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Insabi pide 9 mmdp para ventiladores, monitores y camas

Instituto busca comprar ventiladores, monitores y camas de terapia intensiva; requerimientos los hizo a la Secretaría de Hacienda desde el pasado 27 de marzo
Insabi pide 9 mmdp para ventiladores, monitores y camas
Archivo EL UNIVERSAL
25/04/2020
01:05
Noé Cruz Serrano
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La intensidad de la contingencia sanitaria por el Covid-19 está demandando mayores requerimientos de equipo médico.

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) busca adquirir más equipamiento médico para la atención de la emergencia epidemiológica, como ventiladores adulto-pediátrico, monitores de signos vitales avanzados, camas de terapia intensiva y rayos X portátiles y de ultrasonido point of care.

Al mismo tiempo sustituirá, a nivel nacional, los equipos para diagnosticar el coronavirus, entre termocicladores de tiempo real, ultracongeladores verticales, equipos de transferencia eléctrica y robots de extracción, para reducir, en la medida de lo posible, los índices de morbilidad y mortalidad provocados por la pandemia.

Los oficios de estos requerimientos, firmados por Juan Antonio Ferrer Aguilar, director General del Insabi, representan el mayor monto de recursos solicitado por el instituto en lo que va de la contingencia sanitaria, estimado en 9 mil 337.5 millones de pesos.

De ellos, 9 mil 164.4 millones corresponden a la compra de 4 mil 260 ventiladores adulto-pediátrico; 3 mil 41 monitores de signos vitales avanzados; mil 818 camas de terapia intensiva; 56 equipos de rayos X portátiles, y 187 equipos de ultrasonido point of care.

Los otros 168.1 millones de pesos corresponden al requerimiento de 55 termocicladores de tiempo real; 104 ultracongeladores verticales de diferentes especificaciones; un equipo de transferencia eléctrica; 43 robots de extracción; un equipo de análisis de información y diagnóstico para secuenciación; siete lectores de código de barras; 10 equipos para análisis de información, y diagnóstico para PCR en tiempo real.

Los documentos fueron turnados desde el pasado 27 de marzo a Jorge Nuño Lara, titular de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a fin de registrarlos en el Sistema de Programas y Proyectos de Inversión de dicha dependencia.

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En lo que va del año y como parte del programa para atender la emergencia epidemiológica, el Insabi ya había solicitado 185.3 millones de pesos para la adquisición de 150 ventiladores adulto-pediátrico, 200 monitores de signos vitales y 245 oxímetros de pulso portátil, que serán distribuidos a las entidades federativas del país, considerando las unidades médicas del IMSS Bienestar, ISSSTE y de la Secretaría de Salud, “con el fin de hacer frente a las necesidades surgidas por el Covid-19”.

Había pedido también mil 437.2 millones de pesos para adquirir 174 ventiladores adulto-pediátrico más, 162 monitores de signos vitales y 318 oxímetros de pulso portátil, así como dos equipos porta count pro model 8038.

Al igual que el resto de las instituciones de salud, como el IMSS e ISSSTE, el Insabi pidió a la SHCP registrar en cartera los proyectos de inversión bajo el supuesto de excepción en la elaboración y presentación de los respectivos análisis costo-beneficio, por considerar que “la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país, dada la pandemia originada por la transmisión del virus identificado como coronavirus, se ubica y asimila a la naturaleza de un desastre natural.

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“Por ello se debe apreciar la atención prioritaria e inmediata del fenómeno epidemiológico, en relación con la íntima vinculación que los insumos respectivos guardan con la atención indicada”. Se acoge al artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, la cual subraya:

“En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de una declaratoria de las emergencias o desastre natural (…) las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejecutarán las medidas de seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y su entorno para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad”.

 

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