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La investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se ha desmoronado en los tribunales porque la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo Karam, y otras autoridades cometieron al menos 158 irregularidades al detener a 83 sospechosos.
Las anomalías, ocurridas entre octubre y diciembre de 2014, se refieren a actos de tortura, dilación indebida en la puesta a disposición, detenciones ilegales por falsa flagrancia, incomunicación de los sospechosos y privación de una defensa adecuada, entre otras.
De las 83 personas detenidas, 58, es decir 70%, ya se encuentran en libertad por violaciones a sus derechos humanos, mientras que el resto no pudo hacerlo porque tiene otros procesos legales abiertos.
La Policía Federal Ministerial de la PGR participó en 53 detenciones; la ministerial de Guerrero, en 22. El resto las hicieron la Secretaría de Marina y la Policía Federal.
Las 158 irregularidades, cometidas mientras Tomás Zerón de Lucio dirigía la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Jesús Murillo Karam la PGR, quedaron asentadas en un auto de libertad dictado el 25 de octubre de 2018 en la causa penal 66/2015, el cual fue resuelto por el juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas.
Dicho auto de libertad fue analizado y esquematizado por el equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que representa legalmente a los familiares de los normalistas desde que ocurrieron los hechos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El análisis realizado por el organismo arrojó que la “detención ilegal por falsa flagrancia” fue la anomalía más cometida por las autoridades, pues se presentó en 48 ocasiones.
En segundo lugar están los “actos que atentan contra la integridad de una persona”, es decir, la tortura. En éste se informó que 27 personas sufrieron agresiones de ese tipo cuando las autoridades buscaban recopilar información sobre el paradero de los normalistas.
En su edición del pasado lunes, EL UNIVERSAL reveló que, según testigos protegidos que colaboraron con la PGR entre 2010 y 2015, Zerón de Lucio habría sido cómplice en actos de tortura contra Patricio Reyes Landa, El Pato. Sin embargo, Reyes Landa, quien ahora se encuentra en libertad, no fue el único que sufrió estas vejaciones durante la investigación, también se torturó a dos personas clave para la verdad histórica: Jonathan Osorio Cortez, El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje.
Además de ellos, otras víctimas de tortura fueron los hermanos Miguel Ángel Ríos Sánchez, El Pozol, y Osvaldo Ríos Sánchez, El Gordo, quienes declararon que los estudiantes habían sido asesinados y posteriormente llevados a una fosa en la colonia Pueblo Viejo, ubicada entre Cocula e Iguala.
La misma suerte corrieron Carlos Pascual Jaimes, El Pollo; Ramiro Ocampo Pineda, El Chango; Raúl Núñez Salgado, El Camperra; David Cruz Hernández, El Chino; Darío Morales Sánchez, El Comisario, y Salvador Reza García, El Lucas.
Después de la falsa flagrancia y la tortura, el “exceso de los efectos jurídicos de una orden de presentación” fue la tercera irregularidad más cometida por las autoridades, al presentarse en 26 ocasiones.
Se refiere a que los sospechosos recibieron un citatorio para rendir su testimonio, pero cuando llegaron al Ministerio Público se les declaró formalmente detenidos, además, en algunas ocasiones, no tuvieron un abogado defensor.
La cuarta irregularidad, con 22 incidentes, fue la “detención ilegal por ordenarla de modo retroactivo”.
El equipo jurídico del Centro Prodh indicó que algunas detenciones por el caso Ayotzinapa no se hicieron en flagrancia, sino que la extinta PGR argumentó que el secuestro —con el cual se tipificó el caso— era permanente y que por eso se podía efectuar una captura en cualquier momento.
La quinta anomalía, con 15 incidentes, fue la “presentación no voluntaria” de los sospechosos ante el Ministerio Público, la cual ocurrió porque la PGR obligó a presentarse a declarar a algunos presuntos implicados en el caso.
El resto de las irregularidades son la dilación indebida en la puesta a disposición ante el Ministerio Público, con 13 casos; la privación de un abogado defensor, con seis, y la incomunicación, con uno.
Quedan 35 detenidos por Ayotzinapa. Luis Eliud Tapia Olivares, coordinador del Área de Defensa Integral del Centro Prodh, aseguró en entrevista que sólo quedan alrededor de 35 personas detenidas por participar directamente en la desaparición de los 43 normalistas.
Dijo que, si bien se ha dado una cifra más grande de personas aseguradas, sólo hay pruebas contra 35 de éstas, mientras que el resto podría ser gente acusada de delitos no relacionados con la desaparición de los estudiantes.
Sobre las anomalías de la PGR, Tapia Olivares expresó que “son graves, son un botón de muestra de cómo se investiga en México, muestra que no se tienen cuerpos de policía profesionalizados para hacer investigaciones científicas y muestra que, estando bajo el escrutinio nacional e internacional, la procuración de justicia no pudo hacer más que recurrir a las viejas prácticas”.
Consideró que resolver este ilícito pudo haber marcado un punto de inflexión para el sistema de justicia mexicano; sin embargo, las autoridades desaprovecharon esa oportunidad y “volvieron a caer en los mismos errores de siempre”.
El especialista lamentó que “en México se cometen delitos para investigar delitos y esto queda demostrado con Ayotzinapa. La caída del caso en los tribunales es consecuencia de esos errores iniciales, a la PGR le tomó tres meses sembrar una investigación irregular que concluyó con escandalosas liberaciones”.
Añadió que en octubre del año pasado el Poder Judicial se pronunció por este asunto, así como organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las cuales ya habían advertido sobre las vulneraciones a los derechos humanos de los detenidos.
A cinco años de la desaparición de los normalistas, urgió al actual gobierno a resolver el caso y revelar lo que ocurrió realmente en Iguala, Guerrero.
