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Los estados que más castigan a las mujeres por abortar son Guanajuato y Querétaro, sólo las exime de responsabilidad penal cuando el embarazo es consecuencia de una violación o pierden el producto por accidente, en cualquier otro caso se les sanciona con prisión.
En Chiapas, Nuevo León y Tabasco se criminaliza a las mujeres que sufren un aborto imprudencial culposo, es decir, que ocurre de manera espontánea, involuntaria o derivado de un accidente.
Un estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) muestra que en México hay ocho causales de aborto legal englobadas en los códigos penales de las 32 entidades, pero ninguna de ellas las abarca todas.
Las causales excluyentes de responsabilidad son: violación, peligro de muerte de la madre, imprudencial culposo, inseminación no consentida, afectación a la salud, alteraciones genéticas, causas económicas y por voluntad de la mujer.
GIRE encontró que de manera coincidente, en todos los estados está permitido el aborto cuando la gestación es debido a una violación. En cambio, la Ciudad de México es la única que en su norma establece el aborto legal por voluntad de la madre (hasta la semana 12 de gestación).
“Esto ha llevado a muchas chicas de diversas regiones del país a realizar ese procedimiento de forma segura en la Ciudad de México”, comentó María, integrante de la organización social Morras Aguascalientes, que por medio de las redes sociales las contacta y acompaña.
El estudio muestra que se sanciona el aborto, aunque la mujer esté en peligro de muerte, en Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Querétaro.
Las normas con más causales de aborto legal son las de Michoacán, Ciudad de México, Baja California Sur y Tlaxcala, con seis rubros cada una. Michoacán y Yucatán son las únicas entidades que consienten la interrupción del embarazo por razones económicas.
Norma Nolasco, fundadora del Grupo Unido de Madres Solteras de Guanajuato y miembro del Movimiento Amplio de Mujeres, señaló que en el país las leyes y políticas públicas no contribuyen a erradicar la violencia hacia las mujeres, sino que las agreden y criminalizan.
“Una cosa es el dicho y otra el hecho”, dijo la activista respecto a los discursos de políticos que hablan del respeto a la dignidad de la mujer. Un ejemplo son Guanajuato y Querétaro, donde se tienen las normas más restrictivas.
Ante ese tipo de violencia, las mujeres han tenido que salir a las calles, con el cántico feminista: “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios, saquen sus doctrinas de nuestras vaginas”. “Esto es más claro hoy que nunca en Guanajuato, que ha tenido una política castigadora, que no responde a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, acotó.
La activista destacó que las normas que castigan a las mujeres por tener un aborto se contraponen con el artículo 1 constitucional, que consagra el respeto a los derechos humanos. “Los derechos humanos deben atenderse de forma integral, no en pedacitos, el aborto es un derecho humano”.
Es evidente que se vive una “violencia institucional” con esas leyes que castigan y restringen, dañan, lastiman, laceran o menoscaban los derechos por el hecho de ser mujeres”, dijo.
“Si el estado, los municipios o la federación no atienen las políticas sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, están siendo omisos a los acuerdos, tratados y protocolos que México ha firmado y, por lo tanto, es un claro manifiesto de violencia institucional”, puntualizó.
Las políticas públicas y la omisión de quienes legislan ha hecho que las mujeres con recursos económicos viajen a la Ciudad de México y accedan a un aborto seguro y libre en cualquier hospital público, y que las que carecen de dinero se lo practiquen en clínicas clandestinas, insalubres y corriendo el riesgo de morir.
Ciudad de México, un santuario
Según el informe 2018 de GIRE, 202 mil 380 mujeres han abortado en los últimos 11 años en la capital del país desde que se estableció el programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el 26 de abril de 2007.
Señala que mientras 70% de usuarias son de la Ciudad de México, el otro 30% llegan del interior del país, donde el aborto está penalizado.
De las más de 202 mil usuarias, 141 mil 811 son originarias de la capital del país; 52 mil 940, del Estado de México; mil 227, de Puebla; mil 65, de Hidalgo; 755, de Morelos; 541, de Jalisco; 468, de Veracruz; 460, de Michoacán, y 345, de Oaxaca; de los demás estados, entre 28 y 100 personas, en tanto, del extranjero, 64 mujeres.
Este balance contrasta con los abortos autorizados en cada entidad por las procuradurías de Justicia, donde han permitido 30 interrupciones de embarazo por violación en 12 estados, de diciembre de 2012 a octubre de 2017.
De acuerdo con GIRE, la mayoría de las denuncias por aborto provienen de los mismos prestadores de servicios de salud, que reportan o amenazan con denunciar a las mujeres que, consideran, llegan con un aborto provocado.
