempre buscan tener una incidencia en estas estructuras de gobierno. Al no poder lograr esos acuerdos con los alcaldes, pues van haciéndolo mediante estructuras burocráticas menores, secretarios, directores, y a la policía, que siempre buscan cooptar”.
***Con información de corresponsales
