Más Información
El gobierno de México alista un litigio en contra de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, por el “asedio y hostigamiento” que existe por parte de la policía boliviana en contra de personal y locales diplomáticos.
Solicitará, además, medidas cautelares para proteger los inmuebles y al personal diplomático que se encuentran en La Paz, Bolivia.
Tras conocer la decisión mexicana, el gobierno de Bolivia advirtió: “Allá nos veremos”.
Afirmó que el único que ha violado los tratados internacionales es México y que la embajada solicitó a Bolivia refuerzos policiales en la sede diplomática; en respuesta, el Ministerio de Gobierno del país sudamericano atendió la gestión, precisó.
La Cancillería de México y su embajada en La Paz “han tergiversado la verdad respecto a las medidas de seguridad en dicha embajada. Han manifestado que temen que las fuerzas del orden ingresen a sacar a los asilados” bolivianos que están en la sede diplomática, agregó.
Anoche, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció que la embajada de México en Bolivia sí solicitó a la Cancillería boliviana apoyo para garantizar la seguridad del recinto, ello en virtud de las protestas y el clima social por el que atraviesa la nación andina.
“Sin embargo, el operativo policiaco que han montado las autoridades bolivianas no sólo es fuera de toda proporción, sino que genera lo contrario a lo que la embajada solicitó: apoyo para garantizar la seguridad de los inmuebles mexicanos, el personal diplomático y las personas bajo resguardo mexicano en La Paz”, dijo en una nota informativa.
Añadió que el operativo impuesto por la autoridad boliviana en los alrededores de los inmuebles mexicanos, lejos de brindar seguridad, representa una amenaza y una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que ambas naciones han suscrito, sobre todo porque la seguridad incluye la grabación constante de los locales.
“Lo anterior se demuestra con pruebas fehacientes. En primer lugar contrario a lo estipulado por el artículo 22 de dicha convención, automóviles de la embajada han sido esculcados y registrados por policías bolivianos”, argumentó.
Ayer por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso: “Esperemos que se recapacite y respete el derecho de asilo, que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en la embajada de México en Bolivia; eso no lo hizo ni [Augusto] Pinochet [en 1973]. Espero que prevalezca la sensatez; que prevalezca, por encima de todo, la política”.
El subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes, hizo un llamado a la canciller de Bolivia, Karen Longaric, para que dialoguen, incluso, en un tercer país, a fin de “encontrar una ruta para el diálogo y diplomacia, y cerrar este episodio”.
Longaric aceptó la invitación, pero para que el diálogo sea con su homólogo Marcelo Ebrard.
El diferendo entre ambas naciones se ha profundizado. México acusa a Bolivia de hostigamiento a su personal e inmuebles diplomáticos, e incluso de vigilancia con drones. En tanto, Bolivia aseguró que fue México quien pidió la protección.
Ayer, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que tras el asedio a personal diplomático mexicano, así como a las afueras de los inmuebles, se estableció contacto con el gobierno de la presidenta Jeanine Añez, para expresar su preocupación, pero no se obtuvo respuesta.
Por ello, añadió en la conferencia de prensa matutina de López Obrador, para garantizar la integridad de las sedes diplomáticas, consideradas parte del territorio nacional, México decidió emprender una acción jurídica ante la CIJ, por la violación de obligaciones diplomáticas.
México alegó que desde el pasado 15 de noviembre se recibieron en la embajada de México en Bolivia solicitantes de asilo, mismo que se otorgó. En consecuencia, pidió 15 salvoconductos para sacar a los asilados del país y no tuvo respuesta.
Más tarde, en un mensaje a medios, el subsecretario Maximiliano Reyes detalló que el 19 de noviembre la Cancillería de Bolivia otorgó salvoconductos a dos ciudadanos. Al día siguiente se volvió a solicitar para ocho personas y el 26 de noviembre, mediante tres notas verbales, se dio a conocer la existencia de órdenes de aprehensión en contra de Juan Ramón Quintana, Willma Alanoca, Sergio Daniel Martínez Beltrán, Víctor Vásquez y Nicolás Laguna.
Para el 23 de diciembre la embajada y residencia mexicanas amanecieron rodeadas con más de 60 policías militares y civiles, además de una decena de vehículos oficiales. Fue cuando México denunció el hecho ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); así como en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
El consultor jurídico de Relaciones Exteriores Alejandro Celorio explicó que México acudirá a la CIJ para buscar que cesen los actos de acoso, que resultan violatorios de la Convención de Viena, sobre relaciones diplomáticas.
Además, dijo, se solicitarán medidas provisionales para garantizar la seguridad de la embajada y la residencia mexicana, sin atentar contra la libertad y la figura diplomática.
Ebrard puntualizó que no se ha pensado en retirar al personal diplomático, pues en aquella nación viven 10 mil connacionales a los cuales se debe proteger.
Dispuestos al diálogo
Ayer, la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, aseguró que su país está dispuesto a “tener relaciones amistosas con México, pero siempre en el marco de respeto a la no injerencia de los asuntos internos de otros Estados”.
En un comunicado, la Cancillería de Bolivia acusó que “en el afán de lavar la imagen autoritaria y antidemocrática” de Evo Morales, López Obrador le ofreció asilo.
México permitió a Morales actos desestabilizadores y “llamados a la violencia” en contra de las normas internacionales, apuntó.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo declaró que se aumentó la seguridad en el recinto diplomático porque se obtuvo información de un intento de quema del espacio por parte de organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo, que quieren sacar al exministro Juan Ramón Quintana, a quien responsabilizan de la caída de Morales.
Agregó que seguirán resguardando la sede diplomática, pese a que la embajada protege a “delincuentes buscados por la justicia boliviana”.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, negó que se vulnere la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ya que la vigilancia se realiza en territorio boliviano.
