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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDHSLP) condenaron las expresiones del diputado local Edgardo Hernández Contreras que hizo contra las diputadas Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez y Sonia Mendoza Díaz, durante la sesión del Congreso de ese estado.
Los organismos también señalaron que éstas pueden ser tipificadas como “violencia política” por razones de género, por lo que solicitaron a las autoridades la implementación de medidas cautelares para salvaguardar el derecho a la vida, integridad y seguridad personal de las legisladoras, sus familiares y colaboradores.
Este jueves, durante la sesión que celebró el congreso local, Hernández Contreras, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le dijo a la diputada Beatriz Eugenia Benavente “es usted una mujer y merece mi respeto, y yo hubiera querido que fuera un hombre para partirle la madreen esta tribuna para decirle en materia de seguridad lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer”.
Tras esto, Sonia Mendoza Díaz, presidenta de la Directiva le solicitó a Edgardo Hernández conducirse con respeto, sin embargo, el diputado continuó con su posicionamiento, “sabe qué (...) ojalá no le pase nada en su integridad física y a su familia, porque entonces la voy a ver aquí llorando, si es indolente”.
En un comunicado conjunto, la CNDH y CEDHSLP, aseguraron ser respetuosas del quehacer legislativo y su propia autonomía, empero consideraron que tales expresiones contra la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez y la diputada Sonia Mendoza Díaz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, “rebasan el diálogo y el debate, al basarse en estereotipos de género que atentan contra el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres, ya que con independencia del ámbito en que fueron formuladas no hay razón que las justifiquen”.
En este sentido, la CNDH solicitó a Alejandro Leal Tovías,secretario General de Gobierno de San Luis Potosí, la implementación de medidas cautelares tendentes a salvaguardar el derecho a la vida, integridad y seguridad personal de las legisladoras, sus familiares y colaboradores, al considerar que “se reunen los requisitos indispensables para proceder a su otorgamiento, como el riesgo o peligro real en que se puede encontrar una persona debido a circunstancias; la urgencia, determinada por la información y contexto de los hechos que indican peligro y amenazas, e irreparabilidad del daño, consistente en la probabilidad de que se cause una afectación que no pueda ser susceptible de reparación, restauración o adecuada indemnización. Se trata de prevenir actos de difícil o imposible reparación”.
En tanto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó que dará vista al Observatorio de Participación Política de las Mujeres, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Fiscalía General del Estado para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen el trámite que conforme a derecho proceda.
“Para las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos las expresiones del legislador contra sus homólogas, mediante palabras violentas, pueden interpretarse como una amenaza velada y evidencian profunda misoginia, lo que se agrava al haberse pronunciado no solo en una tribuna pública, sino en la sede del Congreso. Tales comentarios contribuyen a la naturalización y tolerancia de la violencia contra las mujeres, por lo que el legislador no puede ignorar la fuerza de su dicho ni omitir su responsabilidad”.
Aseguraron que la libertad de expresión del legislador en el debate parlamentario “tiene un límite”, ya que impacta de manera estructural y sistemática como violencia para la condición de género, en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que mantendrá su observación respecto al cumplimiento de las medidas cautelares en favor de las legisladoras, con el fin de que les sean respetados sus derechos fundamentales.
