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La bancada de Morena en San Lázaro presentó hoy su iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con la que se busca acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se ordenó fijar parámetros para establecer el salario del Presidente, que será el tope para todo funcionario público.
Aunque se espera que se apruebe este periodo ordinario de sesiones, su promovente, Pablo Gómez, vicecoordinador de la bancada de Morena, anticipó “lluvia de amparos” y recursos ante la Corte para insistir en ganar más que el jefe del Ejecutivo federal, pero confió en que al final se imponga la ley.
La iniciativa establece una fórmula de cuya aplicación resulta que la percepción presidencial sería de mínimo 131 mil 315 pesos y un máximo de 143 mil 055 pesos mensuales.
Para fijar los montos se usa un componente llamado Producto Interno Bruto per cápita (PIBpc) de referencia, que consiste en el promedio de tres años el PIBpc, y considera el salario mínimo general vigente anualizado.
Esa fórmula se usará cada seis años, es decir al inicio de cada sexenio para el primer año de gobierno, y durante él no podrá aumentarse la percepción del jefe del Ejecutivo Federal, salvo que hubiese “situaciones económicas extraordinarias”.
Sin embargo, Gómez explicó que la fórmula no se aplicará al presidente Andrés Manuel López Obrador puesto que no es el primer año de su gobierno.
Para él, el salario de 2020 ya quedó fijado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y es de 111 mil 990 pesos la remuneración líquida mensual neta, es decir, descontados impuestos, y una Remuneración total Anual Neta (RTA) de 1 millón 716 mil pesos.
Con la Ley –dijo- sólo se fijan parámetros, como los ordenó la SCJN, y al determinar el salario del presidente quedarán topados los 9 grupos jerárquicos que componen la Administración Pública Federal y las percepciones de órganos autónomos (electoral, de derechos humanos, de acceso a la información), reguladores en materia energética. Banco de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y otros.
Una vez que la ley se apruebe, previó Gómez, es probable que los 24 mil amparos hoy presentados en contra de la reducción de percepciones en este 2019 sean sobreseídos, al igual que las dos acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales pendientes.
De esa manera en 2020 volvería a empezar el “juego” con una lluvia de amparos, acciones de inconstitucionalidad y algunas controversias “pero ya la Corte tendrá que resolver a la luz del nuevo texto legal ya no de la ley vigente (hoy) sino de la nueva que hubiera entrado en vigor”, explicó.
El legislador dijo que se espera que la dictaminación sea exprés y la ley pueda ser aprobada por el Senado la próxima semana, pero de no ser el caso podría pedir a la SCJN una prórroga para cumplir la sentencia de los ministros, en la que se ordenó a los diputados fijar parámetros para el salario presidencial en este periodo ordinario de sesiones, que concluye el 15 de diciembre.
