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Retirar de la Constitución evaluación educativa, pide senadora del PT

Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nayarit, presenta iniciativa para reorientar dicha valoración; sostiene que al acceder a una plaza docente, el aspirante debe confirmar que tiene el perfil para impartir enseñanza
Cora Cecilia Pinedo Alonso, senadora del PT. Foto: Especial
25/09/2018
03:27
El Universal
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Ciudad de México.- La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso (PT) presentó una iniciativa de reforma al artículo 3 de la Constitución, a fin de que la evaluación, parte esencial de la reforma educativa, sea retirada del texto constitucional y sólo se encuentre en el nivel de las leyes.

Propone, en complemento, que el Congreso de la Unión, decline de la facultad que se otorgó, en la misma reforma educativa, para establecer el Servicio Profesional Docente.

El proyecto de Pinedo Alonso que sacude la estructura de la reforma educativa, explica en las consideraciones de su iniciativa, "tiene el objeto de reorientar la evaluación, y eliminar de la Constitución todo lo referente al ingreso, promoción y permanencia", de los docentes.

La senadora por Nayarit, establece: "Debe quedar claro que el ascenso a una plaza docente debe estar sujeta a un proceso a través del cual se pueda conformar que el aspirante cuenta con los conocimientos y el perfil para el desempeño, proceso que debe ser definido y aprobado por las autoridades educativas".

Uno de los efectos del proyecto de cambio a la Constitución presentado por Pinedo Alonso queda expresado en uno de los artículos transitorios planteados en la iniciativa, donde se establece que "se derogan las disposiciones y leyes vigentes, en materia de Servicio Profesional Docente".

En reemplazo de esas derogaciones, "las autoridades educativas, en un plazo de 180 días, expedirán las disposiciones que normarán el ingreso y la promoción docente, producto de un diálogo con la comunidad educativa".

La permanencia de los docentes en sus plazas "se apegará a lo establecido en las leyes derivadas del Apartado B del artículo 123 Constitucional", y se dicta la disposición de que los gobiernos estatales armonicen su legislación, en seis meses, a este cambio.

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