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Villahermosa, Tab.— Los asesinatos de Emilio y Andrés, niños de dos y tres años de edad, respectivamente, pusieron en alerta a lasautoridades estatales por la saña y violencia en que fueron cometidos estos crímenes que conmocionaron a los tabasqueños, y por el que hay cinco personas detenidas.
El pasado 12 de abril se dio a conocer el caso de Emiliano, un niño de tres años que fue secuestrado y asesinado en el poblado C-31, ubicado en el municipio de Huimanguillo; los presuntos responsables, una enfermera de 26 años y un joven estudiante de preparatoria de 18 años.
Dos días después, el 14 de abril, Andrés, un pequeño de dos años, desapareció cuando caminaba por una hacienda cacaotera, horas después fue encontrado muerto y fueron detenidos tres presuntos culpables que ahora se encuentran en el Centro de Readaptación Social del municipio de Cárdenas, quienes fueron golpeados por lo mismos reclusos, quienes les recriminaron la muerte de este niño; dos de ellos fueron llevados incluso a un hospital para que fueron atendidas sus lesiones.
La muerte de los niños es investigada de manera directa por la Fiscalía General del Estado (FGE), que por protocolos solicitó a la Secretaría de Salud apoyo sicológico para los padres de ambos menores, por lo que desde el pasado 25 de abril, médicos especialistas de la dependencia acuden a los dos poblados para iniciar el proceso de ayuda.
En Tabasco, la atención a la violencia física y sexual en contra de niños está a cargo de la FGE, dependencia que creó en 2016 la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad.
Aureola Rodríguez Cupil, vicefiscal de delitos comunes de la FGE, en entrevista con EL UNIVERSAL, aclara que los asesinatos de los niños no fueron atendidos por la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad, debido a que se considera un delito de alto impacto.
“Cuando es una asesinato de un menor, ya no interviene esta fiscalía porque se trata de un delito de alto impacto, y es cuando interviene el Centro de Procuración de Justicia, cuando el delito se cometió en un municipio”, indicó.
Esta fiscalía actúa bajo los protocolos que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que se involucre a niños en algún delito, y uno de los puntos es la no revictimización del menor durante el proceso judicial, es decir, se tienen que tomar las medidas para que una vez que se tome la declaración del menor sea esa primera y única vez que se le interrogue, y ésta sirva para las diligencias de todas las autoridades que van a conocer del caso.
Rodríguez Cupil informó que en lo que va del año se han presentado 476 denuncias por diversos delitos cometidos en contra de menores.
El delito más común y de mayor incidencia es la violencia familiar, también el robo, amenazas, pederastia, omisión de cuidados y lesiones. El año pasado en esta fiscalía se recibieron mil 223 querellas.
Pero también está la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, órgano que presupuestalmente depende directamente del DIF Estatal.
Este año, el Congreso local le aprobó al DIF Estatal un presupuesto de 670 millones 207 mil 963 pesos, sin que se especificara cuánto dinero es destinado para esta área.
