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La Secretaría de Marina reservó por cinco años la información sobre la participación de once buzos de la Octava Región Naval en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en el río San Juan del municipio de Cocula, Guerrero, realizada en 2014.
Días antes de concluir su administración al frente de la Semar, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz declaró confidenciales los datos del operativo, número de elementos que participaron, reportes, hallazgos y las tarjetas informativas derivadas del mismo, hasta el año 2023.
Lo anterior, justificó el ex secretario, porque dar una versión pública, como se lo solicitó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública (INAI), puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de los elementos que participaron en las labores de búsqueda de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
En noviembre del año pasado, el INAI ordenó a la Marina Armada de México informar de la diligencia en el río San Juan, realizada en octubre de 2014, en donde los buzos de la Marina y de la Policía Federal encontraron restos óseos carbonizados y cremados, que, según la extinta PGR, corresponden a los restos de los estudiantes que fueron tirados al río después de haber sido quemados en el basurero municipal de Cocula.
El pleno del organismo pidió al almirante Soberón Sanz entregar a un particular toda la información generada y documentada, como fechas, número de elementos, reportes, hallazgos o tarjetas informativas que guardaran relación con el operativo o actuación de sus elementos en la zona, luego que interpusiera un recurso de revisión, en el que manifestó que la Secretaría de Marina entregó información incompleta.
El INAI consideró que la Semar debió proporcionar los documentos que dieran cuenta sobre la participación e intervención de sus elementos en cada operativo o actuación. Sin embargo, sólo generó un reporte y decretó formalmente la inexistencia de la información requerida por el particular.
Para el organismo “se trata de información que contribuirá a develar la actuación de las autoridades involucradas en la investigación de este caso, que, hasta el momento, no ha sido esclarecido de forma satisfactoria para la sociedad mexicana”.
Indicó que los buzos que salieron de la Octava Región Naval, con sede en el puerto de Acapulco, tienen la obligación normativa de proporcionar la información oficial a sus superiores respecto de las actividades o eventos realizados a los que fueron comisionados.
“No debe pasar por alto, que, dada la preparación de las Fuerzas Armadas, como es el caso de la Secretaría de Marina, cualquier actividad o acción encomendada a sus elementos es obligadamente documentada, tanto por el superior que da la instrucción, como para los elementos designados o comisionados, lo cual hacen a través de instructivos, reportes o partes informativas”, puntualizó.
El extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, señaló en 2014 que los buzos de la Marina Armada, de la Policía Federal y peritos tanto mexicanos como argentinos, encontraron restos de las bolsas y su contenido, una de ellas cerrada, misma que contenía elementos óseos de los normalistas desaparecidos.
