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El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso, como iniciativa preferente, su proyecto de Ley de Amnistía, el cual es parte de la estrategia de paz y reconciliación del país. Todos los criminales que hayan dañado a la sociedad carecen de la posibilidad de beneficiarse con esta disposición.
Por el contrario, la iniciativa busca ayudar a personas que se encuentran presas injustamente, que fueron obligadas a delinquir en condición vulnerable, están encarceladas sin medios para pagar su defensa en acusaciones de poca monta o fueron enjuiciadas en español y son indígenas monolingües.
La iniciativa preferente es un mecanismo legislativo al que puede recurrir el Presidente para lograr que un proyecto transite en dos meses, de manera obligatoria, en el primer periodo de sesiones del Congreso.
La Cámara de origen tendrá 31 días calendario, a partir del próximo domingo 1 de septiembre, para votarla y enviarla a la colegisladora, la cual dispondrá del mismo tiempo para revisarla.
En ese sentido, la Ley de Amnistía pasaría al Ejecutivo para su promulgación en la primera semana de noviembre y, de acuerdo con el coordinador senatorial de Morena, Ricardo Monreal Ávila, “[la norma] es clave para establecer un proceso de paz, de reconciliación y armonía en una sociedad violentada, en descomposición y con una profunda destrucción del tejido social”.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, incluyó este proyecto en las propuestas del Ejecutivo dirigidas a atacar los problemas de la seguridad pública, y señaló que la iniciativa “la estamos afinando”.
El consejero jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra, señaló que Andrés Manuel López Obrador ha trabajado en la elaboración del proyecto de iniciativa de la Ley de Amnistía, “convencido de que tiene muchas bondades”. Subrayó que este instrumento legal “ayudará a la pacificación de México”.
El secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, dijo que la Ley de Amnistía también responde a la realidad de que “el sistema penal tiene deficiencias”, además permitirá que obtengan la libertad quienes hayan sido detenidos por “acusaciones menores”.
Indicó que podrán beneficiarse personas que hayan sido obligadas a transportar droga y que carezcan de recursos para pagar defensores. Confirmó que los criminales peligrosos, de ningún modo, podrán recobrar la libertad por esta ley.
Los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública, en reunión con la bancada senatorial de Morena, confirmaron el anuncio de que la amnistía será iniciativa preferente del Ejecutivo, como lo adelantó EL UNIVERSAL el 24 de agosto.
Durazo Montaño pidió en San Lázaro una reforma constitucional para que los integrantes de la Guardia Nacional y policías tengan la capacidad de realizar investigaciones, incluso con inteligencia, antes de judicializarlos o presentarlos ante el Ministerio Público.
Solicitó una legislación para regular los antros que funcionan hasta 24 horas al día, la venta de líneas telefónicas de prepago por su utilización en secuestros y extorsiones, pues se emplean hasta 16 diferentes equipos en estos delitos.
De manera paralela, también pidió la emisión de un Código Penal Nacional para homologar los tipos penales y dejar algunos espacios a las legislaciones locales. Asimismo, planteó que haya un control en las operaciones financieras que se hacen en las llamadas tiendas de conveniencia, las cuales son utilizadas en la extorsión y el secuestro, además de otra modificación para sancionar a los delincuentes que utilicen “armas réplica”.
En lo que fue la reunión de los senadores de Morena, en la sede de la Cámara Alta en Xicoténcatl, los temas abordados en diversas mesas tocaron el reto de la seguridad pública, y en ese sentido también formularon señalamientos el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Olga Sánchez Cordero señaló que la regulación en materia de cannabis y marihuana “permitirá avances hacia una política de drogas progresista que aborde el problema del narcotráfico desde la perspectiva de la seguridad, salud, economía y sobre justicia social”.
Gertz Manero comentó un listado de asuntos en los que destacó su propuesta de incluir en el artículo 19 constitucional los delitos de extorsión y robo a autotransportes, para que sean perseguidos con prisión preventiva oficiosa.
Propuso el fiscal General que el Congreso de la Unión legisle un Código Penal Único, que los delitos graves sean imprescriptibles y que en delitos de poca monta, pero que afectan a la economía de la gente de escasos recursos, el Estado se haga cargo de la reparación del daño.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, mencionó que en la agenda con el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, está el diálogo sobre armas, materia en la que hay responsabilidad compartida de ambos países.
Ebrard defendió el emplazamiento de la Guardia Nacional en la frontera sur y aseguró que este organismo de seguridad pública no ha violado los derechos humanos de los migrantes que entran a México, que sus actividades están en el marco de la Constitución.
