Al ratificar que existe una investigación abierta por presuntas irregularidades en la declaración patrimonial de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, aseguró que en el gobierno federal no hay lugar para intocables.

En reunión con medios tras la firma de dos acuerdos entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para garantizar el acceso a versiones de calidad, la funcionaria indicó que la investigación al exsecretario de Gobernación está abierta y cuando se tengan los resultados se darán a conocer.

“La investigación está abierta, lo único que puedo reiterar en este caso es que no hay filias ni fobias, aquí no hay intocables, y vamos a seguir haciendo de la ley nuestra regla de oro”, comentó.

En una investigación realizada por los periodistas Carlos Loret de Mola y Arelí Quintero y publicada por EL UNIVERSAL el pasado 28 de agosto, se encontró que Bartlett Díaz declaró ante la SFP una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos; sin embargo, el reportaje señala que su fortuna es 16 veces más grande —sólo en propiedades—, y detalla que el director de la CFE ha obtenido 25 propiedades (23 casas y dos terrenos) por medio de familiares, empresas y presuntos prestanombres, con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos.

Ayer, Loret de Mola publicó en El Gran Diario de México que de 2001 a 2017, la familia Bartlett constituyó 10 sociedades, cinco encabezadas por su pareja Julia Elena Abdala Lemus y cinco por su hijo León Manuel Bartlett Álvarez. En otras dos, el titular de la CFE participa directamente: ambas fueron creadas antes del año 2000 y están aún vigentes en el Registro Público de la Secretaría de Economía.

Mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, aseguró que quienes están en la función pública están obligados a ser transparentes y a declarar todas sus propiedades y empresas con veracidad, además de respetar la Constitución, por lo que se pronunció porque el actual titular de la CFE responda y aclare.

Sobre este caso, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, recordó que la SFP abrió una carpeta de investigación por sus 25 propiedades y ahora tendrá más elementos al conocer que participa en empresas que no fueron dadas a conocer.

Se pronunció porque la Función Pública realice una investigación a fondo y que no haya impunidad.

Mario Delgado, líder de la bancada de Morena en San Lázaro, no quiso pronunciarse sobre si Bartlett Díaz debe separarse del cargo, y pidió esperar a que concluyan las investigaciones que realiza la Función Pública, dependencia que lo hará de manera seria, profesional y no como antes, como “tapadera”.

PAN pide separación. La fracción del PAN en el Senado solicitó al gobierno federal la separación de Bartlett Díaz como director de la CFE por las investigaciones sobre la fortuna que ocultó en su declaración 3de3, y por conflictos de interés denunciados.

La senadora Xóchitl Gálvez dijo que Bartlett Díaz tiene que separarse del cargo para que haya una investigación imparcial: “Nosotros estaremos ampliando la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, aportando estas nuevas evidencias y creo que la Secretaría de la Función Pública está obligada a pedirle que se separe del cargo. Está metidísimo en negocios relacionados con medicinas, con equipo médico, inclusive, eso genera un grave conflicto de interés”, afirmó.

Al referirse a Rosario Robles, extitular de la Sedesol, vinculada a proceso por la Estafa maestra, y a quien se le inhabilitó por 10 años por falsear información patrimonial, la titular de la SFP aseguró que esta inhabilitación fue dentro del marco de la ley y que incluso se aplicó la sanción más baja: “Se aplicó la ley, incluso se asignó la responsabilidad menor en términos de la ley que corresponde aplicar”.

Subrayó que la exsecretaria de Estado Robles Berlanga está en su derecho a impugnar la inhabilitación.

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