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El gobierno de Nuevo León clasificó como reservada la información sobre el aumento otorgado a María Teresa Martínez Galván, suegra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, y mintió a tres colectivos ciudadanos que solicitaron esos datos, al afirmar que no podía entregarlos porque, “forman parte de una investigación”, ya que precisamente la Fiscalía Anticorrupción multó a tres dependencias por no atender el requerimiento de esa información.
Este jueves, Liliana Flores Benavides, del colectivo Nosotros; Gilberto Marcos, de Vertebra; y Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, acudieron a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León a presentar una impugnación o recurso de revisión.
El recurso fue presentado ante la negativa de la Secretaría de Administración del gobierno estatal para informar sobre la movilidad salarial y el cargo o cargos que ostentó la suegra de “El Bronco” en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde recibió un incremento de 133 por ciento, en un periodo de sólo 14 meses, a pesar de que diez de ellos estuvo con licencia para buscar la alcaldía de Santa Catarina por la vía independiente.
La Secretaría de Administración negó la información bajo el argumento que doña Tere ya no trabajaba en Seguridad Pública, porque ahora es pensionada, y más aún, clasificó como reservada toda la información de la suegra del gobernador, en una decisión que no se justifica, pues no corre riesgo alguno la señora Tere, y “El Bronco” debería de explicar a la gente lo que pasa con los recursos públicos para evitar que sigan los cuestionamientos ciudadanos, señalaron Benavides, Marcos y Ramos.
Agregaron que, haciendo una interpretación perversa y a modo de la ley, la Secretaría de Administración alegó que la información se clasifica porque es parte de una investigación judicial, sin embargo no han entregado un solo documento a la Fiscalía Anticorrupción y el propio fiscal especializado, Javier Garza y Garza, dio a conocer que ya fueron multados por desatender los requerimientos para avanzar en las indagatorias, ante el “aumentazo” a doña Tere.
Explicaron que hasta hoy se han aplicado tres multas de dos mil pesos cada una para Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, el Isssteleón y la Secretaría de Seguridad Pública; pero el fiscal anticorrupción Garza y Garza aseguró que si no entregan la información la siguiente será de cien mil pesos, posteriormente se acudiría a exigirla mediante la fuerza pública, y finalmente se sancionaría con un arresto al funcionario responsable.
La Comisión de Transparencia debe atender el recurso de revisión a la brevedad, dado el interés público que representa, y por tratarse de un caso de corrupción no puede ser clasificado, pues así pretendieron hacerlo con el cobijagate (cobijas adquiridas al triple de su valor), y al final tuvieron que abrirlo, comentaron los representantes de las organizaciones ciudadanas.
Estimaron que clasificar como reservada la información es una acción leguleya y hace presumir “que están haciendo tiempo, para armar un expediente que no tienen”.
Además consideraron que podría existir un claro conflicto de interés, ya que Gerardo Treviño Delgado, quien ocupaba el puesto de director de Recursos Humanos en Seguridad Pública –donde trabajaba como coordinadora la suegra de El Bronco-, llegó al mismo puesto en la Secretaría de Administración, cuando el jefe de área y al menos diez empleados de dicha dependencia fueron despedidos, al filtrarse a la prensa el aumentazo a la suegra de El Bronco, con lo que se da a pensar que pudo ser enviado para actuar como “defensor de oficio” de Doña Tere.
Los denunciantes señalaron asimismo que el encargado de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Administración, Adrián Raymundo Granados de Anda, es también director jurídico de la misma; un contrasentido, pues el jurídico está para defender a la Secretaría, mientras la Unidad de Transparencia, es para velar por el cumplimiento de la Ley de acceso a la Información pública, y no debería ser la misma persona.
