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Mientras en la Cámara de Diputados se alista la reducción de financiamiento a los partidos, el Instituto Nacional Electoral (INE) prepara sanciones por 714 millones de pesos a todos los partidos políticos, a los que les fue detectada la recepción de recursos por fuera del sistema bancario, omisión en el reporte de sus movimientos financieros, gastos no comprobados y otras irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de 2018.
El monto de las sanciones totales a las dirigencias nacionales y estatales de los partidos arroja que para Morena se propondrán multas por 268.7 millones de pesos, de ellas 153.5 millones de pesos por anomalías administrativas en las que incurrió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y 115.2 millones por irregularidades en que incurrieron sus comités estatales.
EL UNIVERSAL publicó el lunes que entre las mayores sanciones propuestas para Morena se encuentra una por incumplir leyes fiscales en materia de combate a las operaciones simuladas y empresas fantasma.
Esto porque no presentó 3 mil 717 comprobantes fiscales en formato XML, mismos que ampararían operaciones por 153 millones 061 mil 452 pesos.
Morena incumplió esa obligación prevista en las reformas en materia fiscal instauraron la entrega de fichero electrónico XML como parte del sistema de comprobación y facturación electrónica que busca erradicar el ocultamiento o simulación de operaciones y por esa falta se propone una sanción del 10 % el monto involucrado, es decir, la multa propuesta es de 15 millones 308 mil pesos.
Además, se propone a Morena una multa de 17.2 millones de pesos por no destinar el porcentaje mínimo del financiamiento público ordinario 2018 para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, al que debió dedicar 11.5 millones de pesos, pero en cambio dedicó a encuestas y el pago a encuestadores que están en su nómina.
Por ese caso el INE propone el inicio de un procedimiento oficioso.
La mayor sanción, sin embargo, se propone de 33.3 millones de pesos, pues la dirigencia de ese partido en el estado de México reportó saldos de 22.2 millones de pesos en cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año generadas en 2017.
Pese a las millonarias multas propuestas, la Comisión de Fiscalización aprobó nuevamente que la irregularidad de registrar extemporáneamente las operaciones de ingreso y gasto en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) serán sancionadas sólo con una amonestación pública, aunque se detectó que hay partidos que registraron a destiempo sumas de más de 30 millones de pesos.
Los dictámenes con proyectos de resolución serán discutidos y votados por el Consejo General del INE en su sesión del 6 de noviembre.
SANCIONES MILLONARIAS PARA TODOS
Por partido político el segundo lugar en multas se propone para el PRI, con 89.6 millones de pesos.
Entre las sanciones más onerosas está la que se propone por 16,8 millones de pesos, pues reportó gastos de 8 millones 417 mil pesos en equipo de oficina, lo que fue calificado como poco veraz.
Otros 11 millones de pesos en sanciones se proponen porque registró un saldo de 7.3 millones de pesos, pasivo originado en 2016 pero con una antigüedad mayor, y que ese partido no había reconocido en sus registros desde su origen.
Para Movimiento Ciudadano se proponen sanciones por 81.2 millones de pesos, para el PRD se proponen 77.5 millones de pesos en multas y 75.7 millones para el PAN, en este caso, prácticamente todo por anomalías de sus comités estatales.
De entre todas dirigencias panistas en las entidades destaca el Comité estatal en Veracruz, que absorberá la mayor parte de las multas, con 23.5 millones de pesos.
Entre otras irregularidades, se detectó que la dirigencia local realizó gastos por concepto de arrendamiento de bienes muebles por 3 millones 57 mil pesos sin objeto partidista; arrendó vehículos por 3 millones 52 mil pesos también sin justificación, y adquirió alimentos por 3 millones 579 mil pesos sin justificación, además de que ejerció otros 8 millones 247 mil pesos sin objeto partidista.
El PT recibirá multas por 60.4 y el PVEM por 44.9 millones de pesos, según los proyectos de resolución a discutirse por el Consejo General del INE el próximo 6 de noviembre.
