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Con el objetivo de apoyar la labor del Poder Legislativo para consolidar el cumplimiento del decreto que emitió en junio pasado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para garantizar el derecho humano al agua, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) impulsa una discusión seria en donde se escucha a todos los sectores involucrados en la gestión y uso de este recurso vital.
Al respecto, Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la dependencia, señaló que aunque no se tendrá un nuevo ordenamiento legal para 2020, se avanza en un proceso incluyente, transparente y participativo en el que se tomarán en cuenta una gran diversidad de opiniones que resulten pertinentes.
La funcionaria indicó que actualmente se trabaja en la elaboración del Programa Nacional Hídrico, documento que definirá la política en la materia de una forma concreta y tomando en cuenta las condiciones de disponibilidad en las diferentes regiones del país.
Sobre la Ley General de Aguas, agregó que el principal reto es reunir en un nuevo ordenamiento legal todos los temas relacionados con el recurso, incluyendo los temas de disposición, tratamiento y reúso del recurso, esfuerzo en el que deben involucrarse todos los sectores relacionados.
Jiménez Cisneros manifestó que la construcción de una nueva propuesta es un proceso complejo que implica tomar en consideración las posturas de diversos sectores y que estén debidamente fundamentadas a través de la transparencia para permitir la participación de todos los interesados.
Por otro lado, la directora añadió que otras de las metas es reunir los aspectos que involucran el aprovechamiento, uso y disposición del agua incluidos en otras leyes porque es necesario unificar lineamientos acordes a la situación del país.
La funcionaria dijo que como resultado de los foros que ha realizado la CONAGUA se detectaron puntos de consenso entre los que se destaca que la ley debe impulsar al agua como un elemento de bienestar, equidad y mejora de la calidad de vida.
Además, se llegó a la conclusión de que una nueva legislación debe estar sustentada en principios precautorios, así como ser flexible y adaptable; y el gobierno debe mantener la rectoría en la administración de las aguas nacionales con un manejo sustentado, transparente y verificable para garantizar que la prioridad sea garantizar el derecho humano al agua y la seguridad alimentaria.
Finalmente, Jiménez Cisneros puntualizó que -en tanto se concluye la propuesta del Ejecutivo- CONAGUA trabaja con los ordenamientos legales vigentes para avanzar hacia una gestión integral y sustentable del agua, dando prioridad a los sectores más vulnerables de la población.
vkc
