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La fracción del PAN en la Cámara de Diputados informó que los funcionarios que no respeten los amparos definitivos que se les han otorgado para la defensa de las estancias infantiles podrían ser acreedores a nueve años de prisión o de inhabilitación de laborar en el sector público hasta por nueve años también.
En ese sentido, el blanquiazul celebró que los jueces primero y segundo de distrito en materia penal del estado de Chihuahua otorgaran amparos definitivos en favor de los padres de familia y encargados de las guarderías de la Secretaría de Bienestar.
Con el fallo, advirtieron los panistas, se obliga a la dependencia federal a entregar el presupuesto correspondiente a enero y febrero con base en los lineamientos de 2018, y a no imponerles las disposiciones establecidas para este año.
El PAN también se congratuló por el fallo del juez séptimo de distrito de Querétaro, por la suspensión que concedió para no aplicar la reducción presupuestal de 2019 y la obligación de mantener las disposiciones de 2018.
“Casos similares están en proceso en Yucatán, Michoacán, Guanajuato y Veracruz entre otras entidades. Este gran paso envía una señal muy positiva que puede beneficiar a los más de 329 mil niños que en todo el país han resultado afectados por el empecinamiento de la autoridad para eliminar el modelo tradicional de apoyos”, expresó el coordinador de la bancada, Juan Carlos Romero Hicks.
El diputado del PAN destacó que en el caso de las estancias infantiles “la razón del Poder Judicial” se impuso frente a “la imposición de transformaciones absurdas”, salvaguardando el Estado de Derecho.
“Ahora mismo el Grupo Parlamentario del Acción Nacional ha invocado el amparo de la justicia en busca de las garantías mínimas para poder trabajar frente a la indolencia de las autoridades federales y locales que ha mantenido paralizado al Poder Legislativo durante dos semanas”, remató Romero Hicks.
