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El diálogo con los grupos del crimen organizado no debe formar parte de la estrategia para la construcción de la paz, afirma Carlos Garfías Merlos, arzobispo de Morelia.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el prelado aclara que los ministros de culto, por su misión pastoral, tienen trato con los grupos delincuenciales porque es su deber atenderlos; sin embargo, destaca que es deber de las autoridades aplicar la ley y castigar los delitos.
Resalta que buscan tener con el gobierno federal una relación “más institucional”, a través de reuniones periódicas, para estudiar el avance de los proyectos en común. Detalla que aún no se delínea cuál será la participación de la Iglesia católica en la pacificación del país, pero precisa que será enfocada a la atención de las víctimas de la violencia.
¿Cuáles son los avances del proyecto de reconciliación y construcción de paz que trabajan con el gobierno federal?
—El gobierno federal nos invitó a participar en los diálogos de consulta y escucha para poder implementar un proceso de participación y reconciliación. Hemos estado participando y colaborando con quienes han estado al frente de la organización de los foros, después con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en el plan de paz y seguridad que se presentó por parte de la administración.
En septiembre pasado, como Iglesia, presentamos nuestro Plan Nacional de Construcción de Paz, es una estrategia muy completa en la que está incluida la participación y colaboración del gobierno federal, en lo que podamos ir trabajando conjuntamente dentro de lo que ellos nos pidan de participación para implementar el camino de la pacificación y reconciliación de México, y también en la manera en la que podamos colaborar como Iglesia.
¿Cúales son los puntos de colaboración?, ¿podría detallarlos?
—Hasta este momento no se han definido con toda claridad, solamente los hemos platicado; parece que el gobierno nos va a pedir apoyo en implementar centros de escucha o de atención a víctimas de la violencia, el establecer centros de rehabilitación de las personas, sobre todo jóvenes, que son los que están más afectados por el tema de las adicciones.
De hecho, en Morelia, Michoacán, tenemos modelos que se implementan en Guerrero, esto es lo más específico que vamos a poder aportar como Iglesia, además de que depende del camino que se vaya recorriendo por parte de la nueva administración.
Se ha dicho que también podemos participar en el planteamiento de la amnistía, hacer que se comprendan esos temas que no son tan comprensibles, de manera inmediata, por la población, en el momento en el que nos lo pidan, lo haremos, de cualquier manera estamos trabajando en estos temas del perdón y la reconciliación, la recuperación del tejido social.
¿Debe aplicarse la amnistía de manera generalizada?
—La amnistía tiene que ser para personas que han delinquido, que demuestren su arrepentimiento del delito cometido y manifiesten en su conducta los procesos de rehabilitación y que se comprometan a no delinquir, tendrá que ser en casos y situaciones muy concretas, siempre podrá ser una alternativa.
¿La amnistía podría aplicarse a cabezas de grupos del crimen?
—No podemos hacer ley porque no se dan las condiciones, si una persona, habiendo sido cabeza de una organización delincuencial, manifiesta su decisión de hacer su vida y muestra arrepentimiento, se tendrá que hacer, que cumpla su condena, no porque haya sido cabeza de un grupo criminal se le tengan que cerrar las posibilidades de reinserción social.
El diálogo con organizaciones criminales, ¿debe incluirse en la estrategia de pacificación?
—No, yo creo que habría que distinguir claramente, para nosotros como obispos es una misión pastoral, es muy diferente que las autoridades tengan contacto con estos grupos, porque les corresponde, por autoridad y responsabilidad, buscar a los delincuentes para que dejen de delinquir y aplicar las penas debidas.
No tiene forzosamente que haber un diálogo con los grupos delincuenciales, tendría que buscarse un acercamiento, en su momento hacer conciencia del daño que hacen y que enmienden su comportamiento.
Nosotros como obispos tenemos la obligación de atenderlos [a los miembro de algún grupo criminal], el gobierno debe aplicarles la ley y castigarlos.
¿Qué temas trataron en la reunión con la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez?
—Ella [Olga Sánchez Cordero] nos presentó el camino del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos planteó el tema del combate a la corrupción, el tema de la ayuda a los más necesitados, a los jóvenes, a las personas de la tercera edad y la relación con la iglesias, en especial con la católica romana.
Le pedimos que pudiéramos tener una forma precisa de interlocución para poder aportar nuestros puntos de vista y colaborar a peticiones explícitas, para darle seguimiento a los proyectos que tengamos.
