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Tras tres inspecciones, la primera sala de consumo supervisado en Mexicali fue clausurada el viernes por autoridades del ayuntamiento, quienes alegaron falta de documentos de uso de suelo y licencia de construcción. Said Slim, coordinador del proyecto, denunció que el acto fue “una orden en contra de las actividades” del lugar.
Luego de que este diario diera a conocer que la organización Integración Social Verter AC abrió el primer “picadero legal” para usuarios de heroína y cristal, financiado por CENSIDA, autoridades del departamento de Medio Ambiente, Bomberos y Protección Civil del ayuntamiento de Mexicali acudieron al centro comunitario de la ONG, donde está habilitada la sala.
Sin embargo, fue la Dirección de Administración Urbana la que clausuró el local por no presentar la licencia de construcción y de uso de suelo, además de alegar las medidas de seguridad por haber modificado el local para adaptarlo a la sala de consumo supervisado.
“Me interceptaron y me pidieron un permiso de construcción que no requerimos para este lugar, pues el lugar ya está construido. Lo único que hicimos fue pintarlo y meter el mobiliario cuando lo rentamos, que fue en agosto de este año. También una licencia de uso de suelo que debe tener la dueña del local que nos lo renta. Nosotros tenemos el contrato de arrendamiento.
“Es algo grave que creemos que está sucediendo porque parece ser una orden del ayuntamiento o por el gobierno del estado, no sabemos, por la noticia que se dio esta semana de la apertura de la primera sala de consumo supervisado para usuarios de drogas inyectadas. Creemos grave que hayan clausurado en vez de acercarse con nosotros a preguntar”, aseguró Slim.
La Dirección de Administración Urbana le dio tres días a la organización para presentar la documentación requerida y así poder reabrir la sala.
La organización ya se asesoró legalmente, mañana presentarán una queja ante el ayuntamiento y exigirán una reunión con el presidente municipal para entregar un documento sobre los daños que esta decisión ocasiona a las comunidades con las que trabaja la organización desde hace 10 años.
“Sabemos que se nos van a venir más inspecciones: de salud, municipales, estatales, de seguridad pública, pero creemos que todo eso es parte del camino que tenemos que enfrentar para dejar sentadas las bases de que no es ilegal tener un establecimiento en donde se pueda dar un consumo [de drogas] seguro a través de una sala supervisada”, añadió.
Slim consideró que hay intereses políticos sobre las salas de consumo supervisado que al gobierno municipal o estatal no le convinieron que se hicieran públicos en los medios.
“Creemos que podemos vivir una persecución política. El viernes nos sentimos acosados y en peligro, había policías y tuvimos que sacar nuestras cosas en la noche. Las actitudes de las autoridades fueron muy déspotas”.
La organización ha trabajado en programas de reducción de riesgo en ámbitos como migración y atención a usuarios de drogas durante 10 años. Jamás habían tenido problemas con las autoridades, quienes están al tanto de las actividades que se llevan a cabo en el centro comunitario.
“En vez de favorecernos las condiciones para trabajar por el bien de la comunidad, nos clausuraron de manera vengativa”, denunció Slim.
