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A partir del 1 de enero de este año, los establecimientos comerciales en la Ciudad de México tienen prohibido entregar a sus consumidores bolsas de plástico. Las sanciones pueden llegar hasta los 172 mil pesos. Capitalinos han tenido que irse acostumbrando a usar bolsas de tela, cucuruchos y a reusar bolsas de plástico.
Por otro lado, el jueves pasado el Congreso de Sinaloa aprobó la prohibición de forma gradual de plásticos de un único uso. El proceso durará, según la ley, hasta ocho años una vez se publique la norma.
Estos dos hechos no están aislados, pues componen, con otras 25 entidades, un fenómeno de “desplastificación” a nivel nacional.
Si bien los tiempos no corren a iguales velocidades, ya son 28 estados los que han legislado sobre la eliminación, disminución o sustitución de plásticos de un solo uso.
EL UNIVERSAL desarrolló un mapa que agrupa cuatro grandes rubros: estados cuya legislación en materia de plásticos entra en vigor este y el siguiente año; los que ya tenían normas vigentes antes de 2020; las entidades cuyas leyes aún se encuentran en proceso legislativo, y aquellas donde no se presentan códigos a nivel estatal, pero sí esfuerzos a nivel municipal.
Además de la Ciudad de México, otras entidades con legislaciones en la materia que entran en vigor este año son: Coahuila, Colima, Chiapas, Tabasco, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Puebla.
En este último estado, la norma entra en vigor en 2021, pero las empresas tienen desde este año para ir iniciando la migración al nuevo modelo.
En el caso de Jalisco, la ley ya estaba formulada, lo único que entró en vigor este año fueron las multas.
Para Chiapas, la incursión será gradual: en junio próximo inicia para pequeños comercios, y en diciembre para tiendas departamentales.
En Nayarit, la ley inicia a partir de mayo próximo para supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, restaurantes y otros establecimientos. En noviembre arranca para negocios que venden productos de plástico al mayoreo y menudeo.
Nuevo León inicia su ley a partir del 11 de mayo de 2020. Desde el 1 de octubre pasado algunas cadenas comerciales del estado dejaron de dar bolsas de plástico a sus clientes.
La ley se publicó en 2019 en Colima, pero entra en vigor este año. En marzo próximo, para establecimientos en inmediaciones de áreas naturales, y en septiembre para el resto.
Tabasco incluye en su legislación que en la venta de alimentos y bebidas no se usen recipientes de unicel.
Las entidades federativas que ya tenían un camino avanzado ya sea en la eliminación o en la reducción de plásticos antes de 2020 son: Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz —que fue el primero en el país—, Tamaulipas, Sonora, Querétaro y Yucatán.
Los estados que no tienen propiamente articulado un marco estatal, pero sí esfuerzos municipales son: Aguascalientes, Michoacán, con el municipio de Pátzcuaro, Zacatecas, Zacatecas, y el Estado de México.
En Zacatecas hay dos iniciativas pendientes a nivel estatal.
Los estados que aún están en proceso y cuyas legislaciones no han madurado son: Sinaloa, Campeche, Michoacán, Tlaxcala y Baja California Sur, donde aún faltan reglamentos.
Dentro de los marcos legales revisados, se encontró que en 21 casos se permite el uso de bolsas o materiales biodegradables o que cumplan con un mínimo de años para su degradación.
En este rubro se encuentran, por ejemplo: Baja California, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Pátzcuaro en Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Medidas no son suficientes: expertos
Al respecto, expertos consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que la medida para eliminar el uso de las bolsas de plástico de la manera en que se está haciendo no es suficiente.
Precisaron que se requiere de la elaboración de una planeación estratégica que involucre a representantes de todos los sectores, desde empresarios, sociedad civil y políticos, con el objetivo de tomar las medidas necesarias que sí puedan ser funcionales.
Indicaron que se debe pensar de manera conjunta en un mecanismo para no caer en un círculo en el que se suple a un material por otro, pues no se termina o se disminuye el impacto ambiental que se busca contrarrestar.
“La medida de eliminar bolsas de plástico no es suficiente, porque se necesita hacer una planeación estratégica en la que se identifique cuáles son los elementos en los que estamos impactando al medio ambiente.
“En la actualidad, estamos bajo un sistema de cuánto puedo vender, cuánto voy a ganar, y no en ver en realidad cuánto necesito”, afirmó María de Jesús Ordóñez Díaz, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Es cierto que para algunas cosas sí es necesario tener algo en una bolsa de plástico, para mantener algo alejado de la humedad por ejemplo, pero no lo es para todo y ahí es donde se debe trabajar de la mano con los productores, consumidores y reguladores de leyes”, agregó Ordóñez Díaz.
Por su cuenta, Raúl Mendoza, director general de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico (Anipac), aseguró que esta medida, la cual busca retirar las bolsas de plástico, no resuelve el daño ecológico, ya que, afirmó, sólo 11% del impacto es generado por el plástico, mientras que existen otros materiales que contaminan más y que utilizan más recursos naturales para ser elaborados, como es el caso del vidrio.
“Se necesita convocar a un trabajo colectivo en el que participemos todos: empresarios, organizaciones no gubernamentales, productores, legisladores, para crear un acuerdo grupal y sentar bien las bases para que una medida ambiental en realidad funcione, porque así no se resuelve el daño ecológico, el plástico sólo representa 11%”, argumentó a EL UNIVERSAL.
“Se requiere rediseñar el proyecto en el que, desde las trincheras de cada uno de los involucrados, se vea de qué manera se puede colaborar, y con ello tomar decisiones reales de lo qué se tiene que hacer”, aseveró.
En cambio, Greenpeace México ha señalado con anterioridad que existen dos formas de regular principalmente a productores y distribuidores: a través del cobro de impuestos o mediante la prohibición. Así, ha considerado el organismo, se impacta de raíz y se reduce la producción de plástico.
La Comisión Permanente del Congreso exhortó en julio de 2019 a las 32 entidades para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de cada estado, se implementen campañas de difusión y concientización sobre el uso de plásticos, así como promover el otorgamiento de estímulos e incentivos a quienes realicen acciones tendientes a la sustitución de los mismos.
Además, pidió a los congresos locales que aún no lo han hecho “emprender los estudios y acciones legislativas encaminadas a regular la comercialización distribución y entrega al consumidor de plásticos de un solo uso para transitar a productos biodegradables y compostables”.
Junto con ello, solicitó también a la Semarnat y a sus homólogas locales para que, “en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se lleven a cabo mesas de trabajo con la industria del plástico a efecto de buscar la conversión de tecnologías que permitan transitar de la producción de plásticos de un solo uso a la confección de artículos biodegradables y compostables”.
