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Un juez federal frenó, por el momento, cualquier orden de captura en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien también cuenta con ficha roja emitida por la Interpol y es buscado en 190 países.
En el amparo promovido por la defensa de Lozoya Austin contra su posible captura, el juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió la suspensión provisional para evitar que el exfuncionario sea aprehendido.
El amparo es conocido como “buscador” y desde el martes pasado el abogado Javier Coello Trejo informó que lo tramitó ante la noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió órdenes de captura contra Lozoya Austin y Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) por lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.
La suspensión prevalecerá hasta que el juez celebre la audiencia incidental que está prevista para el 4 de junio en la que definirá si la concede de manera definitiva o niega.
Además, si la orden de captura contra Lozoya Austin incluye algún delito que merezca prisión preventiva de oficio, la suspensión no será efectiva y las autoridades podrán detenerlo.
Coello Trejo dijo que le gustaría que el expresidente Enrique Peña Nieto fuera citado a declarar para que se aclare la situación de su cliente: “Muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el señor presidente las ordenó”.
EL UNIVERSAL informó que las órdenes de aprehensión contra Lozoya y Ancira fueron emitidas por un juez federal en el Reclusorio Norte desde el domingo pasado. Ese mismo día la FGR solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja para buscar y aprehender al exdirector de Pemex.
En España, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional decretó el ingreso a prisión incondicional y sin fianza de Ancira Elizondo, por considerar que el empresario debe permanecer a disposición de la justicia durante su proceso de extradición.
El director de AHMSA rechazó su entrega a las autoridades mexicanas durante el interrogatorio al que fue sometido por el juez español, que le preguntó si aceptaba ser extraditado a México, a lo que el empresario respondió negativamente, según señalaron a EL UNIVERSAL fuentes de la Audiencia Nacional.
Ismael Oliver, abogado de Ancira, dijo a su salida de los juzgados de Palma de Mallorca que la detención de su cliente es un acto revanchista de parte de Andrés Manuel López Obrador.
“Hace un año y medio o dos el actual Presidente, entonces candidato, sospechaba de estas operaciones y anunciaba lo que al final ha pasado lamentablemente, que iban a librar órdenes de detención (…) y, por tanto, esto es lo que lamentablemente también hemos dicho, una especie de vendetta, pero no es un tema juzgable”, dijo el defensor.
La policía española detuvo a Ancira Elizondo el martes en el aeropuerto de Palma de Mallorca en cumplimiento de la orden de aprehensión internacional girada por el gobierno de México en su contra. En el momento de su detención Ancira se mostró sorprendido.
Según fuentes policiales, Ancira podría disponer de varias propiedades en Mallorca, entre ellas un yate, lo que está siendo investigado por las autoridades españolas. El juez Pedraz, que lleva este caso, es el mismo que desestimó en enero de 2016 la causa contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
Prácticamente en todos los casos, los jueces españoles suelen aprobar la extradición de los prófugos reclamados por la justicia mexicana. México a partir de hoy dispone de 40 días para presentar toda la documentación que respalde la entrega de Ancira.
Ayer, de gira por Tabasco, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que son 13 cuentas bancarias relacionadas con el caso Odebrecht que se encuentran congeladas, entre ellas las de Ancira y de Lozoya.
En entrevista negó que se haya violado el debido proceso. Aclaró que la UIF es la denunciante y coadyuvante en el proceso y, por lo tanto, pueden hacer públicas manifestaciones respecto a lo que les constan, pero que es evidente de que los datos de la carpeta de investigación sólo los tendrá la Fiscalía General de la República.
